La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha venido a asestar un golpe bajo al Ayuntamiento de Logroño al incluirle en la lista de las 55 administraciones que no han contestado «ni por activa ni por pasiva» a los distintos requerimientos de la institución que tutela los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía tal y como establece la Constitución Española.
Golpe bajo porque, más allá de ser señalados directamente por el dedo acusador del Alto Comisionado ante la Fiscalía Superior del Estado, la calificación como «administración entorpecedora» llega apenas unos meses después de anunciada la puesta en marcha del denominado portal de la transparencia como parte fundamental de una nueva página web con la que la ciudad de Logroño pretende convertirse en un modelo de referencia de la transparencia y el buen gobierno en la gestión municipal, pero que, por lo que se ve y de momento, puede seguir pretendiéndolo.
