viernes, 14 de febrero de 2014

Durante la primera década del siglo XXI las regiones polares han experimentando temperaturas más elevadas de lo normal debido, sobre todo, al intenso deshielo


Los meteorólogos llevamos semanas repitiendo la misma predicción del tiempo, día tras día, en los diferentes medios. Se nos acaban los sinónimos para describir la continua situación borrascosa que este invierno se registra en un buen número de comunidades, sobre todo del norte peninsular. Galicia, a la cabeza, vive uno de los inicios de año más lluvioso, ventoso y de fuerte oleaje que se recuerdan, aunque tampoco se han quedado cortos de viento y olas en el Cantábrico. Dos meses de lluvia incesante, rachas de más de 150 km/h y olas de hasta 10 metros no son registros habituales, sobre todo de manera tan continua, aunque se trate de Galicia y del Cantábrico en pleno invierno.

Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha vivido, en escasas semanas, varias olas de intenso frío. El fin de semana de reyes fue inolvidable para muchos, con registros térmicos inferiores a los 50 bajo cero y con un manto de nieve y hielo cubriendo casi la mitad del país. En medio del temporal surgió un nuevo término meteorológico desconocido para muchos, "vórtice polar", una circulación de viento intenso alrededor del Polo Norte, que mantiene aire muy frío en su interior y que, en ocasiones, se deforma más de lo habitual hacia el sur para traer los rigores del invierno a zonas más templadas.


jueves, 13 de febrero de 2014

La Rioja en la prensa Nacional. Un Presidente "ejemplar".



Pedro Sanz construyó en suelo rústico una vivienda que, con la modificación del plan urbanístico, pudo ser legalizada sin que el dirigente del PP fuera sancionado

El nuevo plan urbanístico supone 4.666.998 euros a las arcas municipales, de los que 3,1 millones acabarán pagando los vecinos que poseen los terrenos

Los socialistas se plantean denunciar al alcalde de Villamediana por prevaricación, al retrasar la tramitación del expediente de las obras del chalé de Pedro Sanz

La modificación del plan urbanístico que ha permitido legalizar la construcción del chalé del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, cuesta a la localidad de Villamediana de Iregua casi cinco millones de euros. La nueva urbanización del municipio supone un gasto total de 4.666.998 euros. "Una parte será pagada por el Ayuntamiento a fondo perdido y otra en cuotas de participación de los vecinos", señala el dirigente socialista Vicente Urquía.

De esos casi cinco millones de euros, el Ayuntamiento invertirá a fondo perdido un total de 1,5 millones. Esto supone que a cada vecino le costará la nueva urbanización unos 235 euros. La cantidad restante –unos tres millones de euros– tendrán que pagarla los vecinos que poseen los terrenos afectados por el plan.


Pedro Sanz construyó una vivienda de 155 metros cuadrados en un terreno rústico en el que, según la ley, no se podía urbanizar. El dirigente popular pidió licencias para la realización de obras menores, que incumplió al sobrepasar lo permitido en las autorizaciones.

Estos hechos fueron calificados en un principio como infracciones graves por el expediente tramitado en el Ayuntamiento a raíz de la petición de la oposición, pero un cambio en el Plan General Urbano legalizó las obras realizadas por el presidente riojano y redujo la valoración de las infracciones a leves. Este tipo de transgresiones –sancionadas con el pago de una multa– prescriben en el plazo de un año.

La oposición solicitó el expediente sobre la legalidad de la vivienda de Sanz en enero de 2013. En medio de su tramitación, y tras haber recibido los informes de los peritos que acreditaban la gravedad de las infracciones cometidas por el presidente regional, el Consistorio aprobó el nuevo plan urbano –por el que el terreno de Sanz pasaba de rústico a urbanizable delimitado–. Entonces el alcalde solicitó nuevos informes, que redujeron la tipificación de las infracciones a leves. Hasta noviembre de 2013 el Ayuntamiento no emitió el informe definitivo.

Denuncia contra el alcalde por prevaricación 

El dirigente del PP riojano finalizó las obras en marzo de 2012 y la oposición solicitó la investigación tan sólo unos meses más tarde. Los socialistas consideran que los hechos prescribieron porque el Consistorio no actuó durante un tiempo. "Está claro que el Ayuntamiento esperó que transcurrieran los meses para decir que había pasado un año y, por tanto, prescrito", apunta el socialista Vicente Urquía.

Los socialistas se plantean denunciar al alcalde de Villamediana (del PP) por prevaricación porque "no inició la tramitación del expediente hasta que la falta había prescrito, con el agravante de que, mientras lo tramita, cambia el plan urbanístico", señalan fuentes de la formación. 

El PSOE ya recurrió ante los tribunales el expediente que exime al presidente riojano de responsabilidad urbanística al entender que el Consistorio tuvo una dejación de funciones al no inspeccionar la edificación del chalé de Sanz. El juzgado de lo contencioso-administrativo ha comenzado la instrucción del caso y Pedro Sanz, que intentó evitar que el Ayuntamiento tomara en consideración a la oposición en el expediente por sus obras, argumentando que la actuación se debía únicamente a su cargo político y no a la infracción urbanística, se ha personado en la causa.

CHALÉ PEDRO SANZ


IU calcula que la ejecución de los tres sectores costará 4,7 millones de euros y el presupuesto municipal es de sólo 5,8.

martes, 11 de febrero de 2014

Vamos camino de duplicar el record de 2010 ya que en el 2014 seguramente que rebasaremos los 200.000 millones

La morosidad bancaria en España alcanza su máximo nivel histórico.


La mora bancaria alcanzó en noviembre de 2013 el valor más alto conocido tanto en porcentaje como en cifras absolutas

Según las estadísticas publicadas por el Banco de España, los créditos dudosos del conjunto de las entidades financieras españolas –incluyendo los créditos otorgados a no residentes– han llegado en noviembre del año pasado al escalofriante monto de 198.018 millones de euros (192.504 millones si tomamos solo el monto de los dudosos del crédito a sectores residentes). Después de encadenar nueve meses consecutivos de subidas, los bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito que trabajan en España contabilizaron en noviembre una morosidad del 13,08% del total de los créditos concedidos. Esta ratio bate un récord histórico ya que supone el porcentaje de mora más elevado de la historia de la banca española. Pero lo que realmente me inquieta es que la mora bancaria oficialmente registrada por el Banco de España en cifras absolutas ya supone más del 19% del PIB del Estado Español.

Evolución vertiginosa de la morosidad bancaria

Para constatar la evolución de la morosidad bancaria, tengamos en cuenta que en el 2007 la tasa de mora estaba fijada en el 0,9 % y el importe total de créditos dudosos declarados por las entidades de crédito era de solamente 17.147 millones de euros.

Vale la pena recordar que cuando en el mes de mayo del año 2010 la mora bancaria superó la mítica cifra de los 100.000 millones de euros, un escalofrío recorrió los nervios de todos los agentes económicos. Pues bien, vamos camino de duplicar el record de 2010 ya que en el 2014 seguramente que rebasaremos los 200.000 millones. De hecho ya se habría superado esta cifra si no hubiera existido en diciembre del año pasado el traspaso de activos tóxicos de los bancos nacionalizados a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria más conocida por su acrónimo Sareb o por su denominación coloquial de “banco malo”. En diciembre de 2012 gracias a la liposucción practicada por el “efecto Sareb”, los créditos dudosos bajaron de un plumazo en 24.343 millones de euros y la ratio de mora bajó prácticamente un punto porcentual, desde el máximo del 11,5% que había tocado en noviembre.

El descenso de la mora bancaria fue simplemente un efecto de maquillaje contable ya que los créditos morosos siguen existiendo, pero ya no están registrados en los balances bancarios, ya que la Sareb no es formalmente una entidad financiera, sino una sociedad de gestión de activos privada creada en noviembre de 2012 para ayudar al saneamiento del sector financiero español, y en concreto de las entidades que arrastraban problemas debido a su excesiva exposición al sector inmobiliario. Vale la pena señalar que la mayor parte del capital de Sareb es privado, 55%, mientras que el 45% está en manos del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y que recibió casi 200.000 activos por valor de 50.781 millones de euros, de los que el 80% son activos financieros y el 20% activos inmobiliarios.

El “efecto Sareb” también se repitió en febrero de 2013, cuando les tocó el turno a las entidades con ayudas de traspasar ladrillo tóxico al banco malo. En esta ocasión los créditos morosos bajaron como por arte de birlibirloque en 8.540 millones de euros. Sin embargo, con las subidas que se han producido desde entonces, en noviembre de 2013 la morosidad de las entidades de crédito ya ha superado en 2.000 millones de euros el volumen de dudosidad de noviembre, que con 196.568 millones de euros era el anterior máximo histórico.

Hay que hacer notar que el máximo regulador bancario clasifica como dudosos a aquellos créditos que presenten dudas razonables sobre su reembolso total, tanto en lo que respecta al principal como a los intereses, en los términos pactados contractualmente. Dentro de este epígrafe se incluyen los créditos morosos, que son aquellos que tienen algún importe vencido, bien del principal, bien de los intereses o gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad y a aquellos activos considerados dudosos por presentar dudas sobre su reembolso total sin poder considerarse sin embargo ni morosos ni fallidos. También incluye en este apartado los créditos vencidos por un importe superior al 25% de la deuda (salvo que el impago se clasifique como fallido).

La morosidad en el sector del ladrillo

Ahora bien si analizamos las estadísticas publicadas en el Boletín Estadístico del máximo supervisor bancario y en particular las informaciones concernientes a la totalidad de los créditos dudosos en sectores residentes para financiar actividades productivas, podemos deducir que los créditos morosos que adeudan los particulares a las entidades financieras, es decir las honradas familias españolas que no pueden atender las cuotas de los préstamos hipotecarios o de los créditos personales son una reducida parte del pastel. La parte del león de la mora bancaria corresponde a créditos destinados a financiar actividades productivas y en particular a los popularmente bautizados como “empresarios del tocho”.

En consecuencia los créditos morosos de actividades inmobiliarias y de la construcción acaparaban al cierre del tercer trimestre de 2013 (última cifra facilitada por el Banco de España) casi 85.243 millones de euros. La ratio sobre el total de los créditos dudosos provenientes de operaciones de financiación de actividades productivas es del 60,19%. En cuanto a la ratio sobre el total de créditos dudosos de las entidades financieras, tenemos que esta es del 45,38%.

Hay que tener en cuenta que al cierre del segundo trimestre de 2013 el volumen de los créditos morosos de los señores del ladrillo era de 80.383 millones de euros. El importe total de los créditos dudosos de los empresarios del tocho ha fluctuado en los últimos años, ya que al cierre de 2011 llegó a los 81.846 millones de euros y en el del 2012 a la cifra de 84.775 millones. No obstante este monto se vio beneficiado por el “efecto Sareb” ya que antes del cierre del ejercicio unos 20.000 millones de euros de créditos dudosos en ladrillos tóxicos fueron traspasados a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de lo contrario euros al finalizar el año 2012, el importe de dudosos del sector de la edificación seguramente hubiera superado los 100.000 millones de euros.

La morosidad en los hogares y familias

Con respecto a los hogares españoles, a pesar de arrastrar ya cinco años de crisis, y en una economía comatosa con casi el 26% de la población en paro, las hipotecas aguantan bastante bien ya que las probas familias españolas procuran reintegrar sus préstamos para la adquisición de vivienda a toda costa. Así las cosas, los créditos morosos que adeudan los particulares a las entidades financieras, es decir las familias que no pueden atender las cuotas de los préstamos hipotecarios o de los créditos personales, son una reducida parte de la morosidad bancaria.

En apoyo de esta información diremos que los créditos dudosos por adquisición de vivienda de los hogares representaban al cierre del tercer trimestre de 2013 solo unos 30.735 millones de euros de toda la masa de mora bancaria (con garantía hipotecaria 29.180 millones y el resto sin garantía). Esta cifra supone una ratio del 16,36% sobre la totalidad de créditos dudosos a residentes y una ratio del 5,07% sobre el total de créditos hipotecarios concedidos a las familias para la compra de vivienda. Por consiguiente los créditos hipotecarios a las familias presentan una tasa de mora muy por debajo de la ratio global del 13,08% del total de los créditos concedidos.

Luego el importe total de los dudosos de los préstamos y créditos a hogares destinados a la adquisición y rehabilitación de viviendas (con o sin garantía hipotecaria), de terrenos y fincas rústicas, la adquisición de valores, la adquisición de bienes y servicios corrientes no considerados de consumo duradero (por ejemplo préstamos para financiar gastos de viaje) y los destinados a finalidades diversas no incluidos entre los anteriores de los hogares españoles alcanzó a finales del tercer trimestre los 44.846 millones. La ratio de este monto sobre el total de créditos dudosos de las entidades crediticia es de 23,87%.

Una Fiscalía como Dios manda actuaría de oficio en el chalet de Sanz"

Una Fiscalía como Dios manda actuaría de oficio en el chalet de Sanz"

Se ha "facilitado la legalización del chalet del presidente riojano, Pedro Sanz".

Urquía ha ofrecido una rueda de prensa con la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Villamediana, Sonia Ibarguren, en la que ha apuntado a una "trama urbanística", con "tránsfuga" incluido, en el Ayuntamiento de Villamediana; por ello, con "todos los respetos" a la actuación de la Fiscalía ha considerado que debería intervenir.

El responsable socialista ha mostrado una resolución de alcaldía, del pasado lunes 10 de febrero, en la que el primer edil de Villamediana reclama a Sanz la liquidación de impuestos correspondientes a la obra "realmente ejecutada" por el presidente, distinta a la que reconoció en su momento.

Por tanto, ha dicho, se reconoce explícitamente que Sanz pidió permiso para unas obras y ejecutó otras; y lo que "es más grave" para Urquía, se "acredita que se ha dejado pasar el tiempo" usando, el Ayuntamiento, "un manual de escaqueo".

DOS SECTORES LEGALIZADOS POR UN CHALET

El PP de Villamediana, ha explicado, ha estado "muy comprometido en poder legalizar el chalet del presidente". Tanto que, tal y como ha añadido Ibarguren, no solo se legaliza el sector en el que se levanta su chalet (Sector Disperso 5), sino que se hace urbano el Sector Disperso 3 porque es "necesario".

Así, ha relatado, mientras en un inicio se dijo que se hacía urbano el 3 para poder sacar del entorno del municipio una planta de compost, y los olores que genera, el PSOE ha tenido acceso a "informes técnicos" que aseguran que se podría sacar la planta del lugar en el que está "sin necesidad de hacer el suelo urbano, porque ya es urbanizable".

Sin embargo, sí es necesaria la actuación en el Sector Disperso 3 "para poder conectar el 5 con el colector de aguas". Por lo tanto, han explicado, se van a urbanizar dos sectores, con un coste para "cada habitante de Villamediana de 620 euros, para legalizar el chalet de Sanz".

Un caso, para Urquía, "único en España", porque "se ha metido en un chandrío a todos los vecinos" por legalizar el chalet del presidente. "Nos hubiera salido más barato comprarle uno chalet en Marbella y pagarle los viajes", ha dicho. Sin embargo, "se ha montado una trama urbanística".

Se trata, ha insistido Ibarguren, de una actuación que "no tiene sentido para el disfrute de todos", ya que, ha dicho la concejala, los vecinos "no van a andar tres kilómetros para disfrutar de una zona verde"

miércoles, 5 de febrero de 2014

Goteo de sentencias reconociendo el "Abuso" de las entidades financieras. El Gobierno obliga a los ciudadanos a peregrinar por los juzgados

Un juzgado obliga a Caja España a devolver a un cliente el dinero de la clausula suelo

La sentencia apunta que no se ofreció al cliente la información necesaria. Deberán abonarle cerca de 8.000 euros aunque el banco podría presentar recurso

Cuando el cliente de Caja España (antes Caja Duero) firmó en 2008 la hipoteca de un piso por valor de 180.000 euros, la entidad bancaria no le informó de las consecuencias de la clausula suelo, una condición que establecía un interés mínimo del 3'75%. Supuso que el particular estuvo pagando un interés muy por encima de la media, que llegó a bajar hasta el 1%.

Incluso el director de la sucursal reconoció en el juicio que no habían informado al cliente de las consecuencias de esa clausula suelo. La sentencia la anula por falta de información al cliente y por abusiva.

Ha sido el juzgado de lo Mercantil de San Sebastián el que ha dictado la sentencia que califica como nula a todos los efectos la clausula suelo que se incluyó en la hipoteca. Esto signfica que la entidad bancaria deberá devolver las cantidades pagadas de más por el cliente desde 2008, unos 8.000 euros. 

El juez entinde que hubo una falta de información porque ni siquiera se le entregó la oferta de información vinculante, un trámite obligatorio que deben cumplir los bancos cuando formalizan una hipoteca y que incluye datos relevantes del contrato como el euribor, el interés de demora o la mencionada clausula suelo.

El abogado del cliente, Josean Basurto, de Bas Abogados, considera que esta sentencia, que contradice el fallo del supremo de mayo de 2013, que anulaba las claúsulas suelo pero no establecía indemnizaciones, puede abrir la puerta a otras reclamaciones en los juzgados de condiciones abusivas de los bancos, no sólo de clausulas suelo. "La nulidad se puede conseguir", apuntó en declaraciones a Radio San Sebastián "porque una comercialización defectuosa abre la puerta".

El Juez Ruz a Carlos Cuevas: "Tiene que decir la verdad". El magistrado ha apercibido en más de una ocasión a Cuevas de su obligación de responder a las preguntas

ASÍ TITULA LA PRENSA:










Los dos dirigentes del partido en La Rioja que han declarado este miércoles ante Ruz para explicar la compra de un local en Logroño supuestamente con dinero negro dicen ignorar casi todos los detalles de aquella operación. El magistrado, visiblemente enfadado, les ha requerido en el acto nueva documentación de aquella operación bajo sospecha.

Nuevo enfado del juez Pablo Ruz con el PP a cuenta de los 'papeles de Bárcenas'. La actitud de los dirigentes de partido en La Rioja que han declarado este miércoles ante él sobre la procedencia del dinero con el que compraron en 2008 un local en Logroño ha terminado por provocar su irritación después de que ambos se refugiasen reiteradamente en "no lo recuerdo" y "no lo sé" para no dar detalles sobre la misma. En una decisión poco habitual, el magistrado ha establecido requerirles en el acto a los dos políticos nueva documentación sobre dicha adquisición. Según fuentes jurídicas, Ruz ha llegado a recordar a ambos dirigentes regionales su condición de testigo y, por tanto, la obligación a responder con la verdad a las preguntas que les planteaban.

El primero en comparecer fue Carlos Cuevas, secretario general del PP en La Rioja, quien no supo concretar casi ningún detalle sobre la lluvia de preguntas que tanto el juez como las acusaciones le plantearon sobre la adquisición y reforma en 2008 del local y sobre el origen de los aproximadamente 1,5 millones de euros que la formación política invirtió de ello. Cuevas llegó a afirmar que no sabía quiénes eran los propietarios del inmueble y quién negoció con ellos. Sólo admitió haber participado en un encuentro con los responsables del banco para solicitar el crédito y después de que el juez le preguntara con insistencia sobre la negociación de dicho préstamos.

También se escudó en el "no recuerdo" cuando le interrogaron sobre con quién de Génova 13 hablaron para adquirir el inmueble ni a quién le pidieron el envió de una transferencia de 200.000 euros para colaborar en los pagos. Sólo dijo que dichos fondos se los remitieron desde Madrid "a fondo perdido". El secretario general del PP riojano se limitó a detallar de un modo vago que en una reunión de la ejecutiva del partido regional se trató de la necesidad de pedir dinero a la organización, pero sin que se llegara a concretar cómo ni a quién. También negó la veracidad del apunte de los 'papeles de Bárcenas' que delataba una supuesta entrega en metálico a la caja B de la formación de 200.000 euros, la cantidad que poco después era supuestamente transferida vía bancaria ya 'blanqueada' para poder ser utilizada en la compra del local.

Los 'fallos' de memoria de Cuevas llegaron a su punto culminante cuando se le preguntó si conocía a Luis Bárcenas, a lo que el número 2 de La Rioja aseguró que sólo había coincidido con él una vez. Sólo cuando una de las acusaciones le recordó que él había sido senador en la misma legislatura que el extesorero, admitió que durante aquellos años sí lo veía en la Cámara Alta.

La segunda dirigente del PP de La Rioja en declarar fue la gerente de la formación, Ana Elvira Martínez, quien sufrió la misma 'amnesia' que su compañero de partido sobre los detalles de la compra del local en Logroño. La gerente únicamente fue capaz de recordar vagamente una reunión con representantes del banco que les concedió el crédito para la adquisición y aseguró que nadie de Génova 13 les informó del envío de los 200.000 euros, del que se enteraron por los extractos de la cuenta en los que se ingresaron. Sobre el resto, su testimonio fue una sucesión de "no recuerdo" y "no lo sé" con los que evitó dar más detalles que su compañero. Al término de su testimonio, el juez Ruz, visiblemente irritado, decidió requerirles formalmente nueva documentación sobre la compra.


El secretario general del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, y la gerente de la formación en esa comunidad, Ana Elvira Martínez, han hecho una nueva demostracion de "amnesia testifical", según fuentes jurídicas, en su declaración como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en relación con la entrega de 200.000 euros para la compra de un local en 2008 para ampliar la sede regional. Los informes aportados a la investigación indican que el local fue adquirido con dinero de origen opaco que fue blanqueado por el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas.

El magistrado ha apercibido en más de una ocasión a Cuevas de su obligación de responder a las preguntas que se le formulaban. Al acabar el interrogatorio, Ruz ha hecho subir al secretario general a su despacho para hacerle un requeremiento oficial de entrega en el plazo de dos días de documentación sobre la compra del local y la reforma de la sede.

El magistrado reclama específicamente las escrituras de la compraventa de las sedes y sus documentos anexos; los documentos privados de la operación mercantil y de los pagos asociados a ella; las escrituras de las préstamos hipotecarios sobre las compraventas. También exige los poderes notariales para intervenir en las operaciones de adquisición de los locales; las actas del partido respecto a la operación; el presupuesto del PP de La Rioja en 2008. Finalmente, Ruz reclama toda la documentación técnica sobre la construcción y los apuntes contables referidos a la obra.

martes, 4 de febrero de 2014

Jesús A. Gil de Gómez, presidiendo la sesión pide se retire el anteproyecto para reformar la Ley del Aborto en los términos en los que se ha conocido


La ausencia del alcalde y diputado Juan Antonio Abad dio lugar a aprobar la moción del PSOE con apoyo del PR+ y los hermanos Álvarez 

Al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, le va a llegar la solicitud del Ayuntamiento de Arnedo, presidido por un compañero de bancada suyo en el Congreso de los Diputados, para que. En un pleno singular por las ausencias tanto del alcalde y diputado Juan Antonio Abad -que en el Congreso votó a favor de iniciar su trámite- por motivos personales y del concejal de Hacienda, Pedro Marín, por problemas de salud.

Con el teniente de Alcalde, el concejal regionalista Jesús A. Gil de Gómez, presidiendo la sesión, la Corporación aprobó diversos asuntos de trámite administrativo municipal en relación con la revisión de la calificación de varios puestos de trabajo o la contratación del servicio de ayuda a domicilio. Por igual, aprobó otorgar la bonificación del 95% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras como las del nuevo colegio La Estación y las reformas de las sedes de la Asociación de Discapacitados de Arnedo (AMAC) y Cruz Roja y dejando en el 50% la que otorga a la construcción de la estación de ITV.

En el turno de mociones, el portavoz socialista, Javier García, lamentó que el Gobierno central popular haya creado un problema que no existía y defendió la retirada del anteproyecto porque «nos oponemos a que un gobierno diga a la mujer lo que debe hacer o no con su cuerpo», además de pedir expresamente el apoyo de los ediles populares a la moción. Sí se lo dieron los concejales Álvarez, no adscritos a grupo, y el regionalista Gil de Gómez. «Nos gusta poder decidir en libertad y que no haya una ley que por ello nos criminalice», afirmó Santiago Álvarez. «Penalizar no solucionará problemas sino que creará problemas de clandestinidad que ya teníamos olvidados», apuntó el socio de gobierno de los populares Gil de Gómez.

La concejal de Salud, María Antonio Pérez Medrano, argumentó el voto popular contra la moción al señalar que es necesario el debate en el Congreso para «consensuar la mejora de puntos de la ley del 2010».

Los ciudadanos tienen derecho a ver las facturas de la Sede Popular de Logroño.

Legarra pide al PP que saque las facturas de su sede «para así evitar sospechas»



PR+ denuncia que «al mismo arquitecto que hizo la reforma de la sede, el Gobierno riojano le adjudicó una veintena de obras en esa etapa» 

A solo un día de la citación judicial del secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas, y la gerente del partido, Ana Elvira Martínez, a declarar en la Audiencia Nacional ante el juez Ruz sobre la presunta financiación ilegal de la sede del partido en Logroño, la oposición política en la Comunidad también da pasos alrededor de la cuestión. 
El presidente del PR+, Miguel González de Legarra, reclamó ayer al PP que «haga públicas las facturas y los contratos de las obras de su sede, y acredite que todas las cifras coinciden», como medida para «evitar cualquier sospecha y hacer un verdadero ejercicio de transparencia ante los riojanos».

La petición de los regionalistas parte de las propias sospechas acerca de que «el arquitecto encargado de la rehabilitación de la sede del PP recibiera en aquella época más de veinte encargos del Gobierno de La Rioja», explicaba Legarra, quien citaba entre esas obras el Centro Riojano Español en Buenos Aires, el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, el IRJ, la Residencia de Menores en Protección, el Centro de la Emigración de Torrecilla o la reforma de la Consejería de Servicios Sociales en la calle Villamediana de Logroño. «Nos parece más que sospechoso que quien se ha convertido en el arquitecto de cabecera del Gobierno de La Rioja haya sido el elegido para llevar a cabo la reforma de la flamante sede del PP», indicó.
Una vez dicho eso, el dirigente recalcó que «para acallar cualquier sospecha, el PP debería hacer público el contrato que firmó con este arquitecto, mostrar las certificaciones de obra, las facturas y los pagos; los riojanos tenemos derecho a saber lo que ha costado la obra, cómo se ha pagado, quién la ha pagado realmente y si se ha utilizado dinero negro en esos pagos», indicaba Legarra, recordando que la compra y obras de la sede se realizó entre los años 2007 y 2008, periodo en el que el arquitecto encargado recibió además los encargos del Gobierno regional. «Llevamos meses pidiendo al Gobierno que nos dé una explicación sobre un hecho indiscutible, pero no hemos recibido aún respuesta», dijo.

Con este planteamiento, el PR+ pidió también que se investigue no solo la compra de la sede, «sino también todos los trabajos de rehablitación y acondicionamiento que se llevaron a cabo», y cuyo coste, estiman los regionalistas, pudo ascender al medio millón de euros.

Para completar la ronda de sospechas, Legarra relacionó el caso con el del polémico chalé del presidente riojano, Pedro Sanz, en Villamediana: «Creemos que tanto en el caso del chalé como en el de las obras de la sede, el PP ha seguido el mismo procedimiento de contratar a un beneficiario de numerosas adjudicaciones de la administración que ellos siguen». También se preguntó, en ese sentido, si «quizá estemos ante un nuevo milagro económico igual que lo estuvimos en el caso del chalé del presidente, quien dijo que todas las obras apenas costaron 11.000 euros, cuando basta ver la puerta de entrada para saber que solo eso ya costó más de ese dinero».

Por ello, ahondó en el hecho de que «quizá Cuevas y Sanz nos digan que el acondicionamiento de la sede del PP costó también 11.000 euros, pero en ese caso nos gustaría saber quién pagó el resto».

Los votantes avergonzados por el comportamiento de Partidos que amparan la corrupción en sus filas.

Tres de cada cuatro europeos creen que la corrupción está generalizada

Bruselas alerta de la corrupción política, especialmente en comunidades y ayuntamientos.

Los europeos tienen la sensación de vivir en un ambiente de corrupción generalizada. Tres de cada cuatro suscriben esa apreciación, según un amplio estudio que ha publicado este lunes la Comisión Europea, basado en una encuesta ciudadana y en análisis propios. Esa opinión es prácticamente universal en Grecia (99%), Italia (97%) y España (95%), pero también alcanza niveles preocupantes en países con reputación de seriedad como Alemania, donde el 59% de la población cree que las corruptelas están muy extendidas.

Buscando la legitimidad en esas cifras, el Ejecutivo comunitario ha elaborado su primer informe sobre la corrupción en la Unión Europea, un asunto delicado para los Estados miembros, a los que les cuesta aceptar el escrutinio externo. Bruselas no se ha atrevido a realizar su propia clasificación de países más o menos corruptos, pero sí analizado la situación de cada uno, con casos concretos de debilidades y malas prácticas en la lucha contra este fenómeno. “La corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y los Estados de derecho”, ha advertido la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, en la presentación de los resultados. La comisaria anima a los gobernantes a atajar este problema, pues “los resultados muestran que no se está haciendo lo suficiente”.



Bruselas se ha decidido a hacer público este informe —con varios meses de retraso— con el convencimiento de que el nivel de corrupción reinante en los Estados miembros debe atajarse. Para ilustrar sobre la magnitud del problema, el Ejecutivo comunitario cifra en 120.000 millones de euros el dinero que cuestan las corruptelas cada año en toda la UE. "Algunos indicadores muestran que la corrupción ha crecido con la crisis. Pero precisamente la crisis demuestra la necesidad de luchar contra ella, aunque solo sea por razones económicas", ha abundado Malmström..


Solo se evalúa la corrupción en el sector público. 

El Eurobarómetro que recoge las respuestas de los ciudadanos dedica también un pequeño apartado a las prácticas ilícitas en el ámbito empresarial, que tampoco sale muy bien parado. El 67% de los encuestados consideran que la corrupción es parte de la cultura empresarial en el país, aunque en buena medida las preguntas se centran en las conexiones entre el mundo político y económico y las oportunidades que ofrecen para comportamientos irregulares.


La Udef llega a la conclusión de que ninguna otra persona puede esconderse tras las siglas P.A.C que aparecen en la contabilidad de la trama

lunes, 3 de febrero de 2014

PR+ reafirma su posición contraria a la reapertura de Garoña.

Los Populares "obligan" a los riojanos a asumir el riesgo que conlleva la reapertura de Garoña

El funcionamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña siempre ha sido motivo de preocupación para los riojanos que, desde hace años, hemos visto en esta vieja instalación razones de sobra como para dudar de su seguridad.


En muchas ocasiones, desde el Partido Riojano, nos hemos manifestado en contra del mantenimiento de la actividad de esta vetusta Central Nuclear e incluso el propio Parlamento de La Rioja, a iniciativa del Partido Riojano, se ha mostrado partidario de su clausura debido a las alarmantes fisuras que, desde hace años, se han venido detectando en el vaso del reactor que han provocado numerosas paradas técnicas.

Por eso, cuando el pasado 6 de julio la Central Nuclear de Garoña declaró el cese definitivo de la explotación por motivos administrativos, desde el Partido Riojano manifestamos nuestra satisfacción en la confianza de que ese "cese definitivo de la explotación" acabaría convirtiéndose más pronto que tarde en el "cierre definitivo" de la Central que es lo que siempre hemos reclamado.

Efectivamente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) trabaja en esa dirección y pruebas de ello es que a principios de este mismo mes de enero aprobó un nuevo estatus de vigilancia y control para Garoña, distinto del resto de las centrales que continúan produciendo energía; pero sin embargo, al mismo tiempo que eso sucede, el Gobierno de España trabaja de forma acelerada en la dirección contraria para permitir que la Central Nuclear de Garoña solicite la renovación de la autorización para su explotación y, en consecuencia, la reapertura de la Central.

Tanto es así que parece que hoy mismo o a más tardar el próximo viernes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un Real Decreto que permitiría a Iberdrola y Endesa solicitar la renovación de la licencia de explotación y retomar la actividad de la Central.

En el Partido Riojano, ampliar la vida útil de las centrales nucleares hasta los 50 o los 60 años como pretende el Gobierno de Rajoy y hacerlo además mediante un Real Decreto, nos parece un acto de irresponsabilidad muy grave, que el Gobierno de España debería rechazar. El cinismo de Rajoy y su Gobierno llega a extremos intolerables cuando además afirma que la decisión de reabrir la central la deberá tomar la empresa, pero evidentemente, esa decisión nunca la podrá tomar si antes el Gobierno no cambia las normas. Y eso es exactamente lo que piensa hacer con este anunciado Real Decreto, con el único fin de favorecer a una única empresa. Una decisión que, en el Partido Riojano al menos, consideramos absolutamente ilegal.

Desde el Partido Riojano consideramos que la hipotética reapertura de Garoña es un auténtico despropósito por evidentes razones de seguridad, máxime después de lo ocurrido tras el accidente de la central de Fukushima que, recuerdo, era una central gemela de Garoña.

Todos somos conscientes de que la cercanía de Garoña convierte a La Rioja y en especial a La Rioja Alta, en una zona de riesgo ante un hipotético accidente nuclear que, cuantos más años pasen, más posibilidades tiene de producirse. Las consecuencias de un accidente las hemos conocido lamentablemente en Fukushima, en una Central nuclear que, como digo, es gemela, idéntica a la de Garoña.

Es cierto que es difícil que se produzca un accidente, pero los accidentes se producen. De mas o menos gravedad, pero si se producen y La Rioja, que está aguas debajo de Garoña, sufriría consecuencias muy graves aunque el hipotético accidente fuera leve.




Puedo decirles que el Gobierno de La Rioja respalda con absoluta rotundidad y sin ningún género de dudas, todas las medidas que está tomando el Ministerio de Industria para conseguir ampliar la vida útil de la Central de Santa María de Garoña.
Respuesta del Gobierno de La Rioja


Así de claro y rotundo lo ha reconocido el Gobierno de Pedro Sanz al responder a una pregunta parlamentaria que, desde el Partido Riojano, le hemos hecho en este sentido y por eso hoy estamos todavía más alarmados al comprobar que el Partido Popular está claramente al servicio de los intereses económicos de Iberdrola y Endesa, propietarias de la Central, en lugar de proteger los intereses de los ciudadanos.

Parece que el compromiso de Pedro Sanz con estas empresas es tan fuerte como para anteponer sus intereses económicos empresariales a los de los propios riojanos. Quizá el hecho de que el PP se haya hecho con la propiedad de la antigua sede de Iberdrola en Logroño implica unas obligaciones de lealtad que obviamente desconocemos, pero que le conducen a actuar de esta manera.

Esto es algo que también podría explicarle el miércoles Carlos Cuevas al Juez Ruz cuando le pregunte por el dinero negro con el que compraron esta antigua sede de Iberdrola.

En cualquier caso, lo que está claro es que el Partido Popular está muy comprometido con Iberdrola y Endesa y que todos los movimientos que está haciendo los hace para favorecerles de forma directa. Esto sí que son ayudas de Estado.

Para poder reabrir la Central, el Gobierno tiene que modificar ni más ni menos que el Reglamento de Seguridad Nuclear y Radiológica y argumentar que su cierre no fue por motivos de seguridad ni de finalización de su vida útil sino por simples motivos económicos.

Pero además, como en este intervalo, han entrado en vigor las nuevas exigencias que la Unión Europea aprobó tras el accidente de Fukushima, esto obligaría a acometer obras de adecuación en Garoña cuyo coste se estima por encima de los 130 millones de euros.

Como parece ser que las eléctricas nos sangran poco y no tienen suficientes beneficios, para que no tengan que afrontar el coste añadido para poder cumplir con estas exigencias legales de la Unión Europea, lo que hizo el Gobierno de Rajoy en septiembre, fue modificar el impuesto de residuos nucleares de forma que Iberdrola y Endesa se ahorrarán 153 millones de euros en tasas cuando vuelvan a ponerla en funcionamiento. Por si esto fuera poco, el Gobierno, en estos momentos les ha perdonado pagar ese impuesto durante todo este tiempo que la central permanece cerrada.

Así que no solo van a poder disponer del dinero que les van a costar las obras a las que están obligados por Ley, sino que además, por lo que se ve, van a ganar dinero a costa del perdón de los impuestos por parte de Rajoy.

Ante esta situación, el Partido Riojano va a solicitar la inmediata comparecencia del Gobierno de La Rioja ante el Parlamento, para que explique los motivos por los que respalda y apoya las medidas que está tomando el Gobierno de España para ampliar la vida útil de la Central Nuclear de Garoña y permitir su vuelta a la actividad.

También vamos a pedir que, por parte del Parlamento, se reclame la comparecencia del Director General de Nuclenor, la empresa propiedad de Iberdrola y Endesa que se encarga de la explotación de la Central, para que ofrezca explicaciones sobre las condiciones en las que se va a reanudar la actividad de la Central.

Y, por último, presentaremos una Proposición no de Ley para pedir que el Gobierno de España se subrogue en la Comisión Europea para que sea ésta y no el Gobierno del Estado quien supervise y controle todo el proceso de la posible apertura de la Central, impida la aplicación de ayudas de Estado a las empresas propietarias y obligue a cumplir lar normas de seguridad europeas, evitando que el Gobierno pueda modificar "ad hoc" la legislación para facilitar las condiciones para que Nuclenor pueda solicitar la renovación de su licencia de explotación.

Descarga la respuesta parlamentaria del Gobierno de La Rioja pinchando aquí

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domingo, 2 de febrero de 2014

Oír a abogados de la querella contra #Bárcenas es constatar lo difícil y meritorio que es luchar contra EL PODER

Oír a abogados de la querella contra #Bárcenas es constatar lo difícil y meritorio que es luchar contra EL PODER

 
http://www.youtube.com/watch?v=wN_s-HuHH74#t=237

viernes, 31 de enero de 2014

PR+ rechaza las medidas recaudatorias de la Seguridad Social y que hasta ahora estaban exentas.

De tomar una tila antes de cotizar a la Seguridad Social

Las novedades legislativas, sobre todo si son de fin de año, son un plato, que como la venganza, se ha de servir frío. 

En el caso de este año y dado que la cosa viene bastante calentita, yo aconsejaría que además de frío, se intente contar hasta diez para evitar soltar algún exabrupto. Una vez hecho esto y con una buena tila de por medio, se mete uno en materia y coge por ejemplo el Real Decreto Ley 16/2013.

Una vez cogido, se verá que viene con cogida en toda la femoral. Después de volver a contar hasta diez, uno no saldrá de su asombro y perplejidad, cuando vea, que pese a lo dañino del asunto, ha pasado totalmente desapercibido. No sabemos si habrá sido su “navideñismo” o quizá el que no había mucho interés en su difusión. 

Pero dado las fechas que hemos dejado atrás, vayamos a ver “dónde está todo el turrón” de dicha norma. Turrón, que bien podríamos encontrar en la Disposición final tercera “Conceptos computables en la base de cotización del Régimen General de la Seguridad Social” y que pasa a modificar el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio.

Esta disposición final, viene tal y como su propio nombre indica a modificar los conceptos que se han de computar en la base de cotización del Régimen General y que hasta ahora estaban exentos. Hemos de recordar aquí, que los conceptos excluidos de cotización, están recogidos en una relación “numerus clausus” indicada en el punto 2 del mencionado artículo 109, con lo que están incluidos en la base de cotización todos los conceptos que no se indiquen como exentos.

Por dar un rápido repaso a los conceptos que ahora pasan a cotizar, podemos decir que son: 

- Mejoras de prestaciones de la Seguridad Social distintas de las de Incapacidad Temporal. Incluidas las contribuciones a planes de pensiones y sistemas alternativos.

- Entrega gratuita de acciones o participaciones. Aquí había una inclusión previa para el exceso de 12.000 € anuales en función de unos requisitos.

- Entrega de productos a precios rebajados, realizados en cantinas, comedores, economatos, etc. Antes se cotizaba por el exceso de 9€ día, en función de unos requisitos.

- Utilización de bienes destinados a servicios sociales y culturales del personal empleado.

- Primas de seguros de Accidentes de Trabajo, de Responsabilidad civil de trabajador, de seguros de enfermedad común. En este último apartado, la exención anterior estaba fijada en el exceso de 500 € anuales por persona.

- Prestación de servicios de educación (desde guardería hasta bachillerato).

- Pluses transporte de distancia. Antes solo se cotizaba por el exceso sobre el 20% del IPREM.

No contentos con incluir en la cotización todos estos conceptos, se han incluido, como diría mi abuelo “alocagoento”. Esto es, el mencionado Real Decreto Ley, entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, o sea el 22 de diciembre de 2.013.

Con lo que la nómina de diciembre, confeccionada, entregada y pagada para una gran mayoría, está afectada en los días que van del 22 al 31. Por lo que se ha de proceder a su oportuna rectificación, para que tanto empresa como trabajadores, pasen por caja..

Hemos de recordar, que esta medida va a afectar absolutamente a todas las empresas que tengan asalariados y a todos los trabajadores con excepción de los que estén cotizando por la base máxima de cotización. Base máxima fijada para 2.014 en 3.597 euros al mes.

El marco recaudatorio de esta medida, se puede estimar en un importe cercano a los 1.000 millones de euros a pagar por los empresarios y trabajadores, siempre y cuando estos pluses se mantengan como hasta ahora. Puesto que no hemos de olvidar, que habrá muchas empresas y trabajadores, que para evitarse la cotización lleguen a algún acuerdo de tipo sobresaliente.
 
Otra cuestión que no se ha tenido en cuenta, ha sido el impacto negativo, que medidas de este tipo, traen a empresas de determinados sectores, como la hostelería, compañías de seguros, guarderías, etc.
 
Echaré el último traguito a la tila, antes de que se me quede fría, reconociendo el ingenio y el humor negro del legislador al recochinearse de todos nosotros, con el título de la norma:

“Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores”. 
Que la fuerza os acompañe..

Por Pedro Toledo, Abogado Gerente de la Asesoría Toledo, miembro de iusTime