martes, 19 de marzo de 2013

21.280 facturas escondidas en el cajón "simulado"


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Un silencio muy elocuente. 

21.280 facturas sin pagar.



El jueves pasado, el Presidente del Gobierno, en una de esas actuaciones de filibusterismo parlamentario tan típicas de los regímenes totalitarios, trataba de excusarse por el incremento de la deuda diciendo en el Parlamento que el Gobierno de La Rioja había aumentado el endeudamiento para evitar que se endeudaran los riojanos, ¡como si la deuda la fuera a pagar Pedro Sanz de su bolsillo! Nada más lejos de la realidad, porque somos los riojanos los que tendremos que pagar la deuda acumulada por el Gobierno, de la misma manera que vamos a pagar 5 millones de euros por los intereses de las 21.280 facturas que ha mantenido escondidas en los cajones, algunas de ellas, durante casi cuatro años.

Facturas que, finalmente, se han podido abonar recurriendo al Plan Especial de Pago a Proveedores que el Gobierno de España, puso a disposición de las administraciones públicas, a través del Instituto de Crédito Oficial, a un interés del 6%. que tenía escondidas en los cajones.

Sanz pide explicaciones, pero no las da.
Presumía también Pedro Sanz de no haber superado los niveles de déficit público establecidos para el año 2012, pero no dijo que los 77 millones de euros de las facturas impagadas no se han contabilizado en el cálculo del déficit. El caso es que el Gobierno tenía escondidas en los cajones 21.280 facturas por valor de 77 millones de euros, por las que, todos los riojanos, vamos a pagar más de 82 millones de euros que no están incluidos en el cálculo del déficit

Yo no creo que esto sea habitual en un Gobierno y creo que desmonta radicalmente esa imagen de un Gobierno solvente, fiable, transparente y que paga bien que se empeñaba en vender desesperadamente el Presidente Pedro Sanz en su intervención en el pleno del pasado jueves, respondiendo a una pregunta que él mismo había ordenado hacer a su portavoz



Presumía también Pedro Sanz de no haber superado los niveles de déficit público establecidos para el año 2012, pero no dijo que los 77 millones de euros de las facturas impagadas no se han contabilizado en el cálculo del déficit. El caso es que el Gobierno tenía escondidas en los cajones 21.280 facturas por valor de 77 millones de euros, por las que, todos los riojanos, vamos a pagar más de 82 millones de euros que no están incluidos en el cálculo del déficit.

Sobre alguna de esas facturas he hablado en varias ocasiones pidiendo explicaciones al Gobierno que sigue guardando un silencio sepulcral con el que lo único que consigue es arrojar más dudas y sospechas sobre el contenido de alguna de ellas. Y eso es lo que ha vuelto a pasar con una de las facturas sobre la que hoy he hablado en una rueda de prensa, una factura que ha llamado mi atención y me ha generado unas reflexiones que me apetece compartir.

Se trata de una factura registrada el mismo 31 de diciembre de 2011 por la empresa “PESQUERA ULARGUI ARQUITECTOS S.L.P.”, por importe de 484.641€. Una factura registrada por tanto el último día, en el último minuto pero que, como tantas otras, no sabemos a qué concepto corresponde, porque el Gobierno no lo quiere decir. Tirando del hilo de esta factura, hemos descubierto que la única relación contractual que esta empresa tiene con el Gobierno, al menos que se conozca, es la adjudicación de la contratación de la redacción de los proyectos para la rehabilitación y construcción del Palacio de Justicia de La Rioja.

Antes de producirse la transferencia de la competencia en materia de Justicia, el Ministerio ya había sacado a concurso la redacción de estos proyectos, sin embargo, la transferencia se recibió y se hizo efectiva el 1 de enero de 2011 y, en un tiempo récord, catorce días después, el Gobierno de La Rioja, ya publicó el procedimiento para la adjudicación de un nuevo proyecto por más de un millón de euros. Al parecer, el entonces consejero de Justicia, Conrado Escobar, tenía mucha prisa en adjudicar esta nueva redacción del proyecto antes de las elecciones.

El caso es que el 27 de mayo se adjudicó definitivamente la redacción del proyecto a este arquitecto logroñés afincado en Madrid, por casi 900.000 euros, IVA incluido, y dicen las malas lenguas de los mentideros políticos riojanos que precisamente es este expediente el que le costó el cargo al ex consejero Escobar porque demostró especial empeño en adjudicarlo a este amigo íntimo, directamente relacionado con los círculos de poder más tradicionales y rancios del PP que son los que más fuertemente intercedieron posteriormente ante Pedro Sanz para que rectificara su decisión de echarlo a la calle y lo recuperara desterrándolo al Congreso.

El caso es que el 15 de julio se procedió a la formalización definitiva del contrato y ya no se tienen más noticias de este procedimiento hasta que ahora hemos encontrado esta factura que, nosotros deducimos, puede corresponderse con el 50 % del precio de adjudicación del contrato. Y especulo sobre el concepto de la factura porque, evidentemente, el Gobierno no ha facilitado ni un solo dato sobre la misma.

Lo que más me llama la atención, en este caso, es el hecho de que esta factura se pague con cargo al Plan de Pago a Proveedores y no se haga con cargo a los presupuestos de la Consejería de Presidencia y Justicia que se supone que es la que tenía los fondos transferidos por el ministerio para este fin. El Gobierno de La Rioja no puede poner como excusa el hecho de que el Gobierno de Zapatero retrasara la transferencia de los fondos durante once meses porque, en el peor de los casos estaríamos hablando de que la transferencia de los fondos de la competencia de Justicia llegó al Gobierno en el mes de noviembre y sin embargo la factura del arquitecto tiene entrada en el Gobierno el 31 de diciembre. Estas dos circunstancias son hechos objetivos que me llevan a preguntarme en qué gastó el Gobierno de La Rioja el dinero correspondiente al traspaso de la competencia de Justicia y por qué razón, un mes después de recibir el dinero, no tenía ni un duro para hacer frente a esta factura. El Gobierno de La Rioja debería explicar a donde ha llevado este dinero y qué tipo de administración lleva para que, sólo un mes después de recibir los fondos que, se supone, deberían servir para hacer frente a las obras del Palacio de Justicia, ya no tenía ni un duro, ni siquiera para pagar el proyecto.

Estamos hablando de la obra estrella del Gobierno para esta Legislatura. No va a haber otra obra más importante en estos cuatro años y ya ha empezado con bastante mal pie. La obra más importante, que nos va a costar más de veinte millones de euros, empieza a costarnos ya, de momento, un 6 % más, que es el interés que hemos pagado por esta factura. Casi cinco millones de pesetas vamos a tener que pagar por los intereses, debido a la mala gestión del Gobierno. Y aún tenemos que aguantar que el Presidente Sanz nos diga con toda su chulería, que el Gobierno se endeuda para que no nos endeudemos los riojanos. ¡Hace falta tener cara! Somos los riojanos los que pagamos con nuestros impuestos las deudas que contrae el Gobierno y vamos a ser los riojanos los que paguemos también esta factura y el correspondiente 6 % de intereses por el préstamo que el Gobierno ha tenido que pedir para pagarla a pesar de que, se supone, disponía de dinero suficiente para afrontar la construcción del Palacio. Y esto, al contrario de lo que dice Pedro Sanz todos los días, no es eficacia, no es gestionar bien el dinero público y no es controlar el déficit.

Tampoco creo que pueda presumir de transparencia un Gobierno que todavía no ha facilitado información fidedigna sobre estas 21.280 facturas y que se niega, de forma sistemática, a facilitar a los diputados el acceso a la información. Todavía no ha explicado a qué obedecen las facturas emitidas por diversas entidades bancarias; no ha explicado ni una palabra sobre las razones por las que unas 40 empresas han presentado, en el último día del año, facturas repetidas.

Hay una empresa que registra 2 fracturas de 21.240.-€; otra que registra 3 facturas distintas de 86 €. Otra empresa registra, el mismo 31 de diciembre, hasta 76 facturas de 106 € cada una con las que suma 8.067.- €. Otra empresa, también el 31 de diciembre, registra de golpe 17 facturas distintas, de 2.382.- € cada una que suman 48.144 € en total. Y así podemos seguir con estas 40 empresas, hasta encontrarnos, con una misma empresa que registra hasta 203 facturas idénticas, por el mismo importe, hasta sumar 335.960 euros. ¿Es esto normal? ¿Acaso esto no apunta una clara fragmentación de facturas para ocultar contrataciones directas por encima de lo que marca la ley?