viernes, 4 de octubre de 2013

El Gobierno afirma que el aumento de velocidad es necesario para avanzar en la mejora de la seguridad vial.

Nuevo limite de velocidad
Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY por el que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

En los casos de exceso de velocidad, la multa llevará aparejada, además de la sanción económica, la pérdida de puntos siempre que se superen los 150 km/h, con independencia de que el límite máximo sea de 120 o 130 km/h.

La sanción económica por conducir con presencia de drogas en el organismo, o con tasas de alcohol superior a las establecidas, pasa de quinientos a mil euros.

Se prohíben los detectores de radar por considerar que su venta y uso persiguen el incumplimiento de los límites de velocidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que modifica la actual Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

El pasado 26 de julio el Consejo de Ministros recibió un informe del ministro del Interior sobre el Anteproyecto de Ley que introduce notables cambios en la vigente normativa de seguridad vial en España. Tras recibir su aprobación, el Ministerio del Interior, conforme a lo previsto en la Ley del Gobierno, solicitó un informe al Consejo Superior de Seguridad Vial, así como a los Ministerios de Justicia, de Fomento y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Además, el Ministerio del Interior consideró oportuno someter a consulta el Anteproyecto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y a la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), que hicieron sus oportunas sugerencias y que han sido aceptadas e incorporadas al nuevo texto.

En los últimos años las modificaciones en la normativa de tráfico se habían centrado en aspectos generales del comportamiento de los conductores (permiso por puntos, delitos contra la seguridad vial, procedimiento sancionador), mientras que esta reforma se centra en aspectos concretos que no se habían abordado en los últimos tiempos y que son necesarios para avanzar en la mejora de la seguridad vial.

jueves, 3 de octubre de 2013

El Gobierno obligado a tomar antes de fin de año una "decisión" sobre el escándalo de las "Clausulas Suelo abusivas"

Luis Linde, gobernador del Banco de España.

La banca se prepara para eliminar las cláusulas suelo ante el férreo control del BdE

Mientras BBVA como Cajamar han pedido la nulidad de la sentencia, paso previo para solicitar amparo al Tribunal Constitucional.

El supervisor monitoriza cada mes el impacto que puede tener en las cuentas de resultados de cada entidad la supresión de estos suelos hipotecarios. El sector, que en 2012 ingresó 1.300 M, asume que pueden suprimirse antes de final de año.

No hay una decisión tomada por el Banco de España. Sin embargo, el sector se prepara ya para la futura supresión de las cláusulas suelo ante la exigente monitorización a la que le está sometiendo el supervisor. A finales de julio, todas las entidades entregaron en Cibeles un estudio en el que debían especificar el impacto que tendría una posible retirada de las cláusulas suelo en sus cuentas de este año, el que viene y 2015. Contrariamente a lo que consideraba el sector, que pensaba que este dossier tendría un mero carácter orientativo, el supervisor ha tomado como referencia este estudio para iniciar una severa monitorización en el que las entidades están reportando mensualmente las variaciones de este impacto.


"Cuando el supervisor inicia una monitorización de estas características es el signo inequívoco de que, tarde o temprano, habrá que adoptar la medida sobre la que se ejerce el control", explican desde el sector. De hecho, algunas entidades reconocen que el Banco de España les ha insinuado que la supresión de las cláusulas suelo podría producirse en el próximo trimestre.

En esta monitorización mensual, cada entidad debe informar de cómo evoluciona el margen de intermediación (margen financiero) y el ordinario, que incluye las comisiones y las operaciones financieras, si se procediese a la supresión de las hipotecas con suelo. Además, también deben precisar cuántos créditos hipotecarios tienen con garantía real (avales, locales, etcétera), cuántos con garantía hipotecaria y cuántos están firmados con particulares.

El único apartado del informe que no deben actualizar las entidades es la información relativa a la forma de actuación ante las posibles reclamaciones. Desde el sector se sigue insistiendo que el plan de las entidades es dar una solución individual a cada cliente que presente una revisión de su hipoteca con suelo.

Hipotecas con trampa 
Sólo durante 2012, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España recibió 950 quejas de clientes bancarios afectados por estas limitaciones hipotecarias. Es decir, casi el doble de las resueltas en el ejercicio anterior. De hecho, esta cuestión acapara ya un 6,6% de los casos resueltos, el tercero por detrás de los problemas generados en la liquidación de depósitos y créditos.

Precisamente, esta división del supervisor ha incluido un análisis de la sentencia del Tribunal Supremo, que obligó a BBVA, Novagalicia y Cajamar a eliminar las cláusulas suelo de sus clientes particulares, en su último informe anual relativo a 2012.

Son tres los aspectos fundamentales que el Banco de España señala en su análisis sobre las "cláusulas suelo" y el efecto en las hipotecas. Aunque parte de la base de que esta limitación es aplicable, se exige: que se encuentre debidamente recogida en el contrato hipotecario, extremando las cautelas que aseguren el conocimiento de su existencia; que se haga con anterioridad a la firma de los contratos hipotecarios; y que se informe sobre el impacto que tendrían en el caso de que se trate de hipotecas bonificadas por la vinculación del titular con el banco a través de diferentes tipos de productos contratados.

Nada más conocerse la sentencia, las tres entidades condenadas,BBVA, Cajamar y Novagalicia Banco anunciaron la retirada de sus hipotecas con cláusulas suelo, lo que hizo pensar, inmediatamente, en que el resto de las entidades seguirían este movimiento en cascada. Sin embargo, tanto BBVA como Cajamar han pedido la nulidad de la sentencia, paso previo para solicitar amparo al Tribunal Constitucional, incidente que está a la espera de ser estudiado por el Supremo.

Mientras tanto, hasta que los jueces digan la última palabra, buena parte de la banca está rebelándose y se niega a aplicar la sentencia. De hecho, el fallo del Supremo amenaza un volumen de ingresos anuales para la banca que supera los 1.300 millones, según cálculos del propio sector.

BBVA acapara casi un tercio de esos ingresos. Según reconoce la propia entidad, el impacto neto en resultados asciende a 420 millones en un año, cifra que puede incrementarse en función del comportamiento del euríbor. La anulación de las cláusulas suelo castigará los resultados de la división española del banco presidido por Francisco González que registrará pérdidas a lo largo de este ejercicio. Mientras, en el caso de Sabadell y Popular la medida tendrá un impacto en el entorno de los 100 millones anuales.

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PR+ rechaza a los partidos que quieren dirigir La Rioja con mando a distancia desde Madrid

En defensa del medio rural y de sus pueblos

RUBÉN GIL TRINCADO DIPUTADO REGIONAL DE PR+

«Los mismos que ven en la supresión de pequeños ayuntamientos la solución a los problemas económicos deberían mirar a algunos ministerios sin competencias o al Senado...»

Ruben Gil trincado Diputado PR+
El Gobierno central, en sus ansias de ahorro, resolvió hace algún tiempo que el gran problema de este país son los pequeños municipios, los ayuntamientos donde el alcalde y sus concejales son a la vez electricistas, fontaneros o barrenderos. El PP considera que la culpa de la crisis y el déficit la tienen los pequeños pueblos, los mismos que jalonan y vertebran nuestra comunidad autónoma. El afán recentralizador del Gobierno es tan potente como equivocado, y apoyado por formaciones políticas, como UPyD, que quiere eliminar incluso La Rioja como autonomía. Creen que quitando ayuntamientos pequeños se soluciona el déficit y la deuda pública. Sin embargo, ni el Gobierno del PP ni formaciones como UPyD se han parado a pensar qué hacen algunos ministerios en Madrid con miles de personas que no tienen ninguna competencia y cuentan con un presupuesto mayor que todos los ayuntamientos de La Rioja juntos.

Piensan los dirigentes de los partidos que quieren dirigir La Rioja con mando a distancia desde Madrid que si eliminamos ayuntamientos como el de Cabezón o Laguna de Cameros, o el de Gimileo u Ocón, o los del Zarzosa y Hormilleja, se ahorran millones y así esos ministerios vacíos de contenidos, pero llenos de dinero, tendrán algo que hacer.

Si se impone la reforma de la administración local impulsada por el PP, y apoyada por otros partidos de corte nacionalista español, La Rioja pasaría de tener 174 ayuntamientos y cuatro entidades locales menores a tener poco más de dos, Logroño y Calahorra. Porque para el Gobierno de Rajoy sólo cuenta tener más de 20.000 habitantes. Los pueblos pasarán a ser poco más que barrios abandonados a su suerte y sus habitantes, un problema de nadie sabe bien quién.

Desde el PR+ hemos mostrado nuestro absoluto desacuerdo con esta reforma local, que sólo pretende eliminar ayuntamientos que funcionan sin deudas y en los que sus alcaldes y concejales, sin remuneración alguna, son ejemplo de cómo hacer mucho sin apenas medios más allá del esfuerzo común y del trabajo sin reconocimientos, ni fotos ni cintas inaugurales.

Cada Pueblo "es el Mejor"
La Rioja cuenta con más de 135 municipios menores de 500 habitantes que son su columna vertebral, pueblos con un valor enorme donde la cercanía y el sentido común son en casi todos los casos el denominador común. Señores del PP: no todo el mundo tiene que vivir en Logroño, Calahorra o Haro; los riojanos siempre hemos hecho de nuestro medio rural una virtud, una fortaleza económica y social. Los pequeños pueblos son una oportunidad de la que algunos que viven en amplias avenidas madrileñas o logroñesas podían aprender bastante. 

A lo mejor, dirigentes como Rajoy o Rosa Díez, que pretenden aniquilar ayuntamientos y comunidades como La Rioja, tendrían que plantearse que cerrando ministerios sin competencias, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno o reformando el Senado para convertirlo en una verdadera cámara autonómica se lograría bastante más que atacando a los pequeños consistorios.

Pero todo sea por los votos. El PP tiene claro que se puede cargar cientos de ayuntamientos que suman menos votos que Móstoles. Ésta es la realidad, todo lo miden en votos, no en sentido común ni en vertebrar una comunidad como La Rioja en la que los pequeños pueblos son no sólo fundamentales sino imprescindibles. Curiosa es la función de UPyD que solo quiere eliminar municipios y fusionar La Rioja con ¡Navarra y Aragón! o incrustarnos de nuevo en Castilla la Vieja. Curioso cómo Rosa Díez ha cambiado el nacionalismo vasco por el español. Supongo que ésta es la regeneración política de la que habla la señora Díez: vivir de la política 8 años en el Gobierno vasco en coalición con el PNV y querer hacerlo luego otros 25 en el Gobierno español.

Desde el PR+ recomendamos a los dirigentes que quieren que volvamos a Madrid a hacer todas las gestiones que se den una vuelta por los pueblos riojanos que quieren eliminar para que comprueben cómo sus alcaldes y concejales son lo que tratan el agua, arreglan la luz, se remangan para reparar sus alcantarillas, barren las calles a la vez que cuadran los presupuestos y se convierten en improvisados cocineros en fiestas o en socorristas en las piscinas

Alcaldes 24 horas al día por poco más que la gasolina. Alcaldes y concejales que ahora quieren que desaparezcan ¡porque ellos son el problema del país, de Europa y del FMI¡ Alcaldes como Manolo, José María, Vicente, David, Virginia, Elena o José Antonio –por citar algunos como ejemplo de todos– merecen otro trato y un reconocimiento por mantener nuestros pueblos. Y espero que el nombre de estas personas no se cambie, como pretenden, por el de grandes empresas. Desde el Partido Riojano defendemos una Rioja con pequeños pueblos, una comunidad vertebrada en nuestras sierras y valles, los mismos que han sido nuestra fuerza económica y social. Que algunos desde Madrid quieran dar ordenes sin saber nombrar ni un solo pueblo de Cameros o de Ocón es cuando menos tan lamentable como peligroso.

Hacienda dice que las donaciones ilegales a partidos desgravan. ¿Tienen carnet los técnicos de la Agencia Tributaria?

Los donativos ilegales que recibió la formación conservadora en los años 2007 y 2008 pueden desgravarse en el Impuesto de Sociedades.

Esta llamativa interpretación de la norma no solo tiene consecuencias tributarias sino también penales: la desgravación aplicada hace que la cuota supuestamente defraudada por el PP en el Impuesto de Sociedades en esos ejercicios no supere los 120.000 euros, umbral del delito fiscal, castigado con hasta cinco años de prisión.



Hacienda contradice a Ruz al permitir que el PP desgrave donativos ilegales

Los técnicos de la Agencia Tributaria emiten un informe que exculpa al partido de Rajoy de delito fiscal frente al criterio de juez y del ministerio público


Los dos inspectores de Hacienda del Estado que realizaron para el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el informe sobre los posibles delitos fiscales derivados de los papeles de Bárcenas —la contabilidad b del Partido Popular— llegaron a una conclusión sorprendente: los donativos ilegales que recibió la formación conservadora en los años 2007 y 2008 pueden desgravarse en el Impuesto de Sociedades. Los técnicos de laAgencia Tributaria aplicaron al pie de la letra el artículo 10 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que establece la exención fiscal de “las donaciones privadas efectuadas por personas físicas o jurídicas”, sin especificar —como hace en el caso de las subvenciones— que la desgravación opera solo para los ingresos recibidos de forma acorde a la ley.


Esta llamativa interpretación de la norma no solo tiene consecuencias tributarias sino también penales: la desgravación aplicada hace que la cuota supuestamente defraudada por el PP en el Impuesto de Sociedades en esos ejercicios no supere los 120.000 euros, umbral del delito fiscal, castigado con hasta cinco años de prisión.


Las conclusiones de los dos técnicos de la Agencia Tributaria se asemejan a las planteadas por el propio PP cuando aún estaba personado como acusación popular en la causa de los papeles de Bárcenas. Y son abiertamente contrarias a las expuestas por la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez Ruz en sus escritos.

La conclusión hace que el partido no supere el umbral del delito fiscal

En un auto —resolución judicial razonada— del pasado 22 de abril, el magistrado interpreta que “lossupuestos de exención tributaria contemplados por la norma, entre los que se encuentran las donaciones privadas efectuadas por personas físicas y jurídicas, están previstos para las donaciones realizadas en la forma y cuantía contempladas en dicha Ley [de Financiación de Partidos]”. Es decir, que aunque la ley no especifique expresamente que para disfrutar de desgravación las donaciones han de someterse a la ley, el espíritu de la norma es ese.

En la contabilidad b que llevaba Bárcenas, y que ha sido reconocida por él y acreditada por la policía, figuran ingresos por donaciones de 542.000 euros en 2007 y de 1.055.000 en 2008. Las entradas de dinero superaban casi siempre el límite máximo de 60.000 euros, que se elevó en 2007 a 100.000 euros —posteriormente se ingresaban troceadas en la contabilidad oficial—. Además, los ingresos provenían de empresarios cuyas empresas contrataban con la Administración, circunstancia expresamente vetada por la Ley de Financiación de Partidos.

Hacienda deja la posible sanción en una multa del Tribunal de Cuentas

En su escrito del pasado abril, el juez Ruz, que comparte en este aspecto los criterios de la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que “las cantidades donadas en exceso de los límites legales quedarían sujetas a tributación por el Impuesto de Sociedades, ostentando aquellos ingresos el tratamiento de rentas sujetas a tributación”. El magistrado añadía que del posible delito fiscal derivado del hecho de que, al no haber exención fiscal, la cuota tributaria defraudada superaría los 120.000 euros, puede “responder el PP”. En este caso, el partido no respondería como entidad —la responsabilidad penal de las personas jurídicas entró en vigor en 2012— sino a través de su “administrador de hecho o de derecho”.


Frente a esta interpretación de juez y fiscal, la Agencia Tributaria establece la contraria. Según Hacienda, la Ley de Financiación de Partidos “no regula” que “el incumplimiento de los condicionantes y limitaciones para las donaciones privadas (...) tenga consecuencias en el régimen tributario”. Los inspectores recuerdan que las donaciones ilegales “constituyen una infracción grave sancionable con una multa a imponer por el Tribunal de Cuentas”.

Los expertos añaden un párrafo significativo: “Cuando la norma examinada considera exentas de tributar las donaciones no indica que se refiera a las realizadas conforme a lo dispuesto en la presente ley, expresión que sí consta al referirse a las subvenciones. Si figurase la citada frase no habría dudas de que la exención no alcanzaría a las donaciones privadas analizadas”.

Queda por fijar si los pagos fueron una contraprestación por adjudicaciones

Cuando el juez invoca el espíritu de la ley, los inspectores replican con la pura letra de la norma. Expertos en fiscalidad consultados por este periódico indican que esta interpretación de sus colegas de que los partidos pueden desgravarse los donativos ilegales supone un cierto “desincentivo” para el contribuyente a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias. “Hay un principio que establece que todos los beneficios fiscales son, por naturaleza, restrictivos. Una exención pillada por los pelos no puede ser una exención”, asegura un inspector fiscal. El mismo experto interpreta que si los peritos de Hacienda se ciñen a la letra de la norma es porque en su informe se dirimen responsabilidades penales y no administrativas.

Todavía está por dirimir si los supuestos pagos de los empresarios al PP se realizaron como contraprestación por la adjudicación de contratos de obras —lo que supondría un delito de cohecho—. Fuentes tributarias señalan que, de demostrarse este extremo, las donaciones no serían tales y quedarían fuera de exención.

PR+ propone denunciar el Convenio de recaudación que Calahorra tiene con La Comunidad. La Ciudad ahorraría 360.000 € al año si lo gestionase directamente.

PR+ Pide a Pagola la denuncia del "Convenio de recaudación" por su desproporcionado coste para la Ciudad

IMPLANTACIÓN DE DOS MEDIDAS, A APLICAR A PARTIR DEL EJERCICIO 2014.

1ª,- Que la recaudación de los impuestos municipales (IBI, IAE) "Voluntaria", sea asumida por los propios servicios técnicos municipales de este Ayto.

2ª,- Que la recaudación de impuestos municapales (IBI, IAE) "Ejecutiva" (morosos), sea EXTERNALIZADA mediante Pliego de cláusulas administrativas a empresas privadas del sector.

El PR+ ante la subida brutal y escandalosa por parte del Gobierno de La Rioja en el tipo de interés aplicado para este ejercicio 2013, (subida de un 43%) del 3,5% en 2012 al 5% en el 2013, en el Convenio para el cobro de los ingresos de Derecho Público Municipales, y gracias a la información obtenida por municipios vecinos que optaron por asumir con sus propios servicios técnicos de su Ayto. dicho cobro para este ejercicio 2013, como es el caso de Arnedo, cuyo concejal de Hacienda pertenece al PR+, "Pedro Marín"

Que en Arnedo con una población de 14.500 hb, con 5 trabajadores en gestión tributaria (incluido interventor y tesorero), es decir a 1 trabajador por cada 2.900 hb., han asumido el cobro de sus impuestos con sus propios medios, les ha supuesto un AHORRO PARA LAS ARCAS MUNICIPALES de120.000€ ( 20 M/pesetas) en este ejercicio 2013, ya que el pago del 5% de interés al G.Rioja hubiera supuesto 150.000€. 

La implantación de dicho servicio sólo les ha ocasionado unos gastos de 30.000€, parte en la compra de programas y aplicaciones para descargar la base de datos de los contribuyentes (4000-6000€) y parte para pagar un complemento a los trabajadores de ese servicio, para bajar en el menor tiempo posible dicha base de datos, complemento que sólo se abonará durante este primer año, pues los siguientes solo requiere modificaciones o cosas puntuales en dicha base de datos.

La puesta en marcha ha supuesto menos tiempo de lo esperado, unos dos meses, habiendo practicado el 1º periodo voluntario de cobro en mayo 2013 y el 2º periodo voluntario de cobro en septiembre 2013, con la NOVEDAD que quieren incorporar de facilitar el PAGO FRACCIONADO AL CONTRIBUYENTE DE MANERA MENSUAL de todos los impuestos, CON UN 3% DE DESCUENTO. Algo que sirve de manera positiva a ambos, a la administración local para poder obtener recursos económicos anticipadamente y asumir sus pagos, y al contribuyente para dividir sus pagos mes a mes con un descuento por el anticipo en el pago.

Trasladando estos datos al municipio de Calahorra, según el presupuesto para el ejercicio 2013, Calahorra preveé obtener en el cobro de impuestos (IBI, IAE)  7.210.842€. El gasto del 5% con el Gobierno Rioja supone 360.542€ (86 M/pesetas)
Asumiendo este servicio el propio Atyo, supondría un AHORRO de un 75% (+/-) 270.406€ (45 M/pesetas)  y el coste real supondría un 25% es decir..........................90.135€


Teniendo en cuenta que Calahorra tiene una población de unos 24.500 habitantes, y 8 trabajadores en gestión tributaria (incluido tesorero e Interventor), hay 1 trabajador por cada 3.062 hb. (+/- igual a Arnedo),

Calahorra este ejercicio 2013 diríamos HA TIRADO A LA BASURA 270.400€ por una mala gestión y falta de previsión por parte de la Concejal de Hacienda de este Ayto o responsables políticos de este Ayto.

Respecto a la segunda parte de la moción, la externalización del cobro de impuestos, la ejecutiva (morosos), el Gobierno de laRioja, se queda con un 20% de lo cobrado, mientras que empresas privadas se quedarían entre el 17-18% de lo cobrado.
Por lo tanto este servicio no supone ningún gasto adicional al Ayto y supone un BENEFICIO DE UN 2-3% de lo que lleguen a cobrar.

El PR+, cree que Calahorra no está para malgastar el dinero público y sí para realizar una buena gestión y optimización de los recursos municipales, y dado que otros municipios de La Rioja ya han apostado por asumir el cobro de sus impuestos con sus propios recursos municipales en 2013, así : Logroño, Haro, Sto. Domingo, Ezcaray, Arnedo y en breve Nájera. Esperan que Calahorra asuma esta nuevo servicio municipal, con el consiguiente AHORRO ECONÓMICO PARA LAS ARCAS MUNICIPALES.

PR+ urge al Consejo de Salud de la zona de Santo Domingo que informe del impacto de los recortes en los ciudadanos.

Montserrat Bañares

El Partido Riojano compareció ayer ante la prensa para dar cuenta de la moción presentada en el pleno pidiendo que se convoque el Consejo de Salud de la Zona 11, ya que como señaló su portavoz, Montserrat Bañares, «llevamos seis años sin cumplir la ley».

La edil, con cuyo apoyo se mantiene el gobierno municipal del Partido Popular, recordaba que «los consejos de Salud de zona están obligados por ley, como órgano colegiado encargado de realizar el seguimiento de la ejecución de la política sanitaria, a evaluar y asesorar la ejecución de la política sanitaria y, por tanto, son la voz de ayuntamientos, agentes sociales y sindicales ante las áreas de Salud».

En la propuesta se solicita que «en el plazo máximo de un mes, se proceda por parte del alcalde, a la convocatoria y constitución del Consejo de Salud de la Zona número once, correspondiente al Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada».

Asimismo, que «se analice la situación de la sanidad pública en cuanto a los servicios y especialidades que atienden la Zona, así como las numerosas demandas de vecinos y municipios con la finalidad de transmitir a los responsables autonómicos en su caso, las carencias en servicios, personal y dotaciones, y el impacto de las medidas económicas y de recortes aplicadas en la sanidad pública».

Finalmente la moción demanda que se haga público «el análisis de la situación sanitaria desde Santo Domingo de la Calzada, lo que redundará en una mayor transparencia e información ciudadana que, sin duda, debe ser un objetivo ineludible para todos los grupos políticos».

Los riojanistas recordaron que, «desde hace un año nuestro alcalde fue elegido presidente del Consejo de Salud de la Zona número 11, por los alcaldes que representan a las poblaciones».