"Las Cuentas poco claras del PP en La Rioja". Los ciudadanos tenemos todo el derecho a conocer cómo se gasta el dinero público

El PR+ desvela otra subvención de la ADER, casi 98.000€, al arquitecto de la sede del PP en Logroño

Miércoles, 12 de Marzo de 2014 13:52

El Partido Riojano desvela la concesión de otra nueva subvención de la ADER por casi 98.000 euros al arquitecto que hizo la sede del PP en Logroño.

Miguel González de Legarrra, PR+

El presidente del PR+ se pregunta si el Gobierno paga con dinero público lo que el arquitecto les regala en su factura por unas obras que están siendo investigadas también por la Audiencia Nacional.

Cuevas pierde la memoria ante Ruz

Desde el PR+, llevamos meses reclamando al Gobierno de La Rioja una explicación sobre el hecho indiscutible y probado de que el arquitecto contratado para hacer las obras de rehabilitación de su sede fuera beneficiado, de forma directa o indirecta por el Gobierno de La Rioja, con una más que importante cantidad de encargos. Hasta el momento, todas nuestras preguntas al Gobierno solo habían obtenido como respuesta el silencio y la indiferencia pero todo ha cambiado a partir de que al Juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, comenzara a investigar este asunto y exigiera al Secretario general del PP, Carlos Cuevas y a la Gerente Ana Elvira Martínez, que le entregaran toda la documentación sobre la compra y las obras de rehabilitación de su sede.

Desde el PR+ nunca hemos cuestionado la profesionalidad del arquitecto, Sr. Arizcuren y ni siquiera hemos criticado que se sienta identificado con el PP y quiera regalarle su trabajo. De lo suyo gasta y nunca hemos señalado en su dirección. Lo único que hemos dicho y que hoy reiteramos, es que llama poderosamente la atención que habiendo sido beneficiado con tantas obras y subvenciones por parte del PP, haya sido precisamente él el elegido para acometer las obras de reforma de la sede del PP. Y lo que llama más la atención es que, -por los interrogatorios de la Audiencia Nacional-, hayamos terminado por conocer que solo les cobró 950 euros más IVA.

¿Las facturas no cubren el coste?

Nos parece muy bien que este señor se sienta identificado con el PP y no les quiera cobrar, es perfectamente legítimo. Lo que ya no es tan normal, al menos no parece que sea muy ético sobre todo por parte del Partido Popular y del Gobierno, es que reciba un trato privilegiado cuando se trata de hacer obra pública o adjudicaciones que se pagan con dinero público.

Es ahí donde el Partido Riojano está pidiendo explicaciones. Y se equivoca el Sr. Arizcuren si piensa que las explicaciones se las estamos pidiendo a él. Las explicaciones las tiene que dar el Gobierno de La Rioja y el Partido Popular. Es a ellos a quienes se las estamos pidiendo.

Es posible que el resto de arquitectos de La Rioja reciban el mismo trato del Gobierno, pero la gran diferencia es que ningún otro arquitecto firma el proyecto de rehabilitación de la sede del PP y les cobra 1.000 euros por lo que, a cualquier otro le hubieran cobrado entre 17.000 y 19.000 euros. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que nos obliga, como oposición, a averiguar si detrás de ese trato de favor al Partido Popular, no se esconde una compensación mediante adjudicación de obras y contratos del Gobierno o de entidades y administraciones gestionadas por el Partido Popular.

¿Que oculta el Gobierno de Sanz?

Y es cierto que hicimos públicas una serie de obras y adjudicaciones, pero todavía estamos esperando que el Gobierno aporte un solo dato real sobre las mismas o que nos facilite la relación de TODAS las obras, concursos, adjudicaciones, contratos y subvenciones que ha recibido este arquitecto.

Como el Gobierno no suelta prenda, nosotros nos vemos obligados a seguir desvelando los datos que descubrimos con nuestras investigaciones. Y nuestras investigaciones nos dicen que este arquitecto o su empresa, además del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española; del Instituto Riojano de la Juventud, del amueblamiento de la sala anexa del Palacete y la asistencia técnica en la sala de reuniones; del proyecto y rehabilitación del Centro de la Emigración, o de la Rehabilitación del edificio de la Consejería de Servicios Sociales...

Además de todo eso, también se encargó de la construcción del restaurante del Centro Riojano de Buenos Aires, un centro que recibe importantes subvenciones del Gobierno de La Rioja. También realizó el proyecto de acondicionamiento del itinerario del Yacimiento de Icnitas de Peñaportillo en Munilla, para la Mancomunidad para el Desarrollo Turístico; también realizó el acondicionamiento lumínico y el itinerario peatonal en la Atalaya de Haro para el Plan de Dinaminzación Turístico; y también firma con el Gobierno de La Rioja cuatro convenios para la realización de prácticas profesionales remuneradas en su empresa.

Además de todo eso, y después de construir el famoso merendero en la Consejería de Bienestar Social, la consejera Sagrario Loza le entregó 34.000 euros del primer premio de un concurso de ideas para una residencia de menores en protección que se presenta reiteradas veces a los medios pero que nunca se ha llegado a construir.

Seguimos con la construcción del Polideportivo en Quel, una importante obra de más de 2 millones de euros que financia el Gobierno de La Rioja y el propio ayuntamiento popular de Quel.

Y, como colofón a toda esta relación de obras, contratos y concursos, nos quedan las subvenciones que le concede la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Cuando el Diario La Rioja publica que la ADER le concedió 50.000 euros en subvenciones, el Consejero de Industria, Javier Erro, se apresuró a desmentirle diciendo que, de los 50.000 solo había recibido 44.901'98 € y que estaban perfectamente justificados. ¡Solo faltaría!

Lo que no dijo el Consejero es que, además de esos 50.000 euros, existe otra subvención correspondiente a la convocatoria de ayudas de la ADER del año 2009, por la que a la empresa Arquinomio S.L., propiedad del arquitecto Javier Arizcuren, se le concede una nueva subvención por importe de 97.921'44 €.

Con este curriculum, no resulta extraño que este señor se sienta identificado con el Partido Popular. ¡Normal!

El Gobierno tiene todo el derecho a contratar a un arquitecto brillante, ¡que lo es! El PP tiene todo el derecho de contratar a un arquitecto brillante, ¡que lo es! Pero tanto el PP como el Gobierno tienen también la obligación de ser transparentes y claros con el dinero público. ¡Y no lo son!

Y, sobre todo, los ciudadanos tenemos todo el derecho a conocer cómo se gasta el dinero público y si se está utilizando para compensar otros tratos de favor.

Cuando el mes pasado denunciamos esta situación ya advertimos que podíamos estar ante un nuevo milagro económico como el que se produjo en el chalé ilegal de Pedro Sanz. Un pedazo de caserón, construido por una empresa que trabaja para el Gobierno y el PP, por el que Pedro Sanz solo ha podido aportar facturas por 11.000 euros. ¿Quién ha pagado el resto?

En este caso, en la primera ocasión que se han pedido las facturas de la sede, nos hemos encontrado exactamente con lo mismo. El PP solo le ha pagado 950 euros por hacerles una sede nueva, pero solo en subvenciones de la ADER nosotros contabilizamos 142.823,42.- ¿Le compensa el resto con dinero de todos?

El PSOE desmonta en diez minutos la teoría del PP sobre las irregularidades en la reforma de su sede

"Cobré 1.050,98 euros para ayudar a un partido con el que me siento identificado"

La pensión media se hace "mileurista" mientras que el salario medio cae en picado. A pesar del Gobierno

LAS PENSIONES COMPENSAN LA MODERACIÓN SALARIAL

La cuarta parte de los pensionistas cobra más que la mayoría de trabajadores.

La crisis económica continúa produciendo intensos cambios en la estructura económica española. También está afectando, y de forma relevante, a la relación entre salarios y pensiones, la clave de bóveda del sistema público de protección social. Y lo que dicen las últimas cifras oficiales es que, prácticamente, la cuarta parte de los pensionistas españoles -en concreto, el 23,26%-, tiene ya unos ingresos superiores al tramo salarial más frecuente entre los trabajadores en activo.

O lo que es lo mismo, y expresando de forma más precisa, 1,89 millones de pensionistas (incluyendo todos los regímenes) tienen unos ingresos que se sitúan por encima de los 16.800 euros al año (en catorce pagas), que es el salario más frecuente de los españoles, según refleja la última Encuesta de Estructura Salarial de España.

Lo paradójico del caso no es tanto la relación entre salarios y pensiones, sino, sobre todo, su evolución dispar, toda vez que mientras el incremento de las nóminas se ha ido moderando a consecuencia de la crisis (el aumento salarial medio pactado en convenio apenas está creciendo un 0,6% -por debajo del IPC-), la pensión media no ha dejado de subir. La pensión media del sistema de Seguridad Social (de nuevo incluyendo todos los regímenes) se situó en 974,30 euros. Es decir un 3% más que en la media del año 2012.

El incremento no tiene que ver con una subida general de las pensiones. Al contrario, hay que vincularlo a que las nuevas pensiones son más elevadas que las que causan baja (también las bases de cotización son más elevadas), por lo que de forma automática se produce un aumento de la pensión media, que sube más que los salarios.

Se trata de un proceso imparable que se manifestará con mayor nitidez en los próximos años de mantenerse la moderación salarial. Hay que tener en cuenta que mientras que la pensión media de quienes se dan de baja asciende a 777,99 euros al mes, la cuantía de las nuevas pensiones es de 986,20. Por lo tanto, casi un 13% más.

¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que las pensiones públicas son cada vez más relevantes a la hora de garantizar la renta disponible de las familias. No hay que olvidar que esos casi 1.000 euros de pensión media se sitúan muy encima de lo que perciben millones de trabajadores.

Según la Encuesta de Estructura Salarial, el 33% de los trabajadores a tiempo completo -uno de cada tres- obtiene mensualmente unos ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI), que para este año se ha fijado en 645,30 euros. Es decir, 18.068 euros. Casi dos millones de pensionistas ingresa por encima de esa cantidad. 

Pensiones y umbral de pobreza

El hecho de que la pensión se ha convertido en un factor fundamental de estabilidad económica, a consecuencia de que la economía española ha destruido casi cuatro millones de empleos desde que estallara la crisis, se observa de forma nítida en el siguiente ejemplo.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), el riesgo de pobreza ha subido en España desde que apareció la crisis. Ha pasado del 20,7% al 21,1% para el conjunto de las edades. Pero para las superiores a 64 años, este riesgo (cuando no se alcanza el 60% de la mediana por unidad de consumo) ha pasado del 21,7% en 2010 al 16,9%, señal inequívoca de que las pensiones ganan cuota en el reparto de la tarta nacional frente a los salarios.

Esta evolución de las pensiones en un contexto de moderación salarial explica, en parte, la intención del Gobierno de ir limitando su actualización en función de la marcha del índice de precios de consumo (IPC).

En el reciente documento enviado por la Seguridad Social al Pacto de Toledo, se recuerda, de hecho, como una especie de aviso a navegantes que el impacto de la crisis económica ha planteado la reforma del sistema de revalorización de las pensiones en numerosos países, incluyendo “modificaciones en el método de cálculo de dicha indexación”. Además del indicador de precios de consumo, sostiene el Gobierno, se ha incluido la evolución media de los salarios o laproductividad. De esta manera, se pretende abortar la creciente divergencia entre evolución de los salarios y de las pensiones.

El futuro ha llegado: más empleo a tiempo parcial, más autónomos y sueldos minis

La recuperación era esto

Por: Ernesto Ekaizer | 04 mar 2014

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, considera que los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de febrero indican una cosa: "El mercado laboral ya se ha dado la vuelta". También ha aprovechado para defender la reforma laboral de febrero de 2012.

Y ha subrayado algo esencial: "Desde el Gobierno nos gusta decir que ya tenemos una nueva cultura del empleo, de la colaboración y de la flexibilidad".

Una nueva cultura

Esta percepción de la ministra es una excelente guía para examinar los datos del mes de febrero.

Veamos.

El Gobierno de Rajoy heredó del Gobierno de Zapatero, a 31 de diciembre de 2011, una economía con 5.273.600 personas en paro. O una tasa, según la Encuesta de Población Activa (EPA), del 22,85%.

Según la misma encuesta, tenemos, a 31 de diciembre de 2013, 5.896.300 parados. Una tasa del 26,03%.

Si se toman datos ya disponibles de la Contabilidad Nacional, durante 2012 y 2013 se han destruído 573.000 puestos de trabajo a tiempo completo (308.000 en 2012 y 265.000 en 2013). Según estos mismos datos, en España trabajan 17,2 millones de personas. Y de ellas 15,8 millones tienen empleo a tiempo completo.

Uno de los objetivos de la reforma laboral es, como explica la ministra de Empleo, el cambio de la cultura del empleo.

Que, según afirma, ya se ha conseguido.

Los datos del mes de febrero confirman lo que podríamos denominar el patrón Báñez. 

O la cultura Báñez.

El contrato indefinido a tiempo parcial es la llave maestra.

Según los datos oficiales, en febrero se han rubricado 1,09 millones de contratos. Son 141.035 más que en febrero de 2013.

Ahora bien, 97.804 son de carácter indefinido, o un 8,97% del total. Esto representa un incremento de 6.220 contratos, o un 6,79% más que en febrero de 2013.

Y 993.075 han sido contratos temporales, o 134.815 más, un 15,7%, que en el mismo mes del año anterior.

Al ver la composición del aumento de 6.220 contratos indefinidos se advierte lo siguiente: los indefinidos a tiempo completo son 2.575 (subida interanual del 4,9 %) y los indefinidos a tiempo parcial 3.645 (subida del 9,3%). Es decir, del incremento interanual los contratos a tiempo parcial representan el 55%.

Existe una correlación cultural, por así decir, entre estos datos del paro registrado y la estadística de afiliaciones a la Seguridad Social. En febrero, tal como se podía ver ya desde enero pasado, se produciría la primera creación de empleo interanual. Y se ha producido. Son 61.557 afiliados más que en febrero de 2013.

Rajoy había anticipado este crecimiento interanual de afiliados en el debate sobre el Estado de la Nación, el pasado 25 de febrero, y volvió a repetirlo en Sevilla el pasado fin de semana: "Este mes [febrero] habrá más gente cotizando que en febrero del año pasado [2013].

Esto ha ocurrido y también ha ido acompañado de un dato positivo de afiliaciones en febrero, de 38.900 personas.

Pero, otra vez, al entrar en la composición de estas afiliaciones, se puede ver que si en el incremento de los contratos indefinidos del mes de febrero, respecto al mismo mes del año anterior, juega un papel importante el tiempo parcial, en las afiliaciones el motor son los autónomos.

Si se echan cuentas, unos 44.000 afiliados, o alrededor del 70%, de los 61.557 ganados en el último año, febrero 2014 sobre febrero 2013, pertenecen al regimen de autónomos.

Por tanto, tenemos dos componentes de la nueva cultura: más empleo a tiempo parcial y más autónomos.

Una de las grandes sorpresas de la subida de afiliaciones en febrero ha sido la aportación del sector agrario. La recolección de la aceituna ya había dado alegrías en el mes de diciembre, lo que quedó reflejado en la EPA del cuarto trimestre de 2013. Pero las lluvias han aplazado una recolección que suele acabar en enero. Este año se ha prorrogado a febrero y se adentrará incluso en marzo. El efecto es que una cantidad de contratos que se extinguen han seguido vigentes, ya que gran parte de la gente extranjera y no puede ser devuelta durante el periodo en que se paraliza la actividad a la espera del buen tiempo.

Los datos de los próximos meses serán una prueba importante. Porque ya en marzo y abril del año pasado los datos experimentaron disminución en la primera estadística (paro registrado) y un aumento en la segunda (afiliaciones). 

Finalmente, hay otro capítulo para completar la cultura Báñez y que parece ser un rasgo casi permanente: la caída de la población activa, es decir la disminución/abandono/emigración del colectivo formado por los que trabajan y los que pugnan por conseguir empleo.

Lo que, lógicamente, ayuda a reducir las cifras de paro.

Es una cultura, pues, política y publicitariamente rentable. Así se vende.

La Banca desafía al débil Gobierno de Rajoy .

Bankia, Popular y Sabadell desafían a Guindos por las polémicas cláusulas suelo

La banca cada vez hace menos caso a las 'sugerencias' del Gobierno. Al pulso por mantener a José María Roldán como candidato a la presidencia de la Asociación Española de Banca (AEB), se añade ahora el mantenimiento o la reposición de las polémicas cláusulas suelo que siguen obligando a aceptar determinadas entidades como Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular.

Como publicó ayer El Confidencial, el banco nacionalizado exige a los clientes a los que les concede un crédito hipotecario aceptar por escrito y a mano que la cuota de su préstamo no bajará del 3,5% con independencia de cómo esté el tipo de interés de referencia, habitualmente el Euribor. Un diferencial muy alto si se tiene en consideración que el citado índice está ahora en el 0,54% y que los bancos están ofreciendo créditos próximos al 2%.

Pero no es sólo Bankia la que impone estas cláusulas, que el Tribunal Supremo condenó el pasado año por considerarlas abusivas al no explicárselas al tomador con la transparencia necesaria. Banco Popular y Banco Sabadell, dos entidades que ya las incluían en sus condiciones antes de la sentencia del Alto Tribunal, las siguen exigiendo, según han confirmado fuentes financieras.

Todo un desafío al ministro de Economía, Luis de Guindos, que cuando el pasado verano conoció el castigo que el Supremo impuso a BBVA, Cajamar y Novagalicia pidió al Banco de España en unas jornadas sobre el sector que pusiera "especial atención" en el cumplimiento por parte de todas las entidades de la jurisprudencia que sienta la sentencia del Tribunal Supremo, sin necesidad de que los clientes acudan a los jueces para reclamarlo.

"El Banco de España va a poner medios especiales para que se aplique la sentencia del Supremo", indicó el ministro al considerar que era "fundamental" que estas cláusulas fuesen transparentes en el intento de reformar y dotar de credibilidad al sector financiero español. De Guindos no creó después ningún tipo de normativa, pero en diversas ocasiones recordó que la sentencia del Alto Tribunal debería “extenderse a otras entidades” porque generaba jurisprudencia.

El presidente del Banco Popular, Ángel Ron. (EFE)Sin embargo, ocho meses después de aquella decisión judicial, el Banco de España no ha publicado ninguna circular sobre las cláusulas suelo. 

La institución que preside Luis Linde se ha inhibido en esta polémica, que afecta a cerca de 1,7 millones de contratos hipotecarios. El supervisor no puede modificar unilateralmente los contratos con los clientes (algo que sólo pueden hacer las entidades o un juez), pero, como pasó en su día con la limitación a la retribución de los depósitos a plazo fijo, sí puede sugerir a las entidades su retirada.

¿Es Economía incapaz? 

Fuentes financieras explican que ni Bankia, ni Sabadell ni Popular “se pueden permitir el lujo” de quitar las cláusulas suelo porque de lo contrario las pérdidas por su negocio ordinario continuarían durante muchos años. Por ejemplo, el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri amortiza anualmente un 8% de su cartera vieja de hipotecas y la sustituye por nuevos créditos. A ese ritmo, la entidad tardaría años en darle la vuelta a sus deteriorados márgenes de intermediación.

La situación es similar a los otros dos bancos, cuya cuenta de resultado depende casi exclusivamente de la evolución de la economía española. Retirar los topes para adecuar las cuotas de los préstamos al valor real de mercado del Euribor les supondría unas pérdidas muy significativas. Basta decir que BBVA tuvo que apuntarse unas provisiones de 420 millones de euros por quitar esa condición a cerca de 600.000 hipotecados.

En el ministerio de Economía hay un profundo malestar con el banco dirigido con Goirigolzarri porque esta política comercial lastra la imagen de una entidad que recibió 22.000 millones de ayudas públicas y que poco a poco estaba recuperando la confianza de los particulares que sufrieron el expolio de la salida a bolsa de las participaciones preferentes.

Por su parte, en Banco Popular argumentan que sus cláusulas suelo "son totalmente transparentes y lícitas" y que la sentencia del Supremo castigó sólo a una serie de entidades que las ocultaban a sus tomadores. Además, subrayan que no hay ninguna normativa que les obligue a suprimirlas.

Bankia lejos de quitarlas, ha decidido ponerlas de nuevo con obligación manuscrita.

Bankia impone cláusulas suelo 'manuscritas' en sus nuevas hipotecas a precios elevados

NO PERMITE BAJAR EL DIFERENCIAL A MENOS DEL 3,5%

A bolígrafo y por escrito. Así exige Bankia a los clientes a los que les concede un crédito la aceptación de las polémicas cláusulas suelo, una condición considerada abusiva y que fue censurada por el Tribunal Supremo en sentencia firme contra varias entidades. Pese al golpe judicial contra la operativa generalizada de la banca, el grupo financiero nacionalizado las ha incluido de nuevo en sus préstamos al sostener que son legales.

Ellos permiten el abuso

Bankia ha confirmado esta imposición a los clientes a la hora de firmar un crédito, especialmente los hipotecarios que está volviendo a incentivar tras mantener el grifo cerrado para la compraventa de casas. Según la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, el fin de este requerimiento es la transparencia, para que el tomador sea plenamente consciente de las condiciones del préstamo.

La obligación consiste en copiar a mano en un papel y ante notario un documento mecanografiado y remitido por Bankia en el que se especifica que el crédito contiene un tope que impide que se reduzca la cuota mensual a pagar aunque el índice de referencia –el Euribor– baje en los mercados de capitales. De esta manera, el usuario manifiesta ser totalmente consciente de la cláusula, que cierra la puerta a cualquier reclamación judicial posterior.

Si la citada imposición es llamativa, aún más lo es el tipo de interés que Bankia aplica como suelo a los créditos hipotecarios. El banco, que fue rescatado con una aportación de fondos públicos de cerca de 23.000 millones de euros, no permite que el diferencial que paga el cliente se sitúe por debajo del 3,5%, con independencia de cómo cotice el Euribor. El citado indicador se mueve ahora en el 0,55%, por lo que la entidad nacionalizada cobra un precio de casi el 3%.

Se trata de un diferencial muy superior al que algunas entidades, comoBanco Santander, Bankinter, Kutxabank y Sabadell, están ofreciendo a los ahorradores en sus nuevas campañas comerciales. Hay casos en los que, en función de una determinada vinculación, se llega hasta el 1,75%, como es la oferta que tiene actualmente el banco con sede en San Sebastián.

Desde Bankia se sostiene que las cláusulas suelo no son ilegales ni abusivas siempre y cuando se informe con claridad al prestatario, tal y como determina la sentencia del Tribunal Supremo. La alta instancia judicial señaló en su sentencia del pasado 9 de mayo que los citados topes eran lícitos “siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos".

El Tribunal Supremo condenó a BBVA, Cajamar y Novagalicia a retirar esa condición por no haberlo comunicado debidamente a los clientes. La entidad presidida por Francisco González recurrió la medida, que fue ratificada posteriormente en dos ocasiones, pero la aplicó con efectos inmediatos a sus 425.000 créditos hipotecarios. La institución tuvo que provisionar 420 millones de euros. Las otras dos hicieron lo propio hasta sumar cerca de 600.000 créditos sobre un total de 1,7 millones que se estiman sufren esta cláusula.

Los bancos que también usaban este tope eran Banco Popular y Banco Sabadell. CaixaBank y la propia Bankia las habían heredado de Banca Cívica y de algunas de las cajas pequeñas que conformaron el holdingBanco Financiero y de Ahorro. Ni La Caixa, ni Caja Madrid ni Bancaja las tenían de origen. 

La entidad dirigida por Goirigolzarri contaba con una cartera hipotecaria de 3.600 millones con cláusulas suelo, el 2,5% de todo su saldo crediticio, Tras la sentencia del Supremo, el banco empezó a negociar con cada cliente una solución particular, según reconoció José Sevilla, director general de Presidencia, de lo que se dedujo que las eliminaría al ser una excepción. Sin embargo, lejos de quitarlas, el grupo ha decidido ponerlas de nuevo ya como Bankia con obligación manuscrita.

El Juzgado paraliza la aplicación de la cláusula suelo -como medida cautelar- durante el proceso.

Los jueces dan vía libre a no pagar la cláusula suelo durante el proceso

Suponga que su contrato hipotecario contiene una cláusula suelo que podría anularse judicialmente por abusiva y que está planteándose demandar al banco. 

El proceso podría durar años. Por ejemplo, si vive en Madrid, se encontrará con la desgradable sorpresa de que se están señalando fechas -sólo para la audiencia previa- en 2015.

El resultado es que, en principio, tendría que seguir pagando la cláusula durante todo ese tiempo, y existe una alta probabilidad de que, si el Juzgado correspondiente sigue el criterio del Tribunal Supremo, no recupere las sumas que haya pagado durante ese tiempo, a pesar de declararse la nulidad de la cláusula.

Sin embargo, existe una opción que permite salvar este problema: solicitar como medida cautelar -junto con la demanda- la paralización de la cláusula durante el proceso. Si bien algunos juristas se han mostrado reticentes a contemplar esta posibilidad, basándose en la falta de cumplimiento de los requisitos que exige la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), cada vez son más los jueces que se inclinan a favor del cliente y le protegen ante la posible pérdida de un dinero pagado injustamente. 

Tal es el caso del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga, que consolida una nueva puerta a los afectados por cláusulas suelo. A través de un auto, el Juzgado reconoce a un cliente bancario la posibilidad de paralizar la aplicación de la cláusula -como medida cautelar- durante el proceso.

La pauta que marcó el Supremo

El Tribunal Supremo dictó el pasado 9 de mayo de 2013 una polémica sentencia en la que se introdujo un criterio poco alentador para los consumidores: el fallo sólo concedió la eliminación de la cláusula suelo desde aquel momento en adelante, sin reconocer a los afectados por aquel caso concreto la devolución de las cantidades ya pagadas. En definitiva, aquel fallo sentó la no retroactividad de los efectos de la nulidad.

Es precisamente esa alta probabilidad de no recuperar el dinero perdido durante el proceso la que lleva al responsable de este auto a conceder al cliente la medida cautelar.

Requisitos para conceder la medida

Según recuerda el auto, para conceder la medida cautelar es necesario que exista -entre otras cosas- apariencia de buen derecho, es decir, que existan indicios suficientes para considerar que la sentencia que resuelva el caso lo hará a favor del demandante. Además, es preciso que existapeligro por la mora procesal, es decir, peligro de que el resultado de la sentencia no pueda cumplirse en el momento en que ésta se produzca.

El auto fija que se da con claridad esa apariencia de buen derecho, dada la "multitud de resoluciones que estiman la nulidad de este tipo de clausulas si no cumplen los requisitos de incorporación que fija el Tribunal Supremo" en su sentencia de 9 de mayo de 2013.

Más complicado es entender cumplido el peligro por la mora procesal, siendo "inexistente" la posibilidad de que la entidad no pueda pagar, aunque "los tiempos revuelos en los que nos encontramos no dejen tranquilo a nadie".

Sin embargo, el juez da una vuelta de tuerca a la norma y reconoce que sí existe un peligro de mora procesal impropio: dado que existe una alta probabilidad de que no se devuelvan las cantidades ya pagadas "así lo recoge la sentencia del Supremo-, ello supondría que durante todo el proceso y hasta el momento del fallo, el demandante pagara indebidamente.

En este sentido, el peligro es "más que obvio", pues el Supremo protege contra una devolución de cantidades ya cobradas a pesar de declarar la nulidad de la cláusula, es decir, "a pesar de darle la razón a la parte actora".

La única forma de evitar esa situación es, por tanto, "precisamente suspender el abono de estas cantidades para que no se cobren y, no habiendo sido cobradas, si se declara la nulidad, no se producirá el daño de la no devolución". En definitiva, la medida cautelar solicitada "no sólo es legal, sino que se incluye en el catálogo indicado en el artículo 727.7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)".

En cuanto a la caución que debe presentar el cliente -una especie de garantía-, el juez la fija en 50 euros, teniendo en cuenta que "el no abono durante un tiempo de las cantidades que corresponderían de aplicar la cláusula suelo no le pude provocar un gran daño" a la entidad financiera. A ello se suma la "solidez jurídica" de la petición. En Madrid, la concesión de medidas cautelares de este tipo puede tardar unos tres meses en concederse desde el momento de la demanda.

Como contrapartida, si el cliente no gana el juicio, tendrá que desembolsar la cantidad que dejó de abonar durante el proceso, aunque, según fuentes jurídicas, cuando se concede la medida cautelar hay una cierta certeza -alrededor de un 80 por ciento- de que el proceso se solucionará a favor de quien la obtiene.

El Banco de España "reconoce que la evolución salarial " se ha visto inflada de forma artificial.

El Banco de España ha comprobado que los salarios han caído el doble de lo que dice la estadística

El supervisor eleva al 2% el recorte de los sueldos en el pasado 2012

Llega a esta conclusión tras corregir la pérdida del empleo de peor calidad

El Banco de España ha comprobado que los salarios han caído el doble de lo que dice la estadística porque, tal y como explican los expertos del supervisor, los datos oficiales no tienen en cuenta que la crisis se ha cebado con el empleo de peor calidad. En un capítulo especial del boletín económico de febrero, el organismo que dirige Luis María Linde pone negro sobre blanco lo que muchos hogares españoles ya percibían por sus crecientes dificultades para llegar a fin de mes.

Tal y como reconoce el supervisor, la larga crisis económica se ha llevado por delante un mayor número de puestos ocupados por trabajadores peor cualificados y de menor experiencia, que eran también los que tenían sueldos más bajos. Por este motivo, el Banco de España reconoce que "la evolución salarial agregada" del mercado laboral español se ha visto inflada de forma artificial por la pérdida de peso relativo de quienes menos cobraban.

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A modo de ejemplo, el supervisor recuerda que, entre 2008 y 2012, un periodo en el que la economía española atravesó dos recesiones y en el que la tasa de paro subió del mínimo del 8% hasta el récord del 26%, los trabajadores de menor nivel educativo han pasado de representar el 14,8% del total de ocupados al 10%. Asimismo, añade el texto, la participación de los trabajadores de menor antigüedad en la empresa se redujo con intensidad porque los temporales han sido los primeros en ser despedidos con la llegada de los problemas. En concreto, los empleados con más de tres años de experiencia pasaron de representar un 61,7% del empleo en 2008 a un 73% en 2012. La tercera variable relevante para el análisis, la edad, el peso de los jóvenes se ha reducido en nueve puntos porcentuales. 

MONTORO ENGAÑO A MILES DE SUS ELECTORES.

Todos estos "cambios tan pronunciados en la composición del empleo", comentan los autores del capítulo, han causado "efectos estadísticos realmente significativos". De hecho, reconocen que explican "una parte del incremento de los salarios reales que se observó en las fases iniciales de la crisis". Por este motivo, sostienen que "es preciso tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico preciso sobre la evolución de los costes laborales". Para ello, han recurrido al análisis de lo sucedido durante los años de la crisis con los sueldos de un mismo grupo de trabajadores a modo de muestra representativa del conjunto.

Tras este ejercicio teórico, la conclusión a la que han llegado los expertos es que tras venir subiendo desde 2006, los salarios "iniciaron una progresiva moderación", algo que por otra parte coincide con lo que indicaban los datos de remuneración de la Contabilidad Nacional. A partir de 2008, los cambios en la composición del mercado laboral fueron tan intensos que empezaron a trastocar la estadística hasta ocultar que en 2010 los sueldos ya estaban cayendo cuando los datos oficiales aseguraban que se quedaron estancados. "El proceso de moderación salarial que comenzó en 2010 podría ser algo más intenso de lo que indican las estadísticas agregadas sobre costes laborales", indica el Banco de España.

En los gráficos con los que acompaña el informe, el Banco de España calcula que frente al descendo medio de los salarios reales de 2012, que fue del 1%, el recorte corregido el llamado "efecto composición" fue ligeramente superior al 2% en las bases de cotización de los trabajadores. En cualquier caso, los responsables de la institución insisten en que con este informe no buscan cuestionar los datos oficiales. "Lo que se ha hecho es un puro ejercicio teórico para ver cuál es el efecto composición —variación de la estructura del empleo— en esa evolución agregada", insisten.

Según el INE y su encuesta de costes laborales, considerada como una de las estadísticas más fiables para analizar la evolución de los sueldos, los salarios cayeron en España por primera vez en el cuarto trimestre de 2012. Y lo hizo con fuerza con un recorte del 3,6% interanual arrastrada por la supresión de la paga extra a los funcionarios. El último dato publicado corresponde al tercer trimestre y arroja una caída mucho más moderada del 0,2% y, a buen seguro, volverá a tasas positivas en los últimos meses de 2013.

Pese a la evidencia, el Gobierno ha tardado en reconocer la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores hasta el punto de que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegó a decir el pasado octubre en el Congreso que los salarios no bajaban. Entonces, la dureza de la crisis y el ajuste laboral ya habían acabado con cualquier resistencia por parte de la estadística a mostrar la realidad que, desde muchos meses antes, ya vivían día a día los hogares españoles. Sin embargo, tras asumir el recorte de salarios como un efecto de la necesaria devaluación interna, ahora el Ejecutivo se ha colocado en el extremo opuesto y no duda en presumir de la mejora que presenta desde el punto de vista de la competivididad la rebaja de salarios.

PR+ consigue que en Haro haya unanimidad sobre Garoña, «Siempre ha sido motivo de preocupación para los riojanos», hay «razones de sobra como para dudar de su seguridad»

El pleno planta cara al Estado y pide el cierre «definitivo» de la central nuclear de Garoña

La decisión del Gobierno central, que abre la vía a la reactivación del centro energético, encuentra el rechazo frontal y firme del Consistorio riojalteño

26.02.14 - 00:50 - 

ROBERTO RIVERA | HARO |

LA MOCIÓN

Punto de partida. El texto reconoce que todos los partidos consideran la central un «motivo de preocupación» para los jarreros.

Antecedentes. Se hace referencia a los veintiún accidentes registrados, «algunos tan grave que obligaron a la paralización de la actividad».

Comparativa. El pleno recuerda que la central burgalesa es «gemela» de la destruida en Fukushima (Japón) y considera por ello «un auténtico despropósito» una hipotética reapertura «por evidentes razones de seguridad».

Exigencia. Se reclama el «cierre irrevocable» de sus instalaciones al considerar que, «por su antigüedad, deficiente conservación e historial de accidentes y paradas supone un grave peligro».

Madrid y Logroño dicen "SI" a la reapertura

LAS FRASES

PATRICIO CAPELLÁN |ALCALDE DE HARO

«La posición del PP no ha cambiado. El rechazo a Garoña ya fue reclamado en ejercicios anteriores»

LEOPOLDO GARCÍA |PORTAVOZ DEL PR+

Agradecemos el apoyo de los grupos y más el del PP que podría encontrar problemas en el partido»

SUSANA GARCÍA LABIANO |PORTAVOZ DEL PSOE

«Cuando pensamos en los ciudadanos y no en los partidos, el resultado son decisiones de consenso»

Ángela Fernández, la concejala que ocupará hasta final de legislatura el hueco dejado en la bancada del PSOE por Pedro Rodríguez, se estrenó ayer a lo grande. Juró su cargo sobre el ejemplar de la Constitución que obra en poder del Concejo, ocupó su escaño en el salón de plenos y asistió desde un lugar privilegiado a una sesión que acabará considerándose histórica, aún teniendo precedente en la década de los noventa, cuando la sala ya se posicionó contra la central nuclear de Garoña.

Entre lo sucedido entonces y lo escenificado ayer hay, no obstante, diferencias insalvables.

Los partidos con representación en el arco municipal jarrero cerraron filas en un contexto especialmente delicado, dada la relevancia del real decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros que parece decidido, no ya a finiquitar la vida operativa de la central burgalesa, sino a reactivarla después de haber considerado el anterior Ejecutivo que la concesión de su explotación económica había expirado de largo en el tiempo.

Tal fue así que Leopoldo García, portavoz del Partido Riojano que propició el acuerdo unánime y firme de los ediles de Haro, acabó dando las gracias a todos los corporativos pero «muy especialmente a los concejales del PP porque, a quienes representamos a PSOE y PR+ tal vez nos sea más fácil aprobar esta moción que en su caso podría generarles un problema con el partido».

¿Por qué? Porque el pleno de Haro pactó la rúbrica de un acuerdo que planta cara al Estado, a la vista de los pasos dados en los últimos días decidido a prolongar su actividad durante los próximos años, y reclama enérgicamente el «cierre definitivo» de las instalaciones de la central energética.

Basta con echar un vistazo a los términos consensuados por los tres grupos políticos del Consistorio riojalteño. Estos dejaron claro en el documento, ratificado al unísono, que la central de Garoña «siempre ha sido motivo de preocupación para los riojanos», recordaron que a lo largo de los últimos años han visto «razones de sobra como para dudar de su seguridad» e hicieron referencia al registro de «más de veintiún accidentes, alguno de ellos tan grave que obligó a la paralización de la actividad». Todo ello para reconocer que el anuncio del cese definitivo de la explotación el 6 de julio generó la satisfacción del Concejo. Y para atestiguar, a renglón seguido, que los movimientos advertidos en los últimos meses han vuelto a suscitar una enorme preocupación al entender que «el Consejo de Seguridad Nuclear trabaja en la dirección» del cierre definitivo de la central «y el Gobierno de España trabaja de forma acelerada en la dirección contraria y ya ha anunciado la próxima aprobación» (ratificada este pasado viernes) de un real decreto que permitiría ampliar la vida útil de las centrales nucleares hasta los cincuenta o sesenta años, lo que permitiría a Nuclenor solicitar la renovación de la licencia de explotación y retomar la actividad de la central». Textualmente.

El paso a dar, considera el pleno en pleno, es por el contrario su «cierre definitivo e irrevocable».

Baro propone que Agricultura mantenga la actual habilitación de los veedores y nombre un director de control funcionario público de la propia Agencia, lo que aseguraría la independencia.

ÁNGEL DE JAIME BARÓ VOCAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PARTIDO RIOJANO

Un control independiente, creíble y eficaz

«Que el control en la DOC sea ejecutado por organismos privados provoca una situación que consideramos radicalmente negativa y perjudicial para nuestra denominación»

Desde hace varios años, venimos llamando la atención desde el Partido Riojano sobre algunas disfunciones del sistema de control de nuestra Denominación de Origen. Por eso, una vez que ya ha finalizado la reestructuración del Consejo Regulador, creemos que ha llegado el momento de acometer la creación y adecuación del órgano de control de la misma que, según establece la Ley del Vino, no debe tener dependencia administrativa ni funcional del órgano de gestión y tendrá como funciones el control de la producción, la elaboración de informes técnicos, actas de inspección y la incoación y tramitación de expedientes, dentro de sus competencias.

Actualmente, se está tramitando un anteproyecto de ley de denominaciones de origen de ámbito supraautonómico que regulará los aspectos generales del sistema de control de las mismas y que establece explícitamente que la verificación de las condiciones de producción antes de la comercialización le corresponderá al Ministerio de Agricultura, sin perjuicio de que pueda delegar determinadas tareas de control en organismos de certificación de productos. Este anteproyecto determina igualmente que la gestión de las denominaciones de origen podrá ser realizada por un consejo regulador, con personalidad jurídica propia, como corporación de derecho público, en el que se podrán delegar funciones de control de la denominación de origen, a excepción del control oficial, fundamentalmente la tramitación de expedientes.

En los últimos años, la máxima aspiración del Consejo Regulador del Rioja ha sido la de ser reconocido por la Unión Europea como autoridad competente de control y, en esta línea, ya presentó en su día una enmienda al mencionada anteproyecto de ley para conseguir que el control oficial de la denominación pudiera ser delegado en los consejos reguladores. Delegar el control oficial en el consejo regulador es tanto como eliminar la separación entre control y gestión establecida en la vigente Ley del Vino, pues una vez eliminada, ambas funciones dependerían administrativa y funcionalmente del consejo regulador, que podría incoar e instruir los expedientes sancionadores e incluso llegar a imponer las sanciones. El Ministerio a su vez, objeta la habilitación de los veedores como inspectores con presunción de veracidad en sus actos, habilitación mantenida hasta ahora sin problemas y que últimamente ha sido incluso reconocida por distintas autonomías en sus leyes, a los veedores que actúan en las denominaciones que están exclusivamente incluidas en sus territorios.

El mantenimiento de estas dos posturas entraña un grave peligro para el funcionamiento de la Denominación de Origen Rioja ya que si el órgano gestor de esta Denominación de Origen pudiera ejercer también el control oficial de la misma, se convertiría en juez y parte, lo que generaría la misma inseguridad y desconfianza entre los inscritos que genera hasta ahora el presidente, procedente de un sector, cuando actúa como juez instructor de los expedientes sancionadores. Por otra parte, si el Ministerio no habilita a los actuales veedores, debería funcionarizarlos o sustituirlos por funcionarios, con la correspondiente complicación administrativa y económica que supondría en la actual situación de crisis.

Parece, por tanto, que la actitud de unos y otros puede llevarnos finalmente a que el control sea ejecutado por organismos privados, de conformidad con lo que permite la normativa comunitaria. Una situación que consideramos radicalmente negativa y perjudicial para nuestra denominación.

Todas estas reflexiones son las que nos llevan a considerar y proponer, desde el PR+, que el Consejo Regulador, como encargado de la gestión, no debería ostentar el control oficial de la misma y que el Ministerio de Agricultura debería mantener la actual habilitación de los veedores.

Creemos que el órgano de control debería depender del Ministerio, a través de la Agencia de Información y Control Alimentario que fue creada por la reciente Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y que al frente del mismo, debería nombrarse a un director de control, un puesto que debería cubrirse por un funcionario público de la propia Agencia, lo que aseguraría la independencia de su actuación. Esta es una situación prevista y permitida por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado para aplicarse a las entidades de derecho público y que incluso posibilitaría, si fuera necesario, la ratificación de las actas de inspección para expedientes sancionadores.

La estructura administrativa y jurídica del Consejo Regulador podría aportar personal específico y exclusivo de apoyo al órgano de control, en el que se integrarían los veedores habilitados, financiando mediante convenio, los costes de funcionamiento del mismo.

En el Partido Riojano estamos convencidos de que, de esta manera, conseguiríamos en la Denominación un control verdaderamente independiente y eficaz; creíble para los viticultores y para las bodegas inscritas y generador de confianza para los consumidores de nuestros vinos.

La Seguridad Jurídica en España cada día se parece mas al Tercer Mundo. La Clase Media objeto de rapiña para el Gobierno Popular

Propaganda engañosa

PR+ asegura que el PP "traiciona" a quienes adquirieron viviendas de VPO "al eliminar las ayudas"

Los regionalistas denuncian "la eliminación de las ayudas"

El diputado del PR+, Rubén Gil Trincado, ha indicado que el presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, "es en primera persona quien elimina las ayudas a miles de riojanos que adquirieron viviendas de VPO por sus condiciones y ahora les traicionan con una Ley que aplica una retroactividad ilegal".

El PR+ ha realizado una rueda de prensa para explicar la situación de "cientos de afectados por los recortes del PP en materia de vivienda". Así ha recordado que el Gobierno del PP aprobó en junio del año pasado la Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del alquiler de la Vivienda.

"Una Ley en la que el PP introdujo a última hora y de tapadillo una disposición adicional segunda, que suprime de forma retroactiva las ayudas reconocidas a los compradores de VPO para subsidiar sus prestamos", ha asegurado.

El PP, aseguran desde el PR+, "aprobó esta medida en la última etapa de tramitación de la Ley, a escondidas y es escandaloso que en una Ley que trata sobre el alquiler se eliminen las ayudas, con efecto retroactivo, a la subsidiación de los préstamos".

Es decir "no es que eliminen las ayudas a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, sino que aplican un dudoso efecto retroactivo que afecta a miles de familias en nuestra ccaa".

Así, continúan, "los beneficiarios de estas ayudas en La Rioja, estaban dentro de un convenio con el Ministerio de Fomento, para la financiación social de la vivienda y que ofrecía mejores condiciones en el préstamo al ser una vivienda de protección oficial".

Estas ayudas "suponen de forma mensual una media entre 80 y 150 euros, aunque hay casos más altos aún, incluso hasta los 300-400 euros mensuales en el caso de las familias numerosas" pero el PP "al introducir a escondidas una disposición adicional hace que la ley 4/2013 de fomento del mercado de la vivienda aplique la eliminación de estas ayudas de forma retroactiva".

"Raya ser anticonstitucional"

Esta situación, en opinión del PR+ "raya ser anticonstitucional, ya que se elimina un derecho claramente reconocido y que expresamente se establece que el periodo de duración de las ayudas en las cuotas hipotecarias que pagan los adjudicatarios, es de 10 años y no de cinco".

"Estamos hablando de que muchos afectados van a perder al año alrededor de 1.000-1.500 euros como mínino", aunque "hay casos mucho mayores y si esto lo multiplicamos por los cinco años a los que tenían derecho la cantidad se dispara hasta superar los 6000 euros de media".

Ante tal situación, desde el PR+ están recibiendo "decenas de quejas por la negativa del Gobierno de La Rioja a renovar las ayudas a la subsidiación de la compra de una VPO en nuestra comunidad".

"Es el Gobierno de Pedro Sanz quien niega el derecho adquirido y reconocido a los compradores de VPO, a través de la dirección general de urbanismo y vivienda y que firma Marian Ortigosa". En La Rioja "según nuestros cálculos los afectados pueden ser unos 5000".

Con todo ello, "vamos a llevar al Parlamento de La Rioja diferentes iniciativas para que el Gobierno de Pedro Sanz "deje de negar la renovación de las ayudas y de aplicar una dudosa retroactividad en la aplicación de la nueva Ley".