NUEVAS PLANTACIONES

PR+ pide una nueva orden y un precio más bajo 

Miguel González de Legarra, denunció que «la adjudicación, sin hacerla de nuevo, sería hasta ilegal» e insistió también en que «el precio es abusivo para el viticultor»

El diputado del PR+, Miguel González de Legarra, reclamó ayer en el Parlamento ante el consejero de Agricultura, la celebración de una nueva convocatoria para resolver el reparto de nuevas autorizaciones de plantación de viñedo blanco puesto que las condiciones de reparto anunciadas por el Gobierno de La Rioja son sustancialmente distintas a las de 2009 tras la incorporación de derechos de plantación procedentes de la Reserva vitícola Nacional. 

MIGUEL GONZALEZ DE LEGARRA

El también presidente del PR+ denunció que el proceso de concesión podía considerarse ilegal, porque la convocatoria de 2009 se hizo en base a unos parámetros y criterios que se han modificado radicalmente al entrar en escena la reserva nacional y que esas modificaciones dejaban fuera a muchos jóvenes agricultores que se han incorporado a la actividad agraria en los últimos años y que estarían en inferioridad de condiciones. González de Legarra opinó también que «el proceso no está siendo transparente ni participativo y calificó de abusivo el precio de 1.200 euros por hectárea que piensa cobrar el Gobierno de La Rioja a los viticultores y con los que va a recaudar más de 2 millones de euros que es, al parecer, lo único que le importa.

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El consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, anunció ayer que el próximo mes de marzo los viticultores riojanos que solicitaron autorizaciones para las nuevas plantaciones de blanco recibirán la resolución individual con la superficie asignada a cada uno y que el proceso estará concluido para finales de junio. Nagore compareció ayer ante la Comisión de Agricultura del Parlamento, a petición del PSOE, para explicar el proceso de adjudicación de las 1.750 nuevas hectáreas que su departamento decidió desbloquear hace unos meses después de tres años de 'congelación' a petición de las organizaciones del sector productor.

La polémica reside en que la Consejería continuará el procedimiento iniciado hace tres años y medio y, pese a haber conseguido las 1.750 hectáreas de las nuevas plantaciones de la reserva nacional del Ministerio cuando inicialmente estaba previsto que los viticultores buscaran transfer (compra de derechos en otras regiones), no abrirá una nueva convocatoria, tal y como demandaron ayer el PSOE y el PR+ : «Al sector -dijo Nagore- le ofrecimos la posibilidad de continuar con el proceso iniciado en el 2009, abrir uno desde el comienzo con nuevas solicitudes o hacer una solución intermedia, con parte de las hectáreas para quienes solicitaron en el 2009 y parte para nuevos». «El caso -añadió- es que la mayoría nos pidió que continuásemos con la orden de entonces y así lo hemos hecho».

El otro asunto polémico es la tasa fijada por la Consejería que tendrán que pagar los viticultores para hacerse con los derechos de plantación de la reserva (1.200 euros por hectárea). «Es un precio razonable, escaso para varias de las organizaciones del sector por lo que cuestan los transfer, y en cualquier caso la orden permite que quien quiera aportar una transferencia en vez de comprar el derecho de la reserva también puede hacerlo», explicó el consejero.

La Consejería ha contactado ya con los viticultores que en su día solicitaron plantaciones para que ratificaran dicho interés y está claro que sigue siendo alto: sólo 25 solicitantes (44 hectáreas) han renunciado. Así, las peticiones duplican las 1.750 hectáreas para repartir y, en el caso de los agricultores (reciben el 85% y el 15% de las bodegas) todas las solicitudes se cubrirán con los grupos prioritarios: menores de 40 años instalados en el sector en los últimos 5 años, jóvenes agricultores a título principal (ATP), titulares de explotaciones prioritarias y resto de ATP. Es decir, para los demás, por ejemplo viticultores a tiempo parcial, no habrá acceso a nuevas plantaciones.