Rajoy desprecia a La Rioja y pacta nuevamente ventajas con el PNV que rebajan la luz a la industria Vasca..

La historia se repite

El Gobierno central concede una rebaja del 50% en la tarifa eléctrica a la industria vasca

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, ha criticado la decisión del Gobierno de Rajoy de conceder una rebaja del 50 por ciento de la tarifa eléctrica "solo a la industria vasca, generando nuevos privilegios y aumentando la brecha de la competencia desleal con nuestros vecinos".

Ha recordado que el viernes pasado, el Congreso de los Diputados aprobó finalmente la "controvertida" Ley del Sector Eléctrico, con la que el Gobierno de Rajoy pretende reordenar el sector y acabar con el déficit de tarifa que se produce porque los ingresos no cubren los costes del sistema eléctrico actual.

El PP no pacta la educacion, pero si ciertos apoyos ¿-?

Esta nueva Ley fue aprobada, "con el voto a favor de los diputados riojanos del PP", a pesar de que incluye el recorte de las primas a las renovables que "afecta a numerosas familias y pequeños inversores riojanos que van a ver como, con esta Ley, se esfuman cientos de millones de euros procedentes en gran parte de pequeños ahorradores y aboca igualmente a la ruina a varias empresas que ya han tenido que prescindir de sus trabajadores", ha criticado.

González de Legarra ha mostrado su "perplejidad" con la decisión adoptada por el Partido Popular con la que queda patente la "visión cortoplacista de un Gobierno que para salir de la crisis ha decidido destruir empleo, aplicando recortes en uno los sectores más productivos, y provocando con esta decisión, la fuga masiva de universitarios, de investigadores y de empresas innovadoras".

Salvo el PP, todos los demás grupos parlamentarios criticaron "con más o menos dureza el contenido de la Ley y reconocieron que esta Ley del PP no va a conseguir resolver el principal problema que arrastra el sector eléctrico español que es el déficit tarifario cuyas consecuencias, como todos sabemos muy bien, estamos pagando todos los españoles".

APOYO NACIONALISTAS

Sin embargo, a pesar de no compartir su contenido, los partidos nacionalistas, tanto el PNV como CiU, "votaron a favor de la Ley, a cambio de nuevos privilegios que el PP les concedió en ese permanente juego que le hace enfrentarse con dureza dialéctica a los nacionalistas mientras que, por debajo de la mesa, les concede todo tipo de prebendas".

En este caso, el apoyo de los nacionalistas catalanes lo consiguió "gracias a la concesión de nuevas competencias a las autonomías". Un acuerdo por el que "hay que felicitar a nuestros vecinos, a los que hay que reconocer su habilidad política aunque sea a costa del ridículo del Gobierno de España y de los perjuicios que, de ese acuerdo, se van a derivar para La Rioja".

Ha afirmado que se van a derivar "perjuicios graves, porque lo que el Gobierno de Rajoy ha pactado con el PNV en el Congreso, es una rebaja en la tarifa de la energía eléctrica para las industrias vascas que reducirá en un 50 por ciento la que actualmente paga la industria de la región vecina. Un 30 por ciento en 2014 al que se sumará otro 20 por ciento a partir del 2015".

El PP, ha señalado González de Legarra, a cambio de un voto que no necesitaba para sacar adelante la Ley, "pacta una rebaja de por vida", del 50 por ciento en los costes energéticos para todas las industrias del País Vasco. Un acuerdo que evidentemente, "va a convertir a las empresas vascas en empresas mucho más sostenibles y con menores costes fijos en algo tan importante y tan decisivo para garantizar la competitividad empresarial como lo es la factura eléctrica".

"MENOS COMPETITIVOS"

Gracias a este acuerdo del PP con los nacionalistas vascos, las empresas riojanas "serán menos competitivas". Cualquier empresa riojana pagara una factura energética un 50 por ciento más alta que una empresa que esté situada en Laguardia, en Oyón o en Vitoria.

Por lo tanto, lo que han hecho con su voto los diputados riojanos del PP y el propio Partido Popular, con el consentimiento de Pedro Sanz, es otorgar al sector industrial vasco "unas mejoras económicas, unos nuevos privilegios que son fundamentales en el cálculo del coste fijo que tienen que soportar todas las empresas".

"Cualquier empresa vasca que tenga unas tarifas iguales o superiores a 30 kw se verá beneficiada por unos descuentos en sus tarifas del 50 por ciento, algo que en La Rioja no solo no sucederá, sino que el precio de la energía aumentará como ya lo ha hecho en 2013 y pasará también con total seguridad en 2014", ha lamentado el presidente de los regionalistas

Por ello, se ha preguntado por "¿Cómo se piensan compensar estos nuevos privilegios?". "Seguro que el Gobierno seguirá incluyendo en los presupuestos de La Rioja esos 18 millones de euros comocompensación del Efecto Frontera; pero la realidad es que nunca llegan", ha apuntado.

Para finalizar, González de Legarra ha indicado que los diputados riojanos del PP han conseguido con su voto a esta Ley es que las empresas riojanas "tengan que sumar a la deslealtad fiscal que ya supone el régimen foral de nuestros vecinos, otra nueva forma de competencia, igual de desleal, en forma de rebaja de las tarifas eléctricas al sector industrial vasco, con la diferencia de que este no es un privilegio reconocido por la Constitución, sino que es simplemente la consecuencia de un acuerdo con el PP, que es aplaudido y bendecido por Pedro Sanz".

Las resistencias democráticas son esenciales para frenar el deterioro social y político al que estamos asistiendo y que podría llegar a convertirse en la antesala de un nuevo y más profundo descalabro económico

Economistas Frente a la Crisis

El pensamiento económico al servicio de los ciudadanos

Desde Economistas Frente a la Crisis condenamos enérgicamente la actuación policial que se muestra en las siguientes imágenes que consideramos intolerables e insoportables http://www.youtube.com/watch?v=QoPy31YlnQU.

Fueron grabadas el día en que el Gobierno aprobó el proyecto de reforma de la ley del aborto y nos retrotraen a tiempos pre-democráticos que creíamos superados, donde los cuerpos de seguridad reprimían los derechos fundamentales de la ciudadanía en lugar de defenderlos, como es su deber constitucional.

Rechazamos la privatización de los servicios públicos (sanidad, educación, policía…) y rechazamos también la reforma de la ley del aborto que motivó las manifestaciones reprimidas, por considerarla claramente contraria a la libertad y la igualdad de las mujeres y un retroceso de las libertades democráticas de toda la ciudadanía. Como ciudadanos, mujeres y hombres, nos sentimos todos amenazados, todos concernidos por la represión que sobrevuela el ejercicio de la libertad de las mujeres que no es más que la libertad de todos. Repudiamos, en fin, la deriva autoritaria que está tomando la política en nuestro país, donde los derechos reconocidos en nuestra Constitución, propios de un Estado social y democrático de Derecho, están siendo sistemáticamente desconocidos y vaciados de su contenido y sentido constitucional.

Economistas Frente a la Crisis, que tiene por objeto poner el pensamiento económico al servicio de los ciudadanos, no puede permanecer insensible ante los modos autoritarios que está desarrollando el gobierno de España. La recuperación obsesiva del orden público, la ocupación partidaria intolerable de todas las instituciones del Estado, la obsesión por criminalizar conductas ciudadanas, entre ellas las que afectan a la libertad de las mujeres, provocan daños irreversibles a la convivencia y dañan la imagen tolerante y pacífica que como país disfrutábamos.

Si hemos denunciado como ideológicos los excesivos y dogmáticos ajustes económicos, si hemos defendido los consensos sociales como imprescindibles para desarrollar una salida democrática de la crisis, denunciamos ahora esta deriva autoritaria de los comportamientos públicos, que asociamos a la misma visión torpe, elitista y tecnocrática que puede romper los equilibrios sociales.

Insistimos en que la pérdida de credibilidad política y social empieza a ser ya una barrera para la economía y para la propia salida de la crisis. Lo es hasta el punto de que el diario conservador británico The Times acusa al presidente Rajoy de abuso de poder o de queThe Economist se atreva a comparar a España con Marruecos, Ucrania, Pakistán o Haití por su “alto riesgo de revueltas”.

Este gobierno no sólo está demostrando incapacidad para resolver los problemas de este país sino que, si no cambia su deriva antidemocrática, empieza a ser él mismo nuestro principal problema.

Exigimos sean sancionados los policías implicados y la destitución de sus responsables jerárquicos: la Delegada del Gobierno de Madrid y el Ministro del Interior. Las líneas rojas que nunca deben ser traspasadas están empezando a ser violadas. Es una nueva dimensión de la crisis. Nos negamos a sentirnos amenazados. Nos negamos a sentir miedo. Es una exigencia democrática que las autoridades a las que corresponda se disculpen ante las ciudadanas apaleadas y maltratadas y dén una explicacion a la sociedad por estos hechos.

Aquí queremos dejar testimonio de nuestra profunda solidaridad con las víctimas de las políticas económicas, sociales y represivas que ya están empezando a alcanzar todos los rincones de nuestra sociedad, y hacemos un llamamiento a los partidos políticos y a las organizaciones sociales para que convoquen una gran manifestación cívica que abiertamente condene la deriva que denunciamos.

Hoy, más que nunca, las resistencias democráticas son esenciales para frenar el deterioro social y político al que estamos asistiendo y que podría llegar a convertirse en la antesala de un nuevo y más profundo descalabro económico.

Se dispara el coste de la campaña de imagen de los dirigentes Populares "(Vamos a contar mentiras)"......... Los españoles pagan y callan.

Los intereses por las nubes

No hay más crédito ni lo habrá y si lo hay será más caro

Flaquea la demanda solvente de las empresas, pero también la oferta de los bancos

El rescate europeo evitó la explosión del sector bancario —mejor dicho, de las cajas bancarizadas— en España. Pero no cumplió ni cumplirá su segundo objetivo, finiquitar la sequía de crédito para relanzar la inversión y, pues, el empleo.

No hay más crédito, sino menos. Ni lo habrá en dos años. Y el que haya, será más caro y conllevará condiciones más ásperas.

Esa es la traducción exacta del pronóstico formulado por la troika supervisora, compuesta por la Comisión, el FMI y el BCE (EL PAÍS, 19 de noviembre). Según ella, el crédito “tocará fondo” en 2014 (es decir, aún seguirá bajando) y “aumentará ligeramente desde finales de 2015” (o sea, dentro de dos años) “con la excepción”, a peor, de las pymes.

Ahí van unos datos ilustrativos (el lector alérgico a las cifras, que pase al párrafo siguiente). Entre diciembre de 2008 y junio de 2013 la financiación empresarial cayó en 270.000 millones de euros. A junio, el volumen de nuevos préstamos se redujo el 66% desde máximos. De julio a julio, la financiación total cayó un 13%, de 1,71 billones a 1,49 billones. El 25% de las pymes españolas consideran la carencia de crédito su principal problema, por el 16% de las europeas; y los créditos pedidos por las españolas pero rechazados por la banca aumentaron un 27% en el semestre acabado en marzo, por un 18% en Grecia y un 15% en Portugal (Banco Central Europeo, abril 2013, octavo informe de la Encuesta sobre el acceso a la financiación..., www.ecb.europa.eu). El abismo entre el coste de un crédito a una pyme española y lo que le cuesta a una alemana puede alcanzar el del doble (entre el 6% y el 3%). Y los préstamos oficiales del ICO bajaron a 7.941 millones de euros de enero a septiembre, un 21% menos que en igual periodo de 2012. ¿Vale ya?

Las causas proceden de tirios y troyanos. Flaquea la demanda solvente de las empresas, por el excesivo apalancamiento (endeudamiento) acumulado y la crisis de consumo en casi todos los sectores. Flojea la oferta de los bancos, porque ganan más y más seguro con el carry trade, esto es, endeudándose en el BCE al 0,25% y comprando deuda pública por encima del 3%; y porque se les atornilla exigiéndoseles más capital y más vigilancia al riesgo. Para un repertorio completo de las causas, vean   

Un análisis de la situación del crédito en España en el boletín económico de octubre del Banco de España (www.bde.es). Para una visión sin circunloquios desde los banqueros, la de Josep Oliu (Sabadell): “Todos los que se quejan pueden ir quejándose, pero el país no va a ser nunca lo que fue (...) el crédito de la forma que se daba antes de la crisis no va a volver, los bancos hemos mejorado nuestra percepción del riesgo (...) los precios del crédito no van a ser tampoco los mismos que los de antes porque el país tiene una prima de riesgo determinada” (Expansión, 15 de noviembre).

¿Hay recetas para paliar esta sequía, ni que sean parches temporales y parciales? Las hay. Y muchas. Por un lado, catapultar a los inversores institucionales (colocaciones privadas, crowfunding por Internet, titulaciones…) Por otro, el Banco de España propone una recua de medidas en el informe citado: reforzar al ICO, simplificar el marco legal del apoyo a las pymes, facilitar mecanismos extrajudiciales de pago, reinventar las sociedades de garantía recíproca, procurar a las pymes mecanismos para ofrecer mejor información de sí mismas... Y el BCE también podría aportar mucho más (¿con la venia del Bundesbank?), no solo recortando aún más el tipo básico de interés, o con nuevas barras de liquidez adicionales al billón de euros ya dispensado, sino reduciendo el coeficiente de caja, o comprando activos privados, como la Reserva Federal. También se podrían condicionar algunas de esas medidas de apoyo a la banca a que esta aumentase su apoyo a las pymes serias. O sea, un nuevo contrato banca-empresa.
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La España de Rajoy y Pedro Sanz. Estas son las "Soluciones" que prometieron en campaña.

dedicado a los lamentables salvapatrias que sufrimos en nuestro país

" Gallardón, el ministro de (In)Justicia, es, además de un declarado misógino, un mentiroso compulsivo"

Gallardón miente una vez más

Mientras Gallardón anuncia que se ha aprobado el anteproyecto de la reforma del aborto, en la referencia del Consejo de Ministros se advierte que éste ha recibido simplemente un informe del Ministro de Justicia sobre el citado Anteproyecto. Nada se ha aprobado, por tanto.

Mar Esquembre Cerdá - Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante

Confirmado: Gallardón, el ministro de (In)Justicia, es, además de un declarado misógino, un mentiroso compulsivo. Ha mentido durante toda su etapa al frente del ministerio acerca de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la despenalización del aborto y miente ahora al afirmar que el Consejo de Ministros ha aprobado el disparatado anteproyecto de ley que se ha atrevido a presentar, para escarnio y ofensa de todas las mujeres de este país, incluyendo a la vicepresidenta del Gobierno y a las ministras.

Desde que anunciara la reforma de la vigente ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, Gallardón ha apelado a la vuelta a la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 11 de abril de 1985, una de las más polémicas en la que la discusión sobre el significado del término "todos" del artículo 15 de la Constitución (y que le "debemos" a Fraga) ocupa demasiado espacio y la palabra "mujeres" brilla por su ausencia. Gallardón pone en boca del TC lo que éste no ha dicho y convendría recordar algunas cuestiones principales sobre la citada sentencia que este ministro tergiversa a su antojo.

El TC dejó bien claro, en ésta y posteriores sentencias, que la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por el art. 15 de la Constitución, pero no le corresponde de ninguna manera la titularidad del derecho a la vida. Titular de derechos sólo lo puede ser la persona y el nasciturus no lo es. No se trata, por tanto, de un caso de colisión de derechos: chocan un bien jurídico (el nasciturus) y un derecho fundamental (el de la embarazada). En el informe sobre el anteproyecto de ley se habla de colisión de derechos, introduciéndose esta confusión ya en el mismo título.

De otro lado, afirmó ya entonces el TC que "el legislador puede adoptar cualquier solución dentro del marco constitucional, pues no es misión de este Tribunal sustituir la acción del legislador". Como en 1983 se optó sólo por despenalizar el aborto en aquellos tres supuestos ya conocidos, el TC declaró que ello era conforme con la Constitución. Únicamente advirtió de la necesidad de introducir cautelas en los casos de aborto terapéutico y eugenésico, como así se hizo en 1985 mediante la exigencia de informes médicos y de un plazo de "reflexión" de la mujer a fin de proteger adecuadamente al nasciturus como bien jurídico.

Pues bien, la solución adoptada cambió en 2010, aprobando el legislador no sólo un sistema de indicaciones sino también de plazos. Se trata de la vigente ley, recurrida por el PP y pendiente de resolución todavía por el TC, que respeta escrupulosamente esa jurisprudencia, aunque el marco constitucional permitiría otra regulación más favorable a los derechos de las mujeres. Una ley que el TC no puede declarar inconstitucional, puesto que tiene que hacerlo basándose en criterios jurídicos y carece de ellos. Por eso Gallardón quiere reformar la Ley sin esperar a que se pronuncie el TC y por eso ha presentado este anteproyecto que, efectivamente, vuelve a un sistema de indicaciones, pero en condiciones infinitamente más duras que las de 1985, tanto para las embarazadas como, sobre todo, para las y los profesionales que hayan de practicar la interrupción del embarazo.

Pero, y aquí entramos en la siguiente mentira, no se aprobó nada el pasado viernes. Les invito a que comparen el resumen presentado por éste y el que aparece en la web del ministerio de Justicia. Mientras Gallardón anuncia que el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada (por cierto, lo de 'mujer embarazada' es un pleonasmo), en la referencia del Consejo de Ministros colgada en la web de La Moncloa se advierte que éste ha recibido simplemente un informe del Ministro de Justicia sobre el citado Anteproyecto. Nada se ha aprobado, por tanto.

A este texto todavía le queda mucho camino para convertirse en una iniciativa legislativa del Gobierno. El apartado segundo del artículo 22 de la Ley del Gobierno establece que el anteproyecto "irá acompañado por la memoria, los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar. En todo caso, los anteproyectos de ley habrán de ser informados por la Secretaría General Técnica".

No ha trascendido si se han cumplido o no estos requisitos, pero, en cualquier caso, el citado artículo establece la necesidad de que el Consejo de Ministros decida sobre "ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos". Sólo una vez cumplidos dichos trámites, el Ministro de Justicia podrá someter de nuevo el anteproyecto para su aprobación como Proyecto de Ley y su remisión al Congreso de los Diputados acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la Memoria y demás antecedentes necesarios para pronunciarse sobre éste. Aunque pudieran prescindir de alguno de estos trámites "por razones de urgencia", hay otros de carácter preceptivo que no se pueden soslayar. Por tanto, repito, queda todavía camino para que este despropósito se apruebe como proyecto de ley.

Quiero pensar que con esta maniobra sólo se busque calmar el ansia misógina del Ministro y de las huestes más fanáticas del PP. Pero el precio que se paga con ello, la alarma social generada no es, de ninguna manera, admisible en un Estado democrático.

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¿Cuando dice la verdad Rajoy?

Un vídeo que recopila las contradicciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 

a lo largo de los dos años de mandato. JSE recoge en el audiovisual, de modo irónico, las escasas y contradictorias respuestas que el jefe del Ejecutivo ha dado sobre asuntos que preocupan a los ciudadanos como la recuperación económica, el rescate a la banca; los impuestos; las pensiones; la sanidad o la financiación irregular en el PP