jueves, 6 de marzo de 2014

La pensión media se hace "mileurista" mientras que el salario medio cae en picado. A pesar del Gobierno


La cuarta parte de los pensionistas cobra más que la mayoría de trabajadores.


La crisis económica continúa produciendo intensos cambios en la estructura económica española. También está afectando, y de forma relevante, a la relación entre salarios y pensiones, la clave de bóveda del sistema público de protección social. Y lo que dicen las últimas cifras oficiales es que, prácticamente, la cuarta parte de los pensionistas españoles -en concreto, el 23,26%-, tiene ya unos ingresos superiores al tramo salarial más frecuente entre los trabajadores en activo.

O lo que es lo mismo, y expresando de forma más precisa, 1,89 millones de pensionistas (incluyendo todos los regímenes) tienen unos ingresos que se sitúan por encima de los 16.800 euros al año (en catorce pagas), que es el salario más frecuente de los españoles, según refleja la última Encuesta de Estructura Salarial de España.

Lo paradójico del caso no es tanto la relación entre salarios y pensiones, sino, sobre todo, su evolución dispar, toda vez que mientras el incremento de las nóminas se ha ido moderando a consecuencia de la crisis (el aumento salarial medio pactado en convenio apenas está creciendo un 0,6% -por debajo del IPC-), la pensión media no ha dejado de subir. La pensión media del sistema de Seguridad Social (de nuevo incluyendo todos los regímenes) se situó en 974,30 euros. Es decir un 3% más que en la media del año 2012.

El incremento no tiene que ver con una subida general de las pensiones. Al contrario, hay que vincularlo a que las nuevas pensiones son más elevadas que las que causan baja (también las bases de cotización son más elevadas), por lo que de forma automática se produce un aumento de la pensión media, que sube más que los salarios.

Se trata de un proceso imparable que se manifestará con mayor nitidez en los próximos años de mantenerse la moderación salarial. Hay que tener en cuenta que mientras que la pensión media de quienes se dan de baja asciende a 777,99 euros al mes, la cuantía de las nuevas pensiones es de 986,20. Por lo tanto, casi un 13% más.

¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que las pensiones públicas son cada vez más relevantes a la hora de garantizar la renta disponible de las familias. No hay que olvidar que esos casi 1.000 euros de pensión media se sitúan muy encima de lo que perciben millones de trabajadores.

Según la Encuesta de Estructura Salarial, el 33% de los trabajadores a tiempo completo -uno de cada tres- obtiene mensualmente unos ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI), que para este año se ha fijado en 645,30 euros. Es decir, 18.068 euros. Casi dos millones de pensionistas ingresa por encima de esa cantidad. 

Pensiones y umbral de pobreza

El hecho de que la pensión se ha convertido en un factor fundamental de estabilidad económica, a consecuencia de que la economía española ha destruido casi cuatro millones de empleos desde que estallara la crisis, se observa de forma nítida en el siguiente ejemplo.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), el riesgo de pobreza ha subido en España desde que apareció la crisis. Ha pasado del 20,7% al 21,1% para el conjunto de las edades. Pero para las superiores a 64 años, este riesgo (cuando no se alcanza el 60% de la mediana por unidad de consumo) ha pasado del 21,7% en 2010 al 16,9%, señal inequívoca de que las pensiones ganan cuota en el reparto de la tarta nacional frente a los salarios.

Esta evolución de las pensiones en un contexto de moderación salarial explica, en parte, la intención del Gobierno de ir limitando su actualización en función de la marcha del índice de precios de consumo (IPC).

En el reciente documento enviado por la Seguridad Social al Pacto de Toledo, se recuerda, de hecho, como una especie de aviso a navegantes que el impacto de la crisis económica ha planteado la reforma del sistema de revalorización de las pensiones en numerosos países, incluyendo “modificaciones en el método de cálculo de dicha indexación”. Además del indicador de precios de consumo, sostiene el Gobierno, se ha incluido la evolución media de los salarios o laproductividad. De esta manera, se pretende abortar la creciente divergencia entre evolución de los salarios y de las pensiones.

miércoles, 5 de marzo de 2014

El futuro ha llegado: más empleo a tiempo parcial, más autónomos y sueldos minis


Por: Ernesto Ekaizer | 04 mar 2014

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, considera que los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de febrero indican una cosa: "El mercado laboral ya se ha dado la vuelta". También ha aprovechado para defender la reforma laboral de febrero de 2012.

Y ha subrayado algo esencial: "Desde el Gobierno nos gusta decir que ya tenemos una nueva cultura del empleo, de la colaboración y de la flexibilidad".

Una nueva cultura

Esta percepción de la ministra es una excelente guía para examinar los datos del mes de febrero.

Veamos.

El Gobierno de Rajoy heredó del Gobierno de Zapatero, a 31 de diciembre de 2011, una economía con 5.273.600 personas en paro. O una tasa, según la Encuesta de Población Activa (EPA), del 22,85%.

Según la misma encuesta, tenemos, a 31 de diciembre de 2013, 5.896.300 parados. Una tasa del 26,03%.

Si se toman datos ya disponibles de la Contabilidad Nacional, durante 2012 y 2013 se han destruído 573.000 puestos de trabajo a tiempo completo (308.000 en 2012 y 265.000 en 2013). Según estos mismos datos, en España trabajan 17,2 millones de personas. Y de ellas 15,8 millones tienen empleo a tiempo completo.

Uno de los objetivos de la reforma laboral es, como explica la ministra de Empleo, el cambio de la cultura del empleo.

Que, según afirma, ya se ha conseguido.

Los datos del mes de febrero confirman lo que podríamos denominar el patrón Báñez. 

O la cultura Báñez.

El contrato indefinido a tiempo parcial es la llave maestra.

Según los datos oficiales, en febrero se han rubricado 1,09 millones de contratos. Son 141.035 más que en febrero de 2013.

Ahora bien, 97.804 son de carácter indefinido, o un 8,97% del total. Esto representa un incremento de 6.220 contratos, o un 6,79% más que en febrero de 2013.

Y 993.075 han sido contratos temporales, o 134.815 más, un 15,7%, que en el mismo mes del año anterior.

Al ver la composición del aumento de 6.220 contratos indefinidos se advierte lo siguiente: los indefinidos a tiempo completo son 2.575 (subida interanual del 4,9 %) y los indefinidos a tiempo parcial 3.645 (subida del 9,3%). Es decir, del incremento interanual los contratos a tiempo parcial representan el 55%.

Existe una correlación cultural, por así decir, entre estos datos del paro registrado y la estadística de afiliaciones a la Seguridad Social. En febrero, tal como se podía ver ya desde enero pasado, se produciría la primera creación de empleo interanual. Y se ha producido. Son 61.557 afiliados más que en febrero de 2013.

Rajoy había anticipado este crecimiento interanual de afiliados en el debate sobre el Estado de la Nación, el pasado 25 de febrero, y volvió a repetirlo en Sevilla el pasado fin de semana: "Este mes [febrero] habrá más gente cotizando que en febrero del año pasado [2013].

Esto ha ocurrido y también ha ido acompañado de un dato positivo de afiliaciones en febrero, de 38.900 personas.

Pero, otra vez, al entrar en la composición de estas afiliaciones, se puede ver que si en el incremento de los contratos indefinidos del mes de febrero, respecto al mismo mes del año anterior, juega un papel importante el tiempo parcial, en las afiliaciones el motor son los autónomos.

Si se echan cuentas, unos 44.000 afiliados, o alrededor del 70%, de los 61.557 ganados en el último año, febrero 2014 sobre febrero 2013, pertenecen al regimen de autónomos.

Por tanto, tenemos dos componentes de la nueva cultura: más empleo a tiempo parcial y más autónomos.

Una de las grandes sorpresas de la subida de afiliaciones en febrero ha sido la aportación del sector agrario. La recolección de la aceituna ya había dado alegrías en el mes de diciembre, lo que quedó reflejado en la EPA del cuarto trimestre de 2013. Pero las lluvias han aplazado una recolección que suele acabar en enero. Este año se ha prorrogado a febrero y se adentrará incluso en marzo. El efecto es que una cantidad de contratos que se extinguen han seguido vigentes, ya que gran parte de la gente extranjera y no puede ser devuelta durante el periodo en que se paraliza la actividad a la espera del buen tiempo.

Los datos de los próximos meses serán una prueba importante. Porque ya en marzo y abril del año pasado los datos experimentaron disminución en la primera estadística (paro registrado) y un aumento en la segunda (afiliaciones). 

Finalmente, hay otro capítulo para completar la cultura Báñez y que parece ser un rasgo casi permanente: la caída de la población activa, es decir la disminución/abandono/emigración del colectivo formado por los que trabajan y los que pugnan por conseguir empleo.

Lo que, lógicamente, ayuda a reducir las cifras de paro.

Es una cultura, pues, política y publicitariamente rentable. Así se vende.

La Banca desafía al débil Gobierno de Rajoy .

Bankia, Popular y Sabadell desafían a Guindos por las polémicas cláusulas suelo

La banca cada vez hace menos caso a las 'sugerencias' del Gobierno. Al pulso por mantener a José María Roldán como candidato a la presidencia de la Asociación Española de Banca (AEB), se añade ahora el mantenimiento o la reposición de las polémicas cláusulas suelo que siguen obligando a aceptar determinadas entidades como Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular.

Como publicó ayer El Confidencial, el banco nacionalizado exige a los clientes a los que les concede un crédito hipotecario aceptar por escrito y a mano que la cuota de su préstamo no bajará del 3,5% con independencia de cómo esté el tipo de interés de referencia, habitualmente el Euribor. Un diferencial muy alto si se tiene en consideración que el citado índice está ahora en el 0,54% y que los bancos están ofreciendo créditos próximos al 2%.

Pero no es sólo Bankia la que impone estas cláusulas, que el Tribunal Supremo condenó el pasado año por considerarlas abusivas al no explicárselas al tomador con la transparencia necesaria. Banco Popular y Banco Sabadell, dos entidades que ya las incluían en sus condiciones antes de la sentencia del Alto Tribunal, las siguen exigiendo, según han confirmado fuentes financieras.

Todo un desafío al ministro de Economía, Luis de Guindos, que cuando el pasado verano conoció el castigo que el Supremo impuso a BBVA, Cajamar y Novagalicia pidió al Banco de España en unas jornadas sobre el sector que pusiera "especial atención" en el cumplimiento por parte de todas las entidades de la jurisprudencia que sienta la sentencia del Tribunal Supremo, sin necesidad de que los clientes acudan a los jueces para reclamarlo.

"El Banco de España va a poner medios especiales para que se aplique la sentencia del Supremo", indicó el ministro al considerar que era "fundamental" que estas cláusulas fuesen transparentes en el intento de reformar y dotar de credibilidad al sector financiero español. De Guindos no creó después ningún tipo de normativa, pero en diversas ocasiones recordó que la sentencia del Alto Tribunal debería “extenderse a otras entidades” porque generaba jurisprudencia.

El presidente del Banco Popular, Ángel Ron. (EFE)Sin embargo, ocho meses después de aquella decisión judicial, el Banco de España no ha publicado ninguna circular sobre las cláusulas suelo. 

La institución que preside Luis Linde se ha inhibido en esta polémica, que afecta a cerca de 1,7 millones de contratos hipotecarios. El supervisor no puede modificar unilateralmente los contratos con los clientes (algo que sólo pueden hacer las entidades o un juez), pero, como pasó en su día con la limitación a la retribución de los depósitos a plazo fijo, sí puede sugerir a las entidades su retirada.

¿Es Economía incapaz? 

Fuentes financieras explican que ni Bankia, ni Sabadell ni Popular “se pueden permitir el lujo” de quitar las cláusulas suelo porque de lo contrario las pérdidas por su negocio ordinario continuarían durante muchos años. Por ejemplo, el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri amortiza anualmente un 8% de su cartera vieja de hipotecas y la sustituye por nuevos créditos. A ese ritmo, la entidad tardaría años en darle la vuelta a sus deteriorados márgenes de intermediación.

La situación es similar a los otros dos bancos, cuya cuenta de resultado depende casi exclusivamente de la evolución de la economía española. Retirar los topes para adecuar las cuotas de los préstamos al valor real de mercado del Euribor les supondría unas pérdidas muy significativas. Basta decir que BBVA tuvo que apuntarse unas provisiones de 420 millones de euros por quitar esa condición a cerca de 600.000 hipotecados.

En el ministerio de Economía hay un profundo malestar con el banco dirigido con Goirigolzarri porque esta política comercial lastra la imagen de una entidad que recibió 22.000 millones de ayudas públicas y que poco a poco estaba recuperando la confianza de los particulares que sufrieron el expolio de la salida a bolsa de las participaciones preferentes.

Por su parte, en Banco Popular argumentan que sus cláusulas suelo "son totalmente transparentes y lícitas" y que la sentencia del Supremo castigó sólo a una serie de entidades que las ocultaban a sus tomadores. Además, subrayan que no hay ninguna normativa que les obligue a suprimirlas.

lunes, 3 de marzo de 2014

Bankia lejos de quitarlas, ha decidido ponerlas de nuevo con obligación manuscrita.



NO PERMITE BAJAR EL DIFERENCIAL A MENOS DEL 3,5%

A bolígrafo y por escrito. Así exige Bankia a los clientes a los que les concede un crédito la aceptación de las polémicas cláusulas suelo, una condición considerada abusiva y que fue censurada por el Tribunal Supremo en sentencia firme contra varias entidades. Pese al golpe judicial contra la operativa generalizada de la banca, el grupo financiero nacionalizado las ha incluido de nuevo en sus préstamos al sostener que son legales.

Ellos permiten el abuso
Bankia ha confirmado esta imposición a los clientes a la hora de firmar un crédito, especialmente los hipotecarios que está volviendo a incentivar tras mantener el grifo cerrado para la compraventa de casas. Según la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, el fin de este requerimiento es la transparencia, para que el tomador sea plenamente consciente de las condiciones del préstamo.

La obligación consiste en copiar a mano en un papel y ante notario un documento mecanografiado y remitido por Bankia en el que se especifica que el crédito contiene un tope que impide que se reduzca la cuota mensual a pagar aunque el índice de referencia –el Euribor– baje en los mercados de capitales. De esta manera, el usuario manifiesta ser totalmente consciente de la cláusula, que cierra la puerta a cualquier reclamación judicial posterior.

Si la citada imposición es llamativa, aún más lo es el tipo de interés que Bankia aplica como suelo a los créditos hipotecarios. El banco, que fue rescatado con una aportación de fondos públicos de cerca de 23.000 millones de euros, no permite que el diferencial que paga el cliente se sitúe por debajo del 3,5%, con independencia de cómo cotice el Euribor. El citado indicador se mueve ahora en el 0,55%, por lo que la entidad nacionalizada cobra un precio de casi el 3%.

Se trata de un diferencial muy superior al que algunas entidades, comoBanco Santander, Bankinter, Kutxabank y Sabadell, están ofreciendo a los ahorradores en sus nuevas campañas comerciales. Hay casos en los que, en función de una determinada vinculación, se llega hasta el 1,75%, como es la oferta que tiene actualmente el banco con sede en San Sebastián.


Desde Bankia se sostiene que las cláusulas suelo no son ilegales ni abusivas siempre y cuando se informe con claridad al prestatario, tal y como determina la sentencia del Tribunal Supremo. La alta instancia judicial señaló en su sentencia del pasado 9 de mayo que los citados topes eran lícitos “siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos".

El Tribunal Supremo condenó a BBVA, Cajamar y Novagalicia a retirar esa condición por no haberlo comunicado debidamente a los clientes. La entidad presidida por Francisco González recurrió la medida, que fue ratificada posteriormente en dos ocasiones, pero la aplicó con efectos inmediatos a sus 425.000 créditos hipotecarios. La institución tuvo que provisionar 420 millones de euros. Las otras dos hicieron lo propio hasta sumar cerca de 600.000 créditos sobre un total de 1,7 millones que se estiman sufren esta cláusula.

Los bancos que también usaban este tope eran Banco Popular y Banco Sabadell. CaixaBank y la propia Bankia las habían heredado de Banca Cívica y de algunas de las cajas pequeñas que conformaron el holdingBanco Financiero y de Ahorro. Ni La Caixa, ni Caja Madrid ni Bancaja las tenían de origen. 

La entidad dirigida por Goirigolzarri contaba con una cartera hipotecaria de 3.600 millones con cláusulas suelo, el 2,5% de todo su saldo crediticio, Tras la sentencia del Supremo, el banco empezó a negociar con cada cliente una solución particular, según reconoció José Sevilla, director general de Presidencia, de lo que se dedujo que las eliminaría al ser una excepción. Sin embargo, lejos de quitarlas, el grupo ha decidido ponerlas de nuevo ya como Bankia con obligación manuscrita.