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| Jesús Gil de Gomez y Pedro Marin |
PR+ pedirá a su socio que revoque el acuerdo de la Junta de Gobierno
No está de acuerdo con la solución dada al proyecto de normalización de fincas en el área del nuevo tanatorio
Los dos concejales del Partido Riojano (PR+), Jesús Gil de Gómez y Pedro Marín, dieron a conocer la próxima presentación de una moción de pleno, con le que muestran su disconformidad con la solución dada al proyecto de normalización de fincas en el área donde se construirá el nuevo tanatorio, en Avenida de Benidorm 39 y 40.
Según indicaron en su comparecencia, en la que estuvo presente entre los medios el teniente de alcalde del Partido Popular (PP), Manolo Soria, en la moción piden que se revoque el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado 26 de abril que, «con los votos del PP» se aprobaba dicho proyecto y, también, «que el pleno inste a la Corporación municipal a retomar una solución equitativa a los intereses de ambas partes, en la que los propietarios de las parcelas, el Ayuntamiento y la empresa funeraria, salgan proporcionalmente beneficiados y la solución no resulte lesiva para el municipio», indicó Gil de Gómez.
Por su parte Marín, comenzó por señalar que «esta regularización de fincas perjudica los intereses del ayuntamiento que en definitiva son los intereses de los ciudadanos». Para cimentar esa afirmación se refirió a que «una de estas dos parcelas municipales se compró en el año 2008 a 271 euros el metro cuadrado».
La zona a regularizar consta de tres parcelas, la privada de 1.472,61 metros cuadrados, y las municipales de 735,25 y 695,94 metros cuadrados, respectivamente. Además, Marín señalaba que en la situación actual, la parcela privada «apenas dispone de 8 o 10 metros de acceso, mientras que el resto corresponde a la parcela del Ayuntamiento».
Con la regularización, «al Ayuntamiento le correspondería una parcela de 921,26 metros y la empresa del tanatorio otra de 1.341,60 metros, con lo que perdemos 509 metros cuadrados de superficie y aproximadamente 55 metros lineales de fachada». Así las cosas, los regionalista calculan las pérdidas y las cifran, al precio que se pagó la finca en el 2008, «en 113.820 euros, más el valor adicional que tiene el metro lineal de fachada».
Marín indicó que consideran que «nuestro socio de gobierno, el PP, no ha profundizado suficientemente en estas valoraciones, se ha guiado por los informes del arquitecto y el secretario, que dicen que es legal, pero no reparan en que ser legal no quiere decir que sea justo, ya que si esta regularización se hiciese entre dos particulares, difícilmente al que le correspondiera estar en el lugar del Ayuntamiento aceptaría esta solución».
