"No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más". La Valencia del PP.

PUBLICADA POR PRIMERA VEZ LA 'LISTA NEGRA'

El saqueo de Valencia: el PP ya tiene 100 imputados por corrupción en la comunidad

Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, funcionarios... El virus de la corrupción se ha contagiado a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de habitantes.

El expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas. (EFE)

"No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más", afirma irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre presentará en Madrid Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que se ha extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las terminales del poder político. Y que ha alcanzado una faseterminal que puede resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como en el resto de España.

"Mi libro es, en realidad, una obra colectiva", asegura Castillo, "porque parte de las investigaciones previas de varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial". El hilo conductor que le ha servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la rama valenciana del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas más: los casos Nóos (que tiene también bajo sospecha alexpresident Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto de Castellón, Canal Nou... 

La lista negra de la corrupción supera ya los 100 imputados. Entre ellos, un expresidente de la Generalitat (José Luis Olivas, que también fue presidente de Bancaja), dos exvicepresidentes (José Víctor Campos, ya condenado en el llamado caso de los trajes, y Vicente Rambla), cinco exconsellers (Rafael Blasco, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Fernando Cartagena, también condenado), nueve diputados autonómicos y un sinfín de altos cargos de empresas públicas controladas por la Generalitat.

En ese sombrío listado del saqueo de las arcas públicas aparecen también una expresidenta de las Cortes Valencianas (Milagrosa Martínez, que fue además consellera de Turismo), un exsecretario general del PP regional (Ricardo Costa, antiguo hombre de confianza del expresident Francisco Camps y hoy enfrentado a él), dos expresidentes provinciales del partido (Carlos Fabra, de Castellón, y José Joaquín Ripoll, de Alicante), los actuales alcaldes de estas dos ciudades (Alfonso Bataller y Sonia Castedo) y varias decenas de alcaldes, directores generales y jefes de gabinete.

El exconseller y diputado popular Rafael Blasco. (EFE

El exconseller y diputado popular Rafael Blasco. (EFE)Todos ellos están imputados por un repertorio de delitos que van de la prevaricación al tráfico de influencias, pasando por el cohecho, la malversación, la estafa o el blanqueo de capitales. 

Y hasta el abuso sexual: Vicente Sanz, exsecretario general y jefe de personal de Radio Televisión Valenciana (RTVV), abusó de varias trabajadoras de Canal Nou con amenazas y falsas promesas de ascensos laborales. El auto de procesamiento recoge frases como esta: "Mostró su sexo erecto y le decía: dame una chupaeta". El expresident Eduardo Zaplana buscó a Sanz un retiro dorado en la televisión pública tras verse implicado en un escándalo urbanístico y pronunciar una frase inolvidable: "Estoy en política para forrarme".

Rebelión y deslealtad

El presidente de la Generalitat, que aún no ha pasado el trago amargo del cierre de la radiotelevisión pública (cinco de cuyos exdirectivos están imputados), se enfrenta ahora a una rebelión en sus propias filas protagonizada por aquellos a los que ha salpicado de lleno la corrupción. Nada menos que nueve diputados autonómicos del PP lo están, y Alberto Fabra ya ha advertido a todos ellos que no repetirán en las candidaturas del partido para las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Ni ellos ni ningún otro cargo bajo escrutinio judicial.

Los nueve parlamentarios imputados no tienen nada que perder, porque saben que ya no ocuparán su escaño en la próxima legislatura. Por eso se permiten incluso exhibir en público su deslealtad hacia Fabra, promoviendo, en contra del criterio de su propio líder, el indulto para otro imputado y ya condenado por corrupción: el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo. Nada menos que 45 de los 54 parlamentarios del PP pidieron la semana pasada esa medida de gracia para Mateo, que está a punto de ingresar en prisión por prevaricación.

"Clausulas Suelo". El Banco de España "defiende" el abuso de las entidades financieras.

El Estado contra los Consumidores

EL SUPREMO SE RATIFICA EN SU NULIDAD

El Banco de España se lava las manos en las cláusulas suelo y no exigirá su retirada a la banca

Luis de Guindos anunció en junio que el Banco de España iba a examinar si se puede extender a otras entidades la sentencia del Supremo por la que eliminaron estas cláusulas de sus hipotecas BBVA, Cajamar y NCG. 

El Alto Tribunal se reafirmó ayer en su doctrina al desestimar el recurso de las afectadas, que ahora apelarán al Constitucional. Pero el supervisor ha preferido lavarse las manos en este asunto. Se ha limitado a preguntar a las entidades si sus cláusulas eran transparentes, pero no va a tomar ninguna medida para que las retiren, alegando que no tiene competencias para ello.

BDE al lado de los bancos 

El Supremo publicó en junio una aclaración a su primera sentencia, del 9 de mayo, en la que establecía una serie de criterios para determinar si una cláusula suelo es transparente que prácticamente anularían todas. De hecho, afirma que meros "formalismos carentes de eficacia", como puede ser "la lectura del contrato por parte del notario", no pueden sustituir el "perfecto conocimiento" de todos los términos del contrato, imprescindible para que el consumidor decida si firma o no firma el contrato hipotecario. El Alto Tribunal llega a decir que "la cláusula tiene por finalidad exclusiva proteger los intereses de la prestamista frente a las bajadas de índice de referencia (Euribor)".

Sin embargo, el gobernador, Luis Linde, no ha dado orden de investigar si estos criterios dictados por el Supremo son aplicables o no a las cláusulas de todas las entidades, sino que se ha limitado a pedirles su opinión sobre si sus cláusulas son transparentes, según fuentes del sector. Lógicamente, los bancos han dicho que sí, que son transparentes, y las únicas entidades que han retirado las cláusulas voluntariamente son las tres condenadas: BBVA, NCG Banco y Cajamar.

El presidente de la primera, Francisco González, dijo el día del anuncio de Guindos que "lo normal es que la supresión de las cláusulas suelo de las hipotecas se vaya extendiendo al resto de las entidades". González argumentó que "en el sistema financiero puede haber cláusulas igual de transparentes que las nuestras, pero no más". Los tres bancos más afectados por una eventual retirada generalizada de las cláusulas suelo son Popular, Sabadell y CaixaBank, que se resisten a eliminarlas por el impacto que tendría en sus resultados, como adelantó El Confidencial. 

El supervisor justifica esta inacción porque no tiene potestad para intervenir exigiendo la nulidad de un contrato entre dos partes, ya que no entra entre sus competencias, al contrario que otras medidas polémicas como el tope a la remuneración de los depósitos o la limitación de los dividendos. A su juicio, la defensa del consumidor debe asumirla el órgano competente, que normalmente son las comunidades autónomas.

Sin embargo, hay expertos que consideran que sí tiene esas competencias, que emanan directamente de la Constitución: el artículo 51 dice que "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos", sin entrar a definir quiénes son los poderes públicos.

Verónica del Carpio, abogada muy activa en las cláusulas suelo, sostiene que "el Estado está haciendo dejación de sus funciones" al inhibirse todos los órganos competentes en este asunto. A su juicio, ante la inacción del Banco de España, sólo existen dos maneras por las que el conjunto de la banca puede verse obligada a retirarlas: la vía judicial individual, a medida que casos que afecten a más entidades vayan llegando al Supremo; o la vía de las comunidades autónomas, que sí tienen competencias claras en consumo y donde ya se empiezan a abrir expedientes por este asunto: Andalucía lo ha hecho, pero con unas sanciones mínimas.

El Supremo se ratifica también en la irretroactividad

En realidad, lo que resolvió ayer el auto del Supremo no es un recurso, sino un "incidente de nulidad" por el que las entidades condenadas en mayo solicitaban la nulidad de la sentencia. Como era de esperar, el Alto Tribunal sostiene que la sentencia es correcta y que no se da ninguna de las causas de nulidad que alegan los demandantes. 

Ahora bien, la resolución de la que ha sido ponente Rafael Sarazá también se ratifica en la parte más polémica de la sentencia inicial, es decir, en no considerar retroactiva la nulidad de las cláusulas suelo, por lo que no obligaba a las entidades a aplicar una restitución, es decir, a devolver todo lo cobrado indebidamente. No obstante, las tres decidieron voluntariamente hacerlo al eliminar estas cláusulas. La cuestión es que, si el Supremo condena en el futuro a otros bancos, estos no tendrán por qué devolver lo cobrado de más, sino sólo eliminar las cláusulas a futuro.