miércoles, 5 de febrero de 2014

Goteo de sentencias reconociendo el "Abuso" de las entidades financieras. El Gobierno obliga a los ciudadanos a peregrinar por los juzgados

Un juzgado obliga a Caja España a devolver a un cliente el dinero de la clausula suelo

La sentencia apunta que no se ofreció al cliente la información necesaria. Deberán abonarle cerca de 8.000 euros aunque el banco podría presentar recurso

Cuando el cliente de Caja España (antes Caja Duero) firmó en 2008 la hipoteca de un piso por valor de 180.000 euros, la entidad bancaria no le informó de las consecuencias de la clausula suelo, una condición que establecía un interés mínimo del 3'75%. Supuso que el particular estuvo pagando un interés muy por encima de la media, que llegó a bajar hasta el 1%.

Incluso el director de la sucursal reconoció en el juicio que no habían informado al cliente de las consecuencias de esa clausula suelo. La sentencia la anula por falta de información al cliente y por abusiva.

Ha sido el juzgado de lo Mercantil de San Sebastián el que ha dictado la sentencia que califica como nula a todos los efectos la clausula suelo que se incluyó en la hipoteca. Esto signfica que la entidad bancaria deberá devolver las cantidades pagadas de más por el cliente desde 2008, unos 8.000 euros. 

El juez entinde que hubo una falta de información porque ni siquiera se le entregó la oferta de información vinculante, un trámite obligatorio que deben cumplir los bancos cuando formalizan una hipoteca y que incluye datos relevantes del contrato como el euribor, el interés de demora o la mencionada clausula suelo.

El abogado del cliente, Josean Basurto, de Bas Abogados, considera que esta sentencia, que contradice el fallo del supremo de mayo de 2013, que anulaba las claúsulas suelo pero no establecía indemnizaciones, puede abrir la puerta a otras reclamaciones en los juzgados de condiciones abusivas de los bancos, no sólo de clausulas suelo. "La nulidad se puede conseguir", apuntó en declaraciones a Radio San Sebastián "porque una comercialización defectuosa abre la puerta".

El Juez Ruz a Carlos Cuevas: "Tiene que decir la verdad". El magistrado ha apercibido en más de una ocasión a Cuevas de su obligación de responder a las preguntas

ASÍ TITULA LA PRENSA:










Los dos dirigentes del partido en La Rioja que han declarado este miércoles ante Ruz para explicar la compra de un local en Logroño supuestamente con dinero negro dicen ignorar casi todos los detalles de aquella operación. El magistrado, visiblemente enfadado, les ha requerido en el acto nueva documentación de aquella operación bajo sospecha.

Nuevo enfado del juez Pablo Ruz con el PP a cuenta de los 'papeles de Bárcenas'. La actitud de los dirigentes de partido en La Rioja que han declarado este miércoles ante él sobre la procedencia del dinero con el que compraron en 2008 un local en Logroño ha terminado por provocar su irritación después de que ambos se refugiasen reiteradamente en "no lo recuerdo" y "no lo sé" para no dar detalles sobre la misma. En una decisión poco habitual, el magistrado ha establecido requerirles en el acto a los dos políticos nueva documentación sobre dicha adquisición. Según fuentes jurídicas, Ruz ha llegado a recordar a ambos dirigentes regionales su condición de testigo y, por tanto, la obligación a responder con la verdad a las preguntas que les planteaban.

El primero en comparecer fue Carlos Cuevas, secretario general del PP en La Rioja, quien no supo concretar casi ningún detalle sobre la lluvia de preguntas que tanto el juez como las acusaciones le plantearon sobre la adquisición y reforma en 2008 del local y sobre el origen de los aproximadamente 1,5 millones de euros que la formación política invirtió de ello. Cuevas llegó a afirmar que no sabía quiénes eran los propietarios del inmueble y quién negoció con ellos. Sólo admitió haber participado en un encuentro con los responsables del banco para solicitar el crédito y después de que el juez le preguntara con insistencia sobre la negociación de dicho préstamos.

También se escudó en el "no recuerdo" cuando le interrogaron sobre con quién de Génova 13 hablaron para adquirir el inmueble ni a quién le pidieron el envió de una transferencia de 200.000 euros para colaborar en los pagos. Sólo dijo que dichos fondos se los remitieron desde Madrid "a fondo perdido". El secretario general del PP riojano se limitó a detallar de un modo vago que en una reunión de la ejecutiva del partido regional se trató de la necesidad de pedir dinero a la organización, pero sin que se llegara a concretar cómo ni a quién. También negó la veracidad del apunte de los 'papeles de Bárcenas' que delataba una supuesta entrega en metálico a la caja B de la formación de 200.000 euros, la cantidad que poco después era supuestamente transferida vía bancaria ya 'blanqueada' para poder ser utilizada en la compra del local.

Los 'fallos' de memoria de Cuevas llegaron a su punto culminante cuando se le preguntó si conocía a Luis Bárcenas, a lo que el número 2 de La Rioja aseguró que sólo había coincidido con él una vez. Sólo cuando una de las acusaciones le recordó que él había sido senador en la misma legislatura que el extesorero, admitió que durante aquellos años sí lo veía en la Cámara Alta.

La segunda dirigente del PP de La Rioja en declarar fue la gerente de la formación, Ana Elvira Martínez, quien sufrió la misma 'amnesia' que su compañero de partido sobre los detalles de la compra del local en Logroño. La gerente únicamente fue capaz de recordar vagamente una reunión con representantes del banco que les concedió el crédito para la adquisición y aseguró que nadie de Génova 13 les informó del envío de los 200.000 euros, del que se enteraron por los extractos de la cuenta en los que se ingresaron. Sobre el resto, su testimonio fue una sucesión de "no recuerdo" y "no lo sé" con los que evitó dar más detalles que su compañero. Al término de su testimonio, el juez Ruz, visiblemente irritado, decidió requerirles formalmente nueva documentación sobre la compra.


El secretario general del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, y la gerente de la formación en esa comunidad, Ana Elvira Martínez, han hecho una nueva demostracion de "amnesia testifical", según fuentes jurídicas, en su declaración como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en relación con la entrega de 200.000 euros para la compra de un local en 2008 para ampliar la sede regional. Los informes aportados a la investigación indican que el local fue adquirido con dinero de origen opaco que fue blanqueado por el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas.

El magistrado ha apercibido en más de una ocasión a Cuevas de su obligación de responder a las preguntas que se le formulaban. Al acabar el interrogatorio, Ruz ha hecho subir al secretario general a su despacho para hacerle un requeremiento oficial de entrega en el plazo de dos días de documentación sobre la compra del local y la reforma de la sede.

El magistrado reclama específicamente las escrituras de la compraventa de las sedes y sus documentos anexos; los documentos privados de la operación mercantil y de los pagos asociados a ella; las escrituras de las préstamos hipotecarios sobre las compraventas. También exige los poderes notariales para intervenir en las operaciones de adquisición de los locales; las actas del partido respecto a la operación; el presupuesto del PP de La Rioja en 2008. Finalmente, Ruz reclama toda la documentación técnica sobre la construcción y los apuntes contables referidos a la obra.

martes, 4 de febrero de 2014

Jesús A. Gil de Gómez, presidiendo la sesión pide se retire el anteproyecto para reformar la Ley del Aborto en los términos en los que se ha conocido


La ausencia del alcalde y diputado Juan Antonio Abad dio lugar a aprobar la moción del PSOE con apoyo del PR+ y los hermanos Álvarez 

Al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, le va a llegar la solicitud del Ayuntamiento de Arnedo, presidido por un compañero de bancada suyo en el Congreso de los Diputados, para que. En un pleno singular por las ausencias tanto del alcalde y diputado Juan Antonio Abad -que en el Congreso votó a favor de iniciar su trámite- por motivos personales y del concejal de Hacienda, Pedro Marín, por problemas de salud.

Con el teniente de Alcalde, el concejal regionalista Jesús A. Gil de Gómez, presidiendo la sesión, la Corporación aprobó diversos asuntos de trámite administrativo municipal en relación con la revisión de la calificación de varios puestos de trabajo o la contratación del servicio de ayuda a domicilio. Por igual, aprobó otorgar la bonificación del 95% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras como las del nuevo colegio La Estación y las reformas de las sedes de la Asociación de Discapacitados de Arnedo (AMAC) y Cruz Roja y dejando en el 50% la que otorga a la construcción de la estación de ITV.

En el turno de mociones, el portavoz socialista, Javier García, lamentó que el Gobierno central popular haya creado un problema que no existía y defendió la retirada del anteproyecto porque «nos oponemos a que un gobierno diga a la mujer lo que debe hacer o no con su cuerpo», además de pedir expresamente el apoyo de los ediles populares a la moción. Sí se lo dieron los concejales Álvarez, no adscritos a grupo, y el regionalista Gil de Gómez. «Nos gusta poder decidir en libertad y que no haya una ley que por ello nos criminalice», afirmó Santiago Álvarez. «Penalizar no solucionará problemas sino que creará problemas de clandestinidad que ya teníamos olvidados», apuntó el socio de gobierno de los populares Gil de Gómez.

La concejal de Salud, María Antonio Pérez Medrano, argumentó el voto popular contra la moción al señalar que es necesario el debate en el Congreso para «consensuar la mejora de puntos de la ley del 2010».

Los ciudadanos tienen derecho a ver las facturas de la Sede Popular de Logroño.

Legarra pide al PP que saque las facturas de su sede «para así evitar sospechas»



PR+ denuncia que «al mismo arquitecto que hizo la reforma de la sede, el Gobierno riojano le adjudicó una veintena de obras en esa etapa» 

A solo un día de la citación judicial del secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas, y la gerente del partido, Ana Elvira Martínez, a declarar en la Audiencia Nacional ante el juez Ruz sobre la presunta financiación ilegal de la sede del partido en Logroño, la oposición política en la Comunidad también da pasos alrededor de la cuestión. 
El presidente del PR+, Miguel González de Legarra, reclamó ayer al PP que «haga públicas las facturas y los contratos de las obras de su sede, y acredite que todas las cifras coinciden», como medida para «evitar cualquier sospecha y hacer un verdadero ejercicio de transparencia ante los riojanos».

La petición de los regionalistas parte de las propias sospechas acerca de que «el arquitecto encargado de la rehabilitación de la sede del PP recibiera en aquella época más de veinte encargos del Gobierno de La Rioja», explicaba Legarra, quien citaba entre esas obras el Centro Riojano Español en Buenos Aires, el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, el IRJ, la Residencia de Menores en Protección, el Centro de la Emigración de Torrecilla o la reforma de la Consejería de Servicios Sociales en la calle Villamediana de Logroño. «Nos parece más que sospechoso que quien se ha convertido en el arquitecto de cabecera del Gobierno de La Rioja haya sido el elegido para llevar a cabo la reforma de la flamante sede del PP», indicó.
Una vez dicho eso, el dirigente recalcó que «para acallar cualquier sospecha, el PP debería hacer público el contrato que firmó con este arquitecto, mostrar las certificaciones de obra, las facturas y los pagos; los riojanos tenemos derecho a saber lo que ha costado la obra, cómo se ha pagado, quién la ha pagado realmente y si se ha utilizado dinero negro en esos pagos», indicaba Legarra, recordando que la compra y obras de la sede se realizó entre los años 2007 y 2008, periodo en el que el arquitecto encargado recibió además los encargos del Gobierno regional. «Llevamos meses pidiendo al Gobierno que nos dé una explicación sobre un hecho indiscutible, pero no hemos recibido aún respuesta», dijo.

Con este planteamiento, el PR+ pidió también que se investigue no solo la compra de la sede, «sino también todos los trabajos de rehablitación y acondicionamiento que se llevaron a cabo», y cuyo coste, estiman los regionalistas, pudo ascender al medio millón de euros.

Para completar la ronda de sospechas, Legarra relacionó el caso con el del polémico chalé del presidente riojano, Pedro Sanz, en Villamediana: «Creemos que tanto en el caso del chalé como en el de las obras de la sede, el PP ha seguido el mismo procedimiento de contratar a un beneficiario de numerosas adjudicaciones de la administración que ellos siguen». También se preguntó, en ese sentido, si «quizá estemos ante un nuevo milagro económico igual que lo estuvimos en el caso del chalé del presidente, quien dijo que todas las obras apenas costaron 11.000 euros, cuando basta ver la puerta de entrada para saber que solo eso ya costó más de ese dinero».

Por ello, ahondó en el hecho de que «quizá Cuevas y Sanz nos digan que el acondicionamiento de la sede del PP costó también 11.000 euros, pero en ese caso nos gustaría saber quién pagó el resto».

Los votantes avergonzados por el comportamiento de Partidos que amparan la corrupción en sus filas.

Tres de cada cuatro europeos creen que la corrupción está generalizada

Bruselas alerta de la corrupción política, especialmente en comunidades y ayuntamientos.

Los europeos tienen la sensación de vivir en un ambiente de corrupción generalizada. Tres de cada cuatro suscriben esa apreciación, según un amplio estudio que ha publicado este lunes la Comisión Europea, basado en una encuesta ciudadana y en análisis propios. Esa opinión es prácticamente universal en Grecia (99%), Italia (97%) y España (95%), pero también alcanza niveles preocupantes en países con reputación de seriedad como Alemania, donde el 59% de la población cree que las corruptelas están muy extendidas.

Buscando la legitimidad en esas cifras, el Ejecutivo comunitario ha elaborado su primer informe sobre la corrupción en la Unión Europea, un asunto delicado para los Estados miembros, a los que les cuesta aceptar el escrutinio externo. Bruselas no se ha atrevido a realizar su propia clasificación de países más o menos corruptos, pero sí analizado la situación de cada uno, con casos concretos de debilidades y malas prácticas en la lucha contra este fenómeno. “La corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y los Estados de derecho”, ha advertido la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, en la presentación de los resultados. La comisaria anima a los gobernantes a atajar este problema, pues “los resultados muestran que no se está haciendo lo suficiente”.



Bruselas se ha decidido a hacer público este informe —con varios meses de retraso— con el convencimiento de que el nivel de corrupción reinante en los Estados miembros debe atajarse. Para ilustrar sobre la magnitud del problema, el Ejecutivo comunitario cifra en 120.000 millones de euros el dinero que cuestan las corruptelas cada año en toda la UE. "Algunos indicadores muestran que la corrupción ha crecido con la crisis. Pero precisamente la crisis demuestra la necesidad de luchar contra ella, aunque solo sea por razones económicas", ha abundado Malmström..


Solo se evalúa la corrupción en el sector público. 

El Eurobarómetro que recoge las respuestas de los ciudadanos dedica también un pequeño apartado a las prácticas ilícitas en el ámbito empresarial, que tampoco sale muy bien parado. El 67% de los encuestados consideran que la corrupción es parte de la cultura empresarial en el país, aunque en buena medida las preguntas se centran en las conexiones entre el mundo político y económico y las oportunidades que ofrecen para comportamientos irregulares.


La Udef llega a la conclusión de que ninguna otra persona puede esconderse tras las siglas P.A.C que aparecen en la contabilidad de la trama

lunes, 3 de febrero de 2014

PR+ reafirma su posición contraria a la reapertura de Garoña.

Los Populares "obligan" a los riojanos a asumir el riesgo que conlleva la reapertura de Garoña

El funcionamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña siempre ha sido motivo de preocupación para los riojanos que, desde hace años, hemos visto en esta vieja instalación razones de sobra como para dudar de su seguridad.


En muchas ocasiones, desde el Partido Riojano, nos hemos manifestado en contra del mantenimiento de la actividad de esta vetusta Central Nuclear e incluso el propio Parlamento de La Rioja, a iniciativa del Partido Riojano, se ha mostrado partidario de su clausura debido a las alarmantes fisuras que, desde hace años, se han venido detectando en el vaso del reactor que han provocado numerosas paradas técnicas.

Por eso, cuando el pasado 6 de julio la Central Nuclear de Garoña declaró el cese definitivo de la explotación por motivos administrativos, desde el Partido Riojano manifestamos nuestra satisfacción en la confianza de que ese "cese definitivo de la explotación" acabaría convirtiéndose más pronto que tarde en el "cierre definitivo" de la Central que es lo que siempre hemos reclamado.

Efectivamente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) trabaja en esa dirección y pruebas de ello es que a principios de este mismo mes de enero aprobó un nuevo estatus de vigilancia y control para Garoña, distinto del resto de las centrales que continúan produciendo energía; pero sin embargo, al mismo tiempo que eso sucede, el Gobierno de España trabaja de forma acelerada en la dirección contraria para permitir que la Central Nuclear de Garoña solicite la renovación de la autorización para su explotación y, en consecuencia, la reapertura de la Central.

Tanto es así que parece que hoy mismo o a más tardar el próximo viernes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un Real Decreto que permitiría a Iberdrola y Endesa solicitar la renovación de la licencia de explotación y retomar la actividad de la Central.

En el Partido Riojano, ampliar la vida útil de las centrales nucleares hasta los 50 o los 60 años como pretende el Gobierno de Rajoy y hacerlo además mediante un Real Decreto, nos parece un acto de irresponsabilidad muy grave, que el Gobierno de España debería rechazar. El cinismo de Rajoy y su Gobierno llega a extremos intolerables cuando además afirma que la decisión de reabrir la central la deberá tomar la empresa, pero evidentemente, esa decisión nunca la podrá tomar si antes el Gobierno no cambia las normas. Y eso es exactamente lo que piensa hacer con este anunciado Real Decreto, con el único fin de favorecer a una única empresa. Una decisión que, en el Partido Riojano al menos, consideramos absolutamente ilegal.

Desde el Partido Riojano consideramos que la hipotética reapertura de Garoña es un auténtico despropósito por evidentes razones de seguridad, máxime después de lo ocurrido tras el accidente de la central de Fukushima que, recuerdo, era una central gemela de Garoña.

Todos somos conscientes de que la cercanía de Garoña convierte a La Rioja y en especial a La Rioja Alta, en una zona de riesgo ante un hipotético accidente nuclear que, cuantos más años pasen, más posibilidades tiene de producirse. Las consecuencias de un accidente las hemos conocido lamentablemente en Fukushima, en una Central nuclear que, como digo, es gemela, idéntica a la de Garoña.

Es cierto que es difícil que se produzca un accidente, pero los accidentes se producen. De mas o menos gravedad, pero si se producen y La Rioja, que está aguas debajo de Garoña, sufriría consecuencias muy graves aunque el hipotético accidente fuera leve.




Puedo decirles que el Gobierno de La Rioja respalda con absoluta rotundidad y sin ningún género de dudas, todas las medidas que está tomando el Ministerio de Industria para conseguir ampliar la vida útil de la Central de Santa María de Garoña.
Respuesta del Gobierno de La Rioja


Así de claro y rotundo lo ha reconocido el Gobierno de Pedro Sanz al responder a una pregunta parlamentaria que, desde el Partido Riojano, le hemos hecho en este sentido y por eso hoy estamos todavía más alarmados al comprobar que el Partido Popular está claramente al servicio de los intereses económicos de Iberdrola y Endesa, propietarias de la Central, en lugar de proteger los intereses de los ciudadanos.

Parece que el compromiso de Pedro Sanz con estas empresas es tan fuerte como para anteponer sus intereses económicos empresariales a los de los propios riojanos. Quizá el hecho de que el PP se haya hecho con la propiedad de la antigua sede de Iberdrola en Logroño implica unas obligaciones de lealtad que obviamente desconocemos, pero que le conducen a actuar de esta manera.

Esto es algo que también podría explicarle el miércoles Carlos Cuevas al Juez Ruz cuando le pregunte por el dinero negro con el que compraron esta antigua sede de Iberdrola.

En cualquier caso, lo que está claro es que el Partido Popular está muy comprometido con Iberdrola y Endesa y que todos los movimientos que está haciendo los hace para favorecerles de forma directa. Esto sí que son ayudas de Estado.

Para poder reabrir la Central, el Gobierno tiene que modificar ni más ni menos que el Reglamento de Seguridad Nuclear y Radiológica y argumentar que su cierre no fue por motivos de seguridad ni de finalización de su vida útil sino por simples motivos económicos.

Pero además, como en este intervalo, han entrado en vigor las nuevas exigencias que la Unión Europea aprobó tras el accidente de Fukushima, esto obligaría a acometer obras de adecuación en Garoña cuyo coste se estima por encima de los 130 millones de euros.

Como parece ser que las eléctricas nos sangran poco y no tienen suficientes beneficios, para que no tengan que afrontar el coste añadido para poder cumplir con estas exigencias legales de la Unión Europea, lo que hizo el Gobierno de Rajoy en septiembre, fue modificar el impuesto de residuos nucleares de forma que Iberdrola y Endesa se ahorrarán 153 millones de euros en tasas cuando vuelvan a ponerla en funcionamiento. Por si esto fuera poco, el Gobierno, en estos momentos les ha perdonado pagar ese impuesto durante todo este tiempo que la central permanece cerrada.

Así que no solo van a poder disponer del dinero que les van a costar las obras a las que están obligados por Ley, sino que además, por lo que se ve, van a ganar dinero a costa del perdón de los impuestos por parte de Rajoy.

Ante esta situación, el Partido Riojano va a solicitar la inmediata comparecencia del Gobierno de La Rioja ante el Parlamento, para que explique los motivos por los que respalda y apoya las medidas que está tomando el Gobierno de España para ampliar la vida útil de la Central Nuclear de Garoña y permitir su vuelta a la actividad.

También vamos a pedir que, por parte del Parlamento, se reclame la comparecencia del Director General de Nuclenor, la empresa propiedad de Iberdrola y Endesa que se encarga de la explotación de la Central, para que ofrezca explicaciones sobre las condiciones en las que se va a reanudar la actividad de la Central.

Y, por último, presentaremos una Proposición no de Ley para pedir que el Gobierno de España se subrogue en la Comisión Europea para que sea ésta y no el Gobierno del Estado quien supervise y controle todo el proceso de la posible apertura de la Central, impida la aplicación de ayudas de Estado a las empresas propietarias y obligue a cumplir lar normas de seguridad europeas, evitando que el Gobierno pueda modificar "ad hoc" la legislación para facilitar las condiciones para que Nuclenor pueda solicitar la renovación de su licencia de explotación.

Descarga la respuesta parlamentaria del Gobierno de La Rioja pinchando aquí

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domingo, 2 de febrero de 2014

Oír a abogados de la querella contra #Bárcenas es constatar lo difícil y meritorio que es luchar contra EL PODER

Oír a abogados de la querella contra #Bárcenas es constatar lo difícil y meritorio que es luchar contra EL PODER

 
http://www.youtube.com/watch?v=wN_s-HuHH74#t=237