"Gallardón pretende supeditar el poder judicial al poder político"
La asociación Jueces para la Democracia 'Jueces para la Democracia' se posiciona. Gallardón quiere supeditar el poder judicial al poder político, y para ello ha difundido un vídeo en el que numerosos magistrados analizan y critican las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; pero sobre todo, cuestionan la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces. Bajo el argumento de que esta modificación legal, que ahora se tramita en el Senado, “ataca la independencia judicial, garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos” y “pone en peligro la separación de poderes y los principios básicos del Estado social y democrático de derecho”.
Según algunos, "la división de poderes del Estado español está seriamente amenazada", e incluso esta modificación de la ley podría venir dada como remedio para superar los casos de corrupción en los que el Gobierno se está viendo implicado.
Las listas de espera baten récord y pasan de 76 a 100 días en seis meses
Los pacientes que aguardan una operación ascienden hasta los 571.395 en 2012. Es el mayor incremento desde que Sanidad inició el recuento de datos.
Los recortes presupuestarios, la pérdida de personal sanitario y la reducción de la atención han pasado una abultada factura a las listas de espera. La demora para entrar en quirófano alcanzó al iniciarse el año una cifra récord: 571.395 personas aguardaban por una operación en toda España, un 6,4% más que en junio de 2012, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Así, en solo un semestre, el plazo que los pacientes esperan para operarse se ha disparado de 76 días, de media, a 100; el mayor incremento registrado desde que Sanidad inició el recuento de datos —que no desglosa por comunidades—, en 2004. Además, el número de pacientes que aguardan más de seis meses para ser operados se ha disparado un 7%, a pesar de que ese es el tiempo máximo que marca la ley para ser atendido en algunas patologías; y a 31 de diciembre de 2012 suponían el 16,5% de los que esperan.
Ese es el caso de las intervenciones de cataratas, una operación para la que la demora media es de 92 días, pero para la que el 14,76% de los pacientes que está en lista de espera ha superado ya los 180 días fijados como máximo por decreto, en 2011, para esta y otras cuatro patologías. También está regulado el tiempo máximo de espera para colocarse una prótesis de cadera y, a pesar de ello, el 26,88% de los pacientes esperan más de los seis meses establecidos, según las cifras que el departamento de Ana Mato ha publicado en su web sin anunciarlas. El incremento de pacientes que esperan es común a todas las especialidades quirúrgicas —excepto para cirugía torácica—, y es consecuencia, según los expertos consultados, de la reducción de las partidas de salud de Gobierno y comunidades. Presupuestos que han perdido 6.900 millones desde 2010, el año en que empezó el tijeretazo en sanidad. “Los recortes, aunque se hayan acompañado de medidas de ahorro por ejemplo en farmacia, han derivado en una tremenda reducción de personal. Y eso está afectando gravemente al sistema”, indica Tomás Toranzo, vicesecretario del sindicato médico CESM.
El 16,5% de los retrasos son de más de seis meses, el máximo legal
En la práctica totalidad de las comunidades ya no se cubren las bajas ni las vacaciones de los profesionales. Tampoco se sustituye a los sanitarios que se han jubilado ni se ha renovado a muchos interinos que trabajaban para el sistema público. Además, se ha reducido o han desaparecido las llamadas peonadas, es decir, las horas extra que hacían los trabajadores de la sanidad pública para cubrir la demanda. Y eso, a pesar de que se ha aumentado la jornada laboral de los profesionales y en muchas regiones se ha reordenado su horario, supone una disminución de la actividad que no se ha suplido. “Sin profesionales, al igual que sin medios, no hay sistema sanitario que pueda dar respuesta”, dice el vicesecretario del CESM. A eso se añade que muchas autonomías han menguado los conciertos con la sanidad privada.
El problema afecta a todas las especialidades salvo cirugía torácica
Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, las listas de espera quirúrgica también han experimentado un incremento récord: un 17,5% de junio de 2012 a diciembre. Aumento que el consejero Javier Fernández-Lasquetty achacó directamente a las huelgas de los sanitarios contra la privatización. En la Comunidad Valenciana han aumentado un 19,8% en ese mismo periodo y en Murcia, un 9,7%. En Andalucía no están disponibles los datos de diciembre de 2012, pero el pasado junio, los pacientes en lista de espera eran casi un 3% más que un año antes.
La mayoría de las regiones eluden hablar de si las cifras son un efecto directo de los recortes y, como Extremadura o Andalucía, aseguran que las indicaciones de intervención quirúrgica han aumentado. En muchas de ellas, no obstante, la intensidad de las cifras ha provocado el anuncio de planes de choque, como el que se pondrá en marcha en Castilla-La Mancha —una de las regiones con las esperas más abultadas—, dotado con 15 millones de euros. Una cantidad que la oposición socialista considera escasa.
Estas medidas de contención, sin embargo, llegan tarde y suenan vacías, según Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes, que achaca a los ajustes económicos y a las políticas de recursos humanos y de contención de medios el aumento de las listas de espera. “Los recortes han de ser muy medidos y consensuados, y en sanidad no lo están siendo. Con la salud de las personas no se puede especular. Los resultados ya se están notando en la asistencia”, afirma. Toledo y Toranzo recuerdan que el tiempo en lista de espera agrava los problemas de salud de los pacientes. Y eso, a la larga, encarece el sistema.
Las causas
Hachazo.El tijeretazo en los presupuestos sanitarios de Gobierno y comunidades se inició en 2010. Desde ese año, han perdido 6.875 millones de euros. Un hachazo para una sanidad pública que, desde hace años, se infrafinanciaba y gastaba alrededor de un 10% más de lo presupuestado. Los recortes afectan de manera desigual. Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Aragón son las que más han recortado; pero lo cierto es que todas las autonomías han reducido fondos. Incluso Euskadi los ha reducido este año un 4%.
Recursos humanos. Se apuesta por recortar en dos capítulos: personal y farmacia. En el primero se han reducido los sueldos de los profesionales, que trabajan más horas. Ese ajuste no ha llegado para cubrir la asistencia. Madrid, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana han obligado a jubilarse a cientos de sus médicos más experimentados a los 65, y sus puestos no se han cubierto. Ahora, la justicia de las dos últimas regiones dicta que deben ser readmitidos.
Cierre de centros. En 2011, las regiones comenzaron a reducir el horario de atención. Cataluña cerró algunos centros de salud por las tardes. Una medida que luego copiaron Extremadura o Cantabria. Además de esas dos autonomías, Navarra y Murcia, han suprimido consultorios de urgencias (abiertos 24 horas) en algunos pueblos. También lo ha hecho Castilla y León, aunque recientemente ha decidido reabrir la mayoria de ellos. Castilla-La Mancha lo intentó, pero, tras la denuncia de varios alcaldes, la justicia ha obligado al Gobierno de María Dolores de Cospedal a mantenerlos abiertos porque el tiempo de trayecto desde estos pueblos al nuevo centro más cercano superaba los 40 minutos que marca la ley.
Guardias localizadas. Como fórmula de ahorro, Cantabria o Extremadura han añadido la sustitución de guardias presenciales por localizadas —peor pagadas—, en las que el profesional puede irse a su casa y solo debe tener el móvil encendido.
Bolsillos vacíos. Los ciudadanos no sufren solo las listas de espera. Desde 2012 pagan más por lo mismo. La reforma sanitaria de Rajoy —que excluye a los extranjeros irregulares— dictó que ahora deberán pagar por el transporte sanitario no urgente y las prótesis. Además, incrementó el porcentaje de pacientes pagan por los fármacos que les recetan. Los pensionistas, cuyas medicinas eran gratis, ahora también pagan.
Bajo el argumento de que esta modificación legal, que ahora se tramita en el Senado, “ataca la independencia judicial, garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos” y “pone en peligro la separación de poderes y los principios básicos del Estado social y democrático de derecho”.
Bajo el argumento de que esta modificación legal, que ahora se tramita en el Senado, “ataca la independencia judicial, garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos” y “pone en peligro la separación de poderes y los principios básicos del Estado social y democrático de derecho”.
