UN NUEVO ABUSO DE LA MAYORÍA POPULAR
Alberto Ruiz-Gallardón, obliga a los ciudadanos a pagar mas tasas, convirtiendo en próspero negocio este servicio público a explotar, por el Colegio Nacional de Registradores
Así lo dispone el anteproyecto de Reforma Integral de los Registros.
La muerte de los demás se convierte para los registradores en un negocio propio, seguro, con certeza estadística, sin oscilaciones de coyuntura. Calculemos, a título de ejemplo, 500.000 defunciones al año, cada una de las cuales requerirá tres certificaciones que, a razón de 40 euros, supondrán el abono de 120 por deceso, lo que suma 60 millones, solo por este capítulo, a repartir entre 600 registradores.
La redacción propuesta al párrafo segundo del artículo 18 de la Ley Hipotecaria obligará a cada registrador a solicitar certificaciones electrónicas por cada ciudadano que figure en una escritura, sentencia o documento judicial presentados a los registros de la propiedad y mercantiles. Obligación que generará un tráfico intrarregistral, de información entre el Registro Civil, el Registro Mercantil y los de Propiedad. Tráfico exclusivo y monopolizado de 20 millones de certificaciones electrónicas al año, a razón de 40 euros cada una, es decir, otros 800 millones de euros a repartir entre los registradores.
