En el año 2009 la empresa de transportes riojana Jesús Martínez Ruiz S.L. se encontraba en una situación de colapso financiero que le obligó a presentar un plan de refinanciación de deuda que fue aceptado por un consorcio integrado por siete entidades y al que se incorporó la ADER, mediante la firma de un aval por importe de 500.000 euros que se firmó el 29 de junio del año 2010.
Solo cuatro meses después de la firma de este aval, la ADER denunció por fraude a la empresa y en ese momento en que se produce la denuncia, el propio Javier Erro declaró públicamente que la ADER iba a intentar recuperar todo el dinero de su participación; que existía un “informe favorable para el aval” y que, “por supuesto, cumplía todas las condiciones”.
.jpg)
Hoy, a la vista de parte del expediente al que hemos podido tener acceso desde el Partido Riojano, puedo afirmar que Javier Erro mentía cuando declaraba que iban a recuperar el dinero del aval concedido a Jesús Martínez Ruiz S.L., porque para la concesión de ese aval de 500.000 euros, el Gobierno de La Rioja no exigió a la empresa ningún tipo de garantía que asegurara la recuperación de la inversión en caso de incumplimiento. Y no lo exigió a pesar de que todos los informes internos que se realizaron por la ADER para informar la concesión del aval, aconsejaban la exigencia de ese tipo de garantías, como viene siendo habitual con otras empresas. ¿Por qué Javier Erro no exigió garantías, precisamente a esta empresa cuya situación y prácticas provocó que, sólo cuatro meses después, fuera denunciada por fraude por el propio Erro?
Ver Entrada Blog (Click)
