La oposición de La Rioja acusa al jefe del Gobierno regional de saltarse las leyes durante años para convertir una caseta rústica de 20 metros en un chalé de 200
Imagen del chalé del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, junto a
unos viñedos en Villamediana de Iregua. / SERGIO ESPINOSA
Los partidos de la oposición de La Rioja han denunciado que el presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz (PP), ha convertido lo que era una caseta de aperos de labranza de 20 metros cuadrados, ubicada en suelo rústico no urbanizable del municipio de Villamediana de Iregua (7.212 habitantes, a unos 6,5 kilómetros del centro de Logroño), en un chalé residencial de dos plantas y más de 200 metros. Para ello habría cometido, aseguran, múltiples irregularidades urbanísticas y fiscales durante más de 25 años. El propio Sanz ha admitido que en el proceso de transformación de caseta a chalé quizás habría incurrido en “una falta administrativa” en materia de urbanismo, pero que sería una más de las muchas perpetradas en ese pueblo, donde gobierna el PP.
El PSOE de La Rioja y el PR+ (Partido Riojano) han acusado a Sanz de realizar obras que exceden las licencias solicitadas, de cometer fraude fiscal y de recibir trato de favor de una de las empresas que hizo las reformas. Además, afirman que ha puesto al Ayuntamiento de Villamediana de Iregua (PP) “a su servicio” para regularizar esta vivienda modificando su Plan General de Ordenamiento Urbano.
El asunto se remonta a principios de los años ochenta, cuando el mandatario adquirió una parcela con una caseta de aperos en el municipio. Las denuncias se centran en tres obras ejecutadas en 2009 y en 2012, ya que las posibles irregularidades en las anteriores reformas (efectuadas entre 1982 y 2008) habrían prescrito.
El PSOE riojano asegura que en 2009 se le concedieron a Sanz licencias para instalar un porche de 40 metros cuadrados, cambiar ventanas en la caseta y renovar el hormigón exterior. En 2012, explican, obtuvo otra para cambiar tejas y cubrir cuatro metros cuadrados de terraza. Pese a ello, los socialistas sostienen: “Con la primera obra, presupuestada en 1.500 euros, se cerraron 100 metros, no 40, y se instaló un asador”; la segunda, “presupuestada en 2.500 euros, se convirtió en una renovación total de la superficie de la finca”; y con la última, con un gasto de otros 2.500 euros, “se cambió todo el tejado y se modificó su estructura al incorporar una terraza de más de 20 metros cuadrados”. La caseta ya era chalé.
Pedro Sanz admite una posible “falta administrativa” durante las obras
El presidente del PR+, Miguel González de Legarra, ha asegurado que la finca de Sanz se ubica en un terreno rústico donde solo se permite la edificación de 20 metros cuadrados, según leyes subsidiarias de la localidad, y de 40, según la LOTUR (Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja). González de Legarra ha cifrado el “coste real” de estas obras en 80.423 euros, frente a los 6.500 declarados por Sanz, “aunque acabó justificándolas con unas transferencias de 14.946 euros”, pero “sin una sola factura”. El presidente del PR+ ha subrayado que Sanz no ha entregado los preceptivos proyectos técnicos ni los estudios básicos de seguridad y salud, y le acusa de infringir, “al menos, varios artículos, de la LOTUR, las normas subsidiarias de Villamediana, la Ley de Ordenación de la Edificación y la liquidación de tasas municipales”, además de cometer “falsedad en documento público”.
El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE riojano, Vicente Urquía, ha denunciado también un fraude fiscal por haberse liquidado el impuesto de construcciones “sobre lo presupuestado y no sobre el coste real”, y habla de “trato de favor” por parte de la empresa contratada, Foralia, “que ha trabajado con la Administración riojana y con Ayuntamientos del PP por nueve millones de euros”. El administrador de Foralia, Juan Antonio Benito, ha asegurado que la minuta cobrada a Sanz “fue al precio habitual de mercado”.
El presidente Sanz ha refutado las acusaciones, que atribuye a “una persecución personal”. No obstante, ha admitido “una falta administrativa”, pero la ha minimizado: “En Villamediana hay más de 700 irregularidades urbanísticas”. El dirigente popular ha subrayado que “todas las obras han sido pagadas a precio de mercado a través de transferencia bancaria”. En su opinión, si él no fuera el presidente de La Rioja “este tema no hubiera tenido relevancia”.
El PSOE no piensa lo mismo. “Estamos ante un abuso de poder”, ha clamado el secretario de Organización del PSOE riojano, Francisco Ocón: “Sanz se ha saltado durante 25 años las normas urbanísticas dictadas por su propio Gobierno y con las que ha castigado a muchos riojanos por hacer lo mismo que él”.
Legalizada con tránsfuga
La oposición denunció en enero las supuestas irregularidades del chalé de Pedro Sanz, primero en el Ayuntamiento de Villamediana y luego en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. Tras la denuncia, aseguran, Sanz trató de “legalizar” su vivienda, solicitando que se incluyera el sector donde se ubica la finca en el Plan General del municipio. Y así se hizo, aunque durante años nadie había pedido que esa zona, lejana del área urbanizada, entrara en el plan.
El PGOU fue aprobado el 11 de abril por mayoría absoluta, con los seis votos favorables del PP, uno de UPyD y uno del PR+. Este último voto suponía la desobediencia del edil de la formación regionalista en Villamediana, Antonio García, ya que la dirección del PR+ ordenó votar en contra. “No estábamos dispuestos a favorecer a un infractor urbanístico grave”, ha dicho su presidente, Miguel González de Legarra. García fue señalado entonces como “tránsfuga” y expulsado del partido.
El 18 de abril se cumplió el plazo que tenía el Ayuntamiento para responder a la oposición sobre la restitución de la legalidad urbanística en la finca de Sanz. Y ante el silencio municipal, tres semanas después de expirar el plazo, el PSOE anuncia ahora que iniciará acciones judiciales contra el Ayuntamiento. El plazo para presentar alegaciones al plan concluye precisamente hoy, día en el que IU y PSOE registrarán una decena de alegaciones conjuntas sobre la finca de Sanz.
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Hoy, a la vista de parte del expediente al que hemos podido tener acceso desde el Partido Riojano, puedo afirmar que Javier Erro mentía cuando declaraba que iban a recuperar el dinero del aval concedido a Jesús Martínez Ruiz S.L., porque para la concesión de ese aval de 500.000 euros, el Gobierno de La Rioja no exigió a la empresa ningún tipo de garantía que asegurara la recuperación de la inversión en caso de incumplimiento. Y no lo exigió a pesar de que todos los informes internos que se realizaron por la ADER para informar la concesión del aval, aconsejaban la exigencia de ese tipo de garantías, como viene siendo habitual con otras empresas. ¿Por qué Javier Erro no exigió garantías, precisamente a esta empresa cuya situación y prácticas provocó que, sólo cuatro meses después, fuera denunciada por fraude por el propio Erro?
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