Observo con profunda preocupación la polémica suscitada por las conclusiones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que, entre otras cosas, estudió el Informe de Fiscalización de ese Tribunal sobre la Universidad de La Rioja en la que, a propuesta del Partido Popular, se aprobó una Resolución en la que se viene a decir que la Universidad de La Rioja tiene un importante exceso de personal y que su oferta docente es muy superior a la demanda social.
Lamentablemente, esta creencia expresada en las Cortes Generales por el Partido Popular, se ha convertido ya en un acuerdo formal, puesto que la Resolución fue aprobada con la mayoría de los votos del PP y, a mi juicio, abre un camino peligroso no solo para la imagen actual de nuestra Universidad, sino especialmente para su futuro.
Si no fuera por la encendida y rápida defensa que de la Universidad riojana realizó de forma inmediata el consejero de Educación del Gobierno de La Rioja, uno pensaría que el Partido Popular ha regresado a sus orígenes, cuando en los albores del debate político que manteníamos entonces sobre la conveniencia de crear nuestra Universidad, los dirigentes del PP la menospreciaban asegurando que ellos jamás llevarían a sus hijos a una universidad de pueblo.
A estas alturas, nadie, -ni siquiera las Cortes-, deberían poner en duda la importancia que la Universidad de La Rioja tiene y ha tenido para el desarrollo de nuestra región, tampoco creo que puedan ponerse en duda los esfuerzos realizados por los últimos equipos rectorales y por el propio Consejo Social para adaptar el funcionamiento y la oferta educativa de nuestra universidad a la lamentable y difícil situación económica que estamos viviendo
